Correo de los Viernes - El INIA, la ley de competitividad y una rectificación que corresponde

El INIA, la ley de competitividad y una rectificación que corresponde

Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 3'

Por Tomás Laguna

En la anterior edición nos referimos a los cambios en la ley madre del INIA incluidos en el articulado del extenso y muy variopinto proyecto de ley de competitividad, tal como se lo conoce. Si bien mantenemos las objeciones y por encima de todo cuestionamos la oportunidad, corresponde rectificar algunas afirmaciones equivocadas de aquella columna de opinión.

En la edición pasada se expresó desde este espacio que las gremiales rurales representadas en la Junta Directiva del INIA se habían enterado de las modificaciones a su ley madre a través del mismo proyecto de ley, y no por su delegación en la directiva del instituto, presuponiendo que no se había discutido en ese ámbito. Se nos hizo ver, después de la publicación, que eso no fue así. Las modificaciones propuestas para incorporar al cuerpo de la ley de competitividad se conocieron en la propia Junta Directiva del INIA y, en el caso particular de la Asociación Rural del Uruguay, fue su delegado quien informó, a su vez, a la directiva de la gremial.

No se nos escapa un cierto tono de molestia con que se nos reclamó por esta imprecisión. Corresponde, por lo tanto, hacer la rectificación y solicitar las disculpas del caso.

No obstante, mantenemos las objeciones por entonces presentadas. La más sentida, que compartimos con las mismas gremiales rurales, se refiere a la pérdida de gobernanza de la Junta Directiva, quedando sometida a los designios del Poder Ejecutivo de turno, en una suerte de regreso a los tiempos del viejo CIAAB y su dependencia de la administración central. Más aún, se crea una suerte de dependencia burocrática de un variopinto Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, mecanismo seguramente previsto para involucrar a la Universidad en la interna del INIA.

Pero también, y en acuerdo con lo expresado por la Federación Rural en su concurrencia al Parlamento, entendemos que merecen mayor discusión las disposiciones para que el INIA concurra con sus activos y capacidades, incluyendo su capital humano, en proyectos asociados a empresas privadas, seguramente multinacionales vinculadas al desarrollo productivo.

Se nos ha hecho ver que es necesario habilitar estas asociaciones de carácter empresarial a partir de la investigación pública. En particular, se hace referencia a los acuerdos o contratos denominados spin-off. Estos tienen por objetivo transformar el conocimiento generado a partir de la investigación aplicada en productos con valor económico. O dicho en buen romance, lograr que la investigación pública orientada al desarrollo productivo del agro sea capaz de generar renta concurriendo en el mercado de los insumos requeridos para producir. Para ello se ha previsto que incluso el personal técnico del INIA, altamente calificado a partir de posgrados en el exterior gracias al esfuerzo del propio instituto, concurra con sus capacidades a estos nuevos emprendimientos de participación público-privada. Una propuesta audaz y controvertida por los imprescindibles compromisos con la investigación pública para la cual fue convocado y formado ese mismo personal técnico y científico. Valga esta referencia para demostrar que la propuesta, tanto en sus detalles instrumentales como en sus objetivos finales, merece una discusión más allá del ámbito del proyecto de ley en cuyo marco se plantea.

Hecha la aclaración del principio, insistimos en que el INIA, en su condición de institución pública financiada por el aporte obligado de los mismos productores, y, como tal, comprometida con la generación de tecnología como bien público, merece una discusión mucho más amplia que la que se da hoy y que, para peor, se desarrolla en forma apresurada. Discusión que debe incluir a otros muchos actores del agro con necesaria y relevante opinión en cuanto a la modernización institucional de la investigación agropecuaria.

Hay motivos suficientes para desglosar estos artículos de la ley de competitividad y generar el imprescindible diálogo que permita a la amplia sociedad vinculada a la producción agropecuaria considerar y avalar los cambios propuestos.