Los manifiestos de 1825, además de proclamar la independencia del Rey de Portugal, del Emperador del Brasil, y de cualquiera otro del universo, también reconocieron que "Queda la Provincia Oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sud América ..." además de fijar el pabellón provincial con tres franjas horizontales celeste, blanca y punzó. Los argumentos resultan irrefutables para cuestionar esta fecha patria, pero no es la intensión ingresar en su análisis y discusión.

Es un hecho histórico que la verdadera y definitiva independencia se alcanzó en octubre de 1828, lo que dio lugar a que la Asamblea Constituyente dictara en 1829 y 1830 diversas leyes en la conformación del nuevo Estado independiente. Muchas de aquellas leyes y decretos con el objetivo de lograr la reconstrucción de la campaña defendiendo la riqueza pecuaria del país. Fueron los primeros actos formulados bajo la condición de Estado independiente. En enero de 1829 se promulgó la primera ley de Aduanas con el objetivo de evitar la extracción clandestina de ganados más allá de fronteras. En junio del año siguiente se declaró libre de derechos la importación de maquinaria y útiles para la agricultura. Dos primeras pautas de las primeras políticas de desarrollo.

A partir de 1830, asumido el primer gobierno constitucionalmente electo, fue el Gral. Fructuoso Rivera en ejercicio de la presidencia quien dio gran impulso a la campaña, contando para ello con la acción personal del Ministro don Lucas Obes. Se sucedieron numerosos decretos todos enfocados a la organización de la campaña en diversos temas: Policía rural, control y marca de cueros para evitar el abigeato, organización y documentación de las ventas de ganado en pie, denuncias de tierras y su delimitación, identificación de los propietarios de ganados, catastro y estadística nacional, marcas de ganado, inmigración y colonización rural, hasta un decreto de 1834 por el cual se declaró el patronato de los montes públicos a la vez de fijar premios para la plantación de bosques artificiales y recuperación de los naturales. Todas estas medidas se complementaron luego con la llamada ley de enfiteusis que regulaba la cesión de tierras para su cultivo, una especie de usufructo perpetuo o de largo plazo con pagos anuales, a la vez de establecer contratos de colonización celebrados por el gobierno con agentes consulares extranjeros, ambas disposiciones para favorecer la inmigración y colonización de la campaña.

La iniciativa privada respondió activamente. Merece destacarse la creación de la Sociedad de Agricultura cuyo objetivo fue el perfeccionamiento de los métodos de cultivo, entre cuyos integrantes se destacaba don Joaquín Suárez. La iniciativa mereció el apoyo del gobierno con un concurso y premios a los mejores cultivos logrados. Entretanto crecía el "avecinamiento" de extranjeros y su involucramiento en las actividades rurales. Como hecho de referencia merece mencionarse la introducción de los primeros ovinos de origen inglés y español por parte de don Juan Jackson y don Francisco Aguilar. Otros hacendados acompañaron estas iniciativas, en particular merecen mencionarse las estancias de Mac Eachen, Young, Stirling, Balestié, Pousele, Zumarán, Mac Entyre y Mutter según los consigna la propia Asociación Rural del Uruguay en sus memorias publicadas en 1937. Incluso, la guerra civil brasileña determinó la inmigración de un gran número de pobladores provenientes de Río Grande.

La barbarie de la "corambre" propia de la estancia colonial fue sucedida por los primeros métodos con incorporación de técnicas para la cría y explotación del ganado. Incluso hubo un cierto desarrollo "industrial" con la multiplicación de saladeros, graserías y curtiembres.

Fue por aquellos tiempos que se produjo la inmigración "canaria" poblando tierras de Canelones y Maldonado para dedicarse a la agricultura granjera, iniciativa de don Francisco Aguilar.

Al cabo de las dos primeras presidencias constitucionales la campaña se encontraba poblada, por entonces se estimaban la existencia de ganados en propiedad de las distintas estancias en más de un millón seiscientas mil cabezas. La exportación de lana era una realidad consolidada y la marcación de ganado era creciente año tras año. La estancia colonial prácticamente había desaparecido y con ella la población trashumante de matreros, dando lugar a núcleos habitacionales estables que sirvieron luego de base a pueblos y villas.

Esta prosperidad se vio abruptamente destruida a partir de la invasión del Gral. Oribe en 1842 y el inicio de la Guerra Grande que se prolongó hasta 1852. En esos diez años se destruyó todo el patrimonio rural que se había creado a partir de 1830. La población de la campaña se dispersó, los campos volvieron a quedar desiertos y las haciendas fueron arreadas y consumidas por los ejércitos en pugna. Solo sobrevivieron algunos ganados criollos guarecidos en los montes en tanto los campos eran asolados por perros cimarrones y cerdos salvajes. A partir de entonces comenzó otra historia en la reconstrucción del desarrollo rural que tendrá a fines del siglo XIX una segunda instancia a partir de la acción de la Asociación Rural del Uruguay y los gobiernos de la época, pero eso ya es otra historia.

Con este relato de lo que fue una época de progreso y desarrollo olvidada, pretendemos agregar un nuevo elemento a la polémica sobre la real fecha de la independencia. Es claro que los hechos que consolidan en la realidad una declaración de independencia son aquellas acciones de gobierno que como consecuencia de esa independencia puede llevar a cabo una nación para su organización interna en procura de consolidar el desarrollo de su economía y por cierto de su sociedad. Es evidente que recién a partir de la Constitución de 1830 y el primer gobierno electo bajo la presidencia del Gral. Fructuoso Rivera se consolidó la verdadera independencia del Estado uruguayo.