El lanzamiento del Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos, dejó a Uruguay fuera de la convocatoria inicial. La reacción del presidente Orsi abre una puerta, pero también plantea un desafío diplomático: transformar la disposición a participar en gestiones concretas que permitan al país integrarse a la iniciativa.

La reciente creación del llamado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, ha abierto una discusión relevante sobre el lugar que ocupa Uruguay en la arquitectura de seguridad del continente.

El nuevo esquema reúne a un grupo de países que acordaron intensificar la cooperación en materia de inteligencia criminal, operaciones conjuntas y combate a las estructuras financieras del narcotráfico. Entre ellos figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros. Sin embargo, el mapa inicial de la iniciativa dejó una ausencia llamativa: Uruguay no fue invitado.

Consultado sobre el tema este jueves, a su regreso de Chile —donde había participado de la ceremonia de asunción del presidente José Antonio Kast—, el presidente Yamandú Orsi reconoció públicamente la sorpresa que generó la situación. “Es raro”, afirmó al referirse a la ausencia de Uruguay en el mecanismo promovido por Washington.

El mandatario relató que el tema fue comentado durante conversaciones mantenidas en Chile con otros jefes de Estado. Según explicó, incluso uno de los países participantes planteó explícitamente la posibilidad de extender la invitación a Uruguay, señalando que, si el objetivo es combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el país debería estar incluido en el esfuerzo regional. Orsi señaló que la idea encontró consenso entre varios de los presentes y agregó que Uruguay estaría dispuesto a participar si fuera convocado.

La afirmación del presidente es importante, porque fija una posición de apertura hacia una iniciativa hemisférica que apunta a enfrentar uno de los problemas más complejos del continente. El narcotráfico, como señaló el senador Pedro Bordaberry al reclamar que Uruguay busque integrarse al mecanismo, funciona hoy como una red internacional que ningún país puede enfrentar en solitario. Cuando la presión policial y judicial aumenta en un territorio, las organizaciones criminales tienden a desplazarse hacia otros espacios menos coordinados.

Sin embargo, el hecho de que Uruguay no haya sido incluido en la convocatoria inicial también plantea preguntas incómodas. En diplomacia, las invitaciones —y las omisiones— raramente son casuales. La ausencia de Uruguay parece reflejar un fenómeno más amplio: la percepción en Washington de que el país se ha distanciado gradualmente de la agenda estratégica estadounidense en la región.

Ese distanciamiento no se ha expresado en gestos abruptos ni en confrontaciones abiertas. Más bien se ha manifestado a través de lo que podría definirse como una política de “desafecto soft”: una serie de señales diplomáticas que, acumuladas, han marcado el distanciamiento de Estados Unidos.

La reacción de Estados Unidos parece haber sido igualmente sutil pero efectiva: ignorar a Uruguay en una iniciativa clave de cooperación hemisférica. No se trata de una sanción formal ni de una ruptura, sino de una forma clásica de la diplomacia: simplemente dejar afuera a quien no se percibe como parte de “la familia”.

En ese contexto, la declaración de Orsi de que Uruguay participaría si fuera invitado constituye un paso en la dirección correcta. Reconocer que el narcotráfico y el crimen organizado requieren coordinación internacional y manifestar disposición a integrarse a los esfuerzos regionales es una señal de pragmatismo.

Pero esa señal, por sí sola, no alcanza.

La política exterior no se mueve únicamente por declaraciones de buena voluntad. Las invitaciones en la arena internacional suelen ser el resultado de una construcción diplomática sostenida. Si Uruguay considera estratégico integrarse al Escudo de las Américas, deberá trabajar activamente para que esa invitación se concrete.

Eso implica, en primer lugar, establecer un diálogo directo con Washington sobre el tema. También supone articular posiciones con los países que ya participan de la iniciativa y demostrar que el país está dispuesto a asumir compromisos concretos en materia de cooperación en seguridad, intercambio de inteligencia y lucha contra el crimen organizado transnacional.

El desafío es particularmente relevante para Uruguay. En los últimos años, el país ha aparecido en investigaciones internacionales vinculadas a grandes cargamentos de cocaína detectados en el puerto de Montevideo, mientras que el aumento de los homicidios asociados a disputas territoriales entre bandas criminales ha encendido señales de alerta sobre la penetración del narcotráfico en el tejido local.

En ese escenario, quedar al margen de un mecanismo regional de cooperación puede tener consecuencias indeseadas. Como advierten los especialistas en seguridad, cuando varios países coordinan acciones para combatir a organizaciones criminales, estas no desaparecen: se desplazan hacia los territorios menos integrados a esas redes de cooperación.

Por eso, más que una cuestión diplomática, el debate sobre el Escudo de las Américas es también una discusión estratégica sobre el futuro de la seguridad en Uruguay.

La puerta parece no estar cerrada. Según relató el propio presidente Orsi, varios mandatarios presentes en Chile consideraron razonable ampliar la iniciativa para incluir a más países como Uruguay.

Pero para que esa posibilidad se transforme en realidad, Uruguay deberá pasar de la sorpresa a la acción. Porque en el escenario internacional, las invitaciones rara vez llegan solas: casi siempre se construyen.