El "Código 9" que exoneró a Cecilia Cairo
Viernes 7 de noviembre de 2025. Lectura: 2'
El uso del "Código 9" en favor de una jerarca del Frente Amplio reaviva el debate sobre los privilegios y la transparencia en la gestión departamental.
La diputada y exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, fue protagonista de un episodio que reavivó la discusión sobre el uso discrecional de las potestades administrativas dentro de la Intendencia de Montevideo. Su vehículo había sido retirado por una grúa municipal a causa de una infracción de tránsito, pero lo recuperó sin pagar la multa correspondiente gracias a la aplicación del denominado "Código 9".
El hecho salió a la luz a partir de un pedido de informes cursado por el edil nacionalista Diego Rodríguez, quien solicitó detalles sobre el procedimiento que permitió a la jerarca del Frente Amplio exonerarse del pago. En la respuesta oficial, las autoridades de la comuna reconocieron expresamente que el "Código 9" fue utilizado para el caso de Cairo, admitiendo que este mecanismo permite levantar infracciones o liberar vehículos "por razones de servicio o situaciones excepcionales" , aunque sin detallar los criterios específicos que habilitan su uso.
Según la documentación divulgada, el beneficio fue gestionado internamente y sin registro público de la resolución. Incluso trascendió que Justo Onandi, hombre clave del MPP en la Intendencia capitalina y entonces secretario del director de Movilidad, acompañó a Cairo al momento de recuperar el vehículo, lo que refuerza la sospecha de un tratamiento preferencial.
El reconocimiento de la Intendencia, que admitió haber aplicado el "Código 9", generó críticas por parte de la oposición, que advirtió sobre la falta de transparencia y la desigualdad ante la ley. Rodríguez señaló que este tipo de prácticas "deslegitiman la gestión pública y abren la puerta a un uso político de las normas administrativas" .
Aunque la comuna argumentó que la diputada actuó en el marco de sus funciones y que la medida respondía a una "situación particular" , el episodio deja planteado un problema más profundo: la ausencia de controles y criterios claros sobre los mecanismos internos que permiten excepcionar el cumplimiento de sanciones. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la aplicación discrecional del "Código 9" se convierte en un símbolo de cómo los márgenes burocráticos pueden distorsionar la igualdad ciudadana frente al poder público.
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