Correo de los Viernes - El Abuso o el túnel que horadó la democracia

El Abuso o el túnel que horadó la democracia

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

Por Santiago Torres

La fuga masiva de tupamaros del Penal de Punta Carretas no fue una hazaña romántica protagonizada por presos de conciencia. Fue la evasión de hombres procesados o condenados por la Justicia civil por delitos gravísimos y obligó al gobierno democrático a entregar a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva. El MLN no derribó la dictadura: contribuyó decisivamente a crear las condiciones que facilitaron su llegada.

En la noche del 5 y la madrugada del 6 de setiembre de 1971, 106 integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y cinco presos comunes escaparon del Penal de Punta Carretas a través de un túnel de unos cuarenta metros. El operativo recibió el nombre de El Abuso, una denominación elegida por sus propios organizadores debido a la desmesura de la fuga.

Durante décadas, el episodio fue revestido con los atributos de una epopeya. Se celebraron la planificación, la disciplina, la ingeniería del túnel y la capacidad de una organización clandestina para poner en ridículo al sistema penitenciario. La izquierda convirtió aquella evasión en una pieza central de su mitología y presentó a sus protagonistas como “presos políticos” que recuperaban heroicamente la libertad.

Pero la realidad es bastante menos romántica.

Por aquel túnel no escaparon hombres encarcelados por escribir artículos, pronunciar discursos, formar un partido o defender pacíficamente una ideología. Escaparon integrantes de una organización armada que había resuelto sustituir la voluntad popular por la violencia revolucionaria. Estaban presos por disposición de jueces civiles que actuaban bajo un régimen democrático y por su vinculación con delitos como asociación para delinquir, atentado contra la Constitución, rapiña, hurto, secuestro, encubrimiento de privaciones de libertad, falsificación de documentos, copamiento de edificios públicos y tenencia ilegal de armas.

Es necesaria, no obstante, una precisión histórica. No todos los fugados habían recibido todavía sentencia definitiva. Algunos estaban condenados y otros permanecían procesados y sujetos a prisión preventiva. Pero todos estaban a disposición de la Justicia civil. Llamarlos “presos políticos” constituye una falsificación: no habían sido encarcelados por sus ideas, sino por conductas concretas consideradas delictivas por las leyes de una democracia.

Entre los principales evadidos estaban Raúl Sendic Antonaccio, José Mujica Cordano, Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas, Julio Marenales, Henry Engler, Adolfo Wassen y Jorge Zabalza. Desde el exterior participaron otros cuadros relevantes del MLN, entre ellos Mauricio Rosencof, que tuvo a su cargo las acciones de distracción desplegadas en La Teja mientras se concretaba la fuga.

Mujica había sido procesado el 25 de mayo de 1970 por atentado contra la Constitución, asociación para delinquir y encubrimiento. Sendic había sido detenido en agosto de 1970 y procesado por una extensa serie de delitos que comprendía asociación para delinquir, atentado contra la Constitución en grado de conspiración, rapiña, hurto, encubrimiento de privación de libertad y complicidad en la falsificación de documentos públicos.

Fernández Huidobro había sido capturado durante la “toma” de Pando, el 8 de octubre de 1969. En aquel operativo, también romantizado, el MLN ocupó por la fuerza la comisaría, el cuartel de bomberos y la central telefónica, asaltó varias instituciones bancarias y provocó un enfrentamiento en el que murieron un policía y el civil Carlos Burgueño. También fueron detenidos a raíz de esa acción varios de los dirigentes que después participarían en El Abuso. No se trataba, por tanto, de jóvenes idealistas encerrados por oponerse al gobierno. Eran miembros de una organización que robaba bancos, secuestraba personas, sustraía armas, colocaba explosivos y mataba para alcanzar el poder.

La propia fuga tampoco fue esa operación incruenta y casi deportiva que tantas veces se ha querido mostrar. Para asegurar la salida del túnel, los tupamaros ocuparon viviendas de la calle Solano García y mantuvieron retenidas durante unas diez horas a seis mujeres, vigiladas por una persona armada. Simultáneamente incendiaron vehículos y promovieron disturbios en La Teja para distraer a la Policía. Serrana Auliso, propietaria de la casa en cuyo salón desembocó el túnel, recordaría muchos años después cómo ella, su madre y otras vecinas permanecieron encerradas sin saber qué ocurría ni qué podía sucederles.

La fuga fue un golpe devastador para el Estado. No solamente exhibió las fallas inconcebibles del sistema penitenciario. Devolvió a la clandestinidad a buena parte de la dirección y los cuadros operativos de una organización que estaba en guerra contra las instituciones democráticas. Su objetivo no era participar en las elecciones nacionales que se celebrarían menos de tres meses después, aceptar su resultado y actuar dentro de la legalidad. Su propósito era reorganizar el aparato armado y continuar una revolución inspirada en el modelo cubano.

Esa circunstancia es fundamental. Cuando los tupamaros excavaban el túnel de Punta Carretas, Uruguay tenía Parlamento, partidos políticos, prensa opositora, Justicia civil y elecciones convocadas. El Frente Amplio había sido fundado en febrero de ese mismo año y podía concurrir libremente a los comicios de noviembre. Existía, por tanto, una vía democrática abierta para quienes pretendieran cambiar el gobierno o transformar el país.

El MLN la despreció. Ya había tomado las armas antes de Jorge Pacheco Areco, antes de las medidas prontas de seguridad y, por supuesto, antes de la dictadura. Lo hizo en plena vigencia de la colegialista Constitución de 1952. No luchó contra un régimen militar: se alzó contra una democracia gobernada por un Consejo Nacional de Gobierno. Su violencia no fue una respuesta al golpe de Estado de 1973. Lo precedió largamente y contribuyó a debilitar el sistema político que después los militares terminarían destruyendo.

La consecuencia institucional de El Abuso fue inmediata. Pacheco Areco había resistido hasta entonces los planteos para que las Fuerzas Armadas asumieran la conducción de la lucha contra la guerrilla. El presidente sabía que introducir a los militares en la seguridad interior podía otorgarles un protagonismo político peligroso y alterar un equilibrio civil largamente construido por el Uruguay.

Pero la Policía había quedado desbordada y humillada. La evasión de más de un centenar de integrantes de organizaciones armadas hizo prácticamente insostenible la continuidad del esquema existente. Apenas tres días después, el 9 de setiembre de 1971, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 566/971, que dispuso que los mandos militares asumieran la conducción de la lucha antisubversiva. Los mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea debían elaborar, junto con la Policía, el plan de operaciones y dirigir su ejecución. Así nacieron las llamadas “Fuerzas Conjuntas” (FFAA más la Policía), el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ).

Aquella decisión no provocó por sí sola el golpe de Estado. La historia nunca puede reducirse a una cadena tan mecánica. La responsabilidad por la ruptura institucional de junio de 1973 corresponde enteramente a Juan María Bordaberry y a los mandos militares que disolvieron el Parlamento, desconocieron la Constitución y sometieron al país a una dictadura.

Pero tampoco puede ignorarse la secuencia. A partir de setiembre de 1971, las Fuerzas Armadas adquirieron una intervención creciente en la vida interna del país. Derrotaron militarmente al MLN, acumularon información, poder operativo y autonomía, y terminaron comportándose como un actor político con pretensiones propias. En febrero de 1973 desafiaron abiertamente al poder civil —con la complicidad del MLN y el Partido Comunista, entre otros— y en junio consumaron, junto con Bordaberry, la destrucción de las instituciones.

Eso era precisamente lo que Pacheco había temido.

La insanía tupamara consistió en creer que una democracia podía ser atacada, desestabilizada y humillada indefinidamente sin provocar una reacción capaz de devorarla. Sus dirigentes imaginaron que la radicalización favorecería la revolución. En los hechos, ayudaron a abrirle espacio al militarismo. Despreciaron las urnas, dinamitaron la autoridad del Estado civil y ofrecieron a los otros sectores autoritarios —porque ellos también lo eran— el argumento perfecto para presentarse como los únicos capaces de restablecer el orden.

Ni la tortura, ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni el cercenamiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos cometidos durante la dictadura pueden ser justificados por los crímenes del MLN. Pero los crímenes de la dictadura tampoco convierten retrospectivamente a los tupamaros en defensores de la libertad. Ambas cosas deben ser condenadas sin ambigüedades.

El Abuso fue, tal vez, una proeza técnica, aunque bastante menos original de lo que suele afirmarse: sus ejecutores aprovecharon parcialmente el túnel que unos presos anarquistas habían construido en 1931 para escapar de la misma cárcel. Pero aquella obra fue puesta al servicio de un propósito profundamente antidemocrático. Liberó a quienes pretendían imponer por las armas lo que no podían conquistar mediante el voto, agravó la crisis institucional y precipitó la entrada de los militares en una función que el presidente de la República había procurado mantener bajo conducción policial.

No fue un episodio glorioso. Fue una irresponsabilidad criminal cuyas consecuencias pagó todo el Uruguay. La peor enseñanza que podría extraerse de aquel túnel sería seguir admirando a quienes lo excavaron sin recordar qué delitos los habían llevado a prisión, para qué querían recuperar la libertad y qué puerta, igual de peligrosa, contribuyeron a abrir.