La sanción y las explicaciones pendientes
El Poder Ejecutivo restableció los cinco años de inhabilitación profesional a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La resolución del 10 de noviembre, firmada por Yamandú Orsi y Cristina Lustemberg, dejó sin efecto la reducción a tres años que había dispuesto el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2025.
La decisión recibió el reconocimiento de la familia y el respaldo de la oposición, aunque por razones y con expectativas diferentes. Para Rosario Barrera, madre de Soledad, representa un avance en un reclamo que continuará. Para el diputado nacionalista Federico Casaretto, confirma la necesidad de exigir responsabilidades políticas a la ministra.
El Gobierno, en tanto, sostiene que la revisión respondió a nuevos antecedentes y a una evaluación jurídica distinta.
El recorrido de la sanción
Soledad Barrera sufrió un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica en octubre de 2023 y falleció en agosto de 2024, después de permanecer con un daño neurológico severo e irreversible.
La Comisión de Salud Pública dispuso en diciembre de 2024 una inhabilitación de cinco años para Miralles. Tras los recursos presentados por la anestesista, Lustemberg redujo ese plazo a tres años. La decisión generó cuestionamientos de la familia, controversia parlamentaria y renuncias de integrantes de la comisión.
El recurso de revocación presentado por la madre de Barrera dio lugar a un nuevo análisis. Entre los antecedentes considerados para restablecer la sanción estuvieron la sentencia penal de diciembre de 2025, pericias y actuaciones de la institución médica.
La condena penal se dictó después de que el ministerio redujera la inhabilitación de cinco a tres años.
Orsi asume la decisión y sostiene a la ministra
El presidente afirmó que la restitución de los cinco años fue compartida con Lustemberg. Explicó que se solicitó un análisis a los servicios jurídicos de Presidencia y que sus conclusiones aportaron una interpretación diferente de la que había sustentado la reducción.
Orsi sostuvo que la ministra había sido inducida a error por el asesoramiento inicial. Defendió la capacidad de revisar una decisión cuando se advierten problemas en sus fundamentos y asumió la corrección como una actuación conjunta.
Con ese planteo, el mandatario respondió a quienes interpretaron la revocación como una desautorización. Frente a los pedidos de renuncia, ratificó la continuidad de Lustemberg y respaldó a su gabinete.
Lustemberg defiende su actuación
La ministra aseguró que no tiene previsto renunciar y recordó que su permanencia está a disposición del presidente. Sostuvo que nunca dudó de la gravedad de lo ocurrido y que la discusión estuvo centrada en la duración de la inhabilitación profesional.
Lustemberg afirmó que actuó dentro de sus competencias, sin presiones ni intereses personales. Explicó que los elementos incorporados desde la investigación penal, las pericias y las actuaciones de la mutualista aportaron mayores argumentos para restablecer los cinco años.
También señaló que Miralles no estaba ejerciendo. Su defensa se apoya en que la administración puede reconsiderar lo resuelto ante nuevos antecedentes y en que ambas decisiones tuvieron asesoramiento jurídico.
Casaretto reclama responsabilidad política
Casaretto respaldó la restitución de la sanción original y reiteró su pedido de salida de la ministra. Sostiene que las advertencias formuladas durante las comparecencias parlamentarias ya justificaban mantener los cinco años y cuestiona que Lustemberg haya defendido la reducción.
El legislador también puso el foco en las consecuencias del proceso, desde el reclamo sostenido de la familia hasta las renuncias en la Comisión de Salud Pública. Para Casaretto, la nueva firma mantiene abierta la responsabilidad por la actuación anterior.
La bancada de diputados del Partido Nacional resolvió promover la interpelación de Lustemberg, con Casaretto a cargo de la convocatoria. Allí buscará trasladar el cuestionamiento a una instancia formal de rendición de cuentas.
El fondo del debate
La controversia reúne una cuestión administrativa y otra política. La primera exige identificar qué antecedentes justificaron reducir la sanción y cuáles llevaron después a restablecerla. La segunda plantea quién responde por las decisiones adoptadas y por la forma en que se atendieron las advertencias y los recursos.
El Gobierno atribuye la revisión a nuevos elementos y a un cambio en la evaluación jurídica. Casaretto sostiene que ya existían razones suficientes para actuar de otra manera. Precisar esas diferencias requiere ordenar fechas, documentos y fundamentos.
La discusión parlamentaria deberá permitir que la ciudadanía comprenda qué cambió en el expediente, por qué cambió la decisión y cómo se tramitó el reclamo de Rosario Barrera. La confianza en las instituciones exige que sus autoridades puedan explicar tanto las resoluciones que mantienen como aquellas que deciden corregir.
LAS CUATRO VOCES
Federico Casaretto — diputado del Partido Nacional:
“La actitud de la ministra no se borra ahora firmando una nueva resolución”. (Maldonado Noticias)
Rosario Barrera — madre de Soledad Barrera:
“No estoy contenta. Es un granito de arena que recibí. Un granito de arena para seguir en el camino, que va a ser bastante agreste, porque yo voy por diez años [de inhabilitación]”. (Subrayado, canal 10)
Yamandú Orsi — Presidente de la República:
“Está firme el gabinete”. (VTV Noticias).
Cristina Lustemberg — Ministra de Salud Pública:
“Es una resolución que firmamos en conjunto con el presidente Yamandú Orsi”. (Informativos 930, radio Monte Carlo).
