Autos eléctricos, estaciones de servicio y el costo de una transición
El crecimiento de la movilidad eléctrica está modificando el mercado de los combustibles en Uruguay. Mientras UTE amplía su red de recarga, los vendedores de nafta reclaman participar de una actividad que podría afectar su negocio tradicional. A esta discusión se suman las perspectivas de ANCAP, los incentivos tributarios y una cuestión de fondo sobre cómo distribuir los costos económicos y laborales de este proceso.
Un negocio que empieza a cambiar
La expansión de los vehículos eléctricos en Uruguay dejó de ser una perspectiva lejana. Su presencia comienza a sentirse en las estaciones de servicio, cuyos propietarios advierten sobre una disminución en las ventas de combustibles y reclaman condiciones para incorporarse al mercado de recarga.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Sanguinetti, sostuvo que algunas estaciones registraron caídas superiores al 20% en sus ventas, especialmente en zonas como Carrasco, Punta Gorda, Malvín y Ciudad de la Costa. Son situaciones señaladas por la gremial que no pueden extenderse al conjunto del mercado nacional ni atribuirse exclusivamente a los automóviles eléctricos.
La preocupación va más allá de los ingresos actuales. Las estaciones conforman una red comercial extendida por todo el territorio, con inversiones, servicios y puestos de trabajo que también deberán adaptarse a las nuevas formas de movilidad.
La disputa por los cargadores
UTE continúa ampliando su infraestructura de recarga. Según los datos oficiales difundidos en setiembre, la red alcanzaba 531 puntos activos distribuidos en los 19 departamentos. El ente proyecta llegar a 1.000 en 2027, en un país donde ya circulan aproximadamente 35.000 vehículos eléctricos.
La empresa pública mantiene, además, una convocatoria para incorporar espacios privados mediante la instalación y el mantenimiento de cargadores en predios seleccionados.
Sin embargo, ese mecanismo no ha resuelto el planteo de los estacioneros. Unvenu pretende que las estaciones participen comercialmente en la venta de energía y obtengan una remuneración que contribuya a sostener sus negocios.
Ceder un espacio para instalar un cargador no equivale necesariamente a convertirse en un operador con ingresos suficientes para compensar una eventual reducción del despacho de combustibles.
El sector trasladó su preocupación al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y anunció gestiones ante el Ministerio de Industria. La discusión comprende ahora no solamente la infraestructura eléctrica, sino también el futuro de una actividad comercial con presencia en todo el país.
ANCAP ante un escenario diferente
La nueva realidad también alcanza a ANCAP, aunque sus efectos deben distinguirse de las dificultades denunciadas por las estaciones.
La empresa estatal enfrenta las variaciones internacionales del petróleo y las decisiones del gobierno destinadas a moderar su traslado a los precios internos. Según explicó su presidenta, Cecilia San Román, entre abril y setiembre de 2026 ANCAP resignó unos 120 millones de dólares al no trasladar íntegramente esos aumentos a los consumidores. La jerarca aclaró que no se trata de pérdidas, sino de ingresos que la empresa dejó de percibir.
Por otra parte, el crecimiento del parque automotor eléctrico plantea una cuestión de largo plazo. Si una proporción creciente de vehículos deja de consumir nafta, también cambiarán las condiciones del mercado interno que abastece ANCAP.
La empresa ya comercializa excedentes de combustibles en el exterior y contempla ampliar esa actividad ante las nuevas perspectivas de demanda.
Mientras ANCAP deberá revisar sus estrategias de producción y comercialización, los vendedores minoristas buscan alternativas que permitan aprovechar sus instalaciones y mantener las fuentes de empleo.
El costo fiscal
El crecimiento de los vehículos eléctricos también plantea interrogantes sobre la recaudación tributaria.
Uruguay promovió su incorporación mediante beneficios fiscales que mejoraron su competitividad frente a los automóviles tradicionales. Sin embargo, la expansión de ese mercado abrió una discusión sobre la conveniencia de mantener las exoneraciones en las mismas condiciones.
Meses atrás, el contador e investigador del Cinve Gustavo Viñales estimó que las exoneraciones del Imesi correspondientes a vehículos eléctricos e híbridos representaron alrededor de 70 millones de dólares en 2024. Consideró razonable revisar esos beneficios, particularmente cuando alcanzan a vehículos de alta gama.
La cuestión no se limita al impuesto que se deja de cobrar al comprar un automóvil. También comprende las diferencias tributarias entre el consumo de combustibles y el de electricidad, así como la necesidad de sostener los ingresos públicos sin desalentar la incorporación de tecnologías menos contaminantes.
Los beneficios ambientales y económicos de la movilidad eléctrica deben analizarse junto con sus efectos sobre las cuentas públicas, las empresas y los consumidores.
El fondo del debate
Uruguay ha avanzado en la incorporación de vehículos eléctricos y en el desarrollo de la infraestructura necesaria para utilizarlos. Pero multiplicar los cargadores o estimular la compra de automóviles no significa que todos los aspectos de este proceso estén resueltos.
Las estaciones de servicio reclaman un lugar en el nuevo mercado, UTE desarrolla su red de recarga, ANCAP debe prepararse para cambios futuros en la demanda y el Estado enfrenta decisiones sobre los incentivos fiscales.
La cuestión central es cómo compatibilizar esos intereses sin frenar la modernización ni desconocer sus efectos económicos y laborales.
Porque el éxito de una transición energética no se mide solamente por la cantidad de vehículos eléctricos que circulan, sino también por la capacidad de anticipar sus consecuencias y establecer reglas claras para quienes deberán adaptarse.
LAS CUATRO VOCES
Daniel Sanguinetti — presidente de Unvenu:
“No llegamos a un acuerdo con UTE. Somos casi 500 estaciones que brindamos más de 8.300 fuentes de trabajo. Queremos saber qué va a pasar con nosotros”. (Subrayado, Canal 10)
Andrea Cabrera — presidenta de UTE:
“Hoy podemos darnos el gusto de decir que tenemos una matriz de casi 98% del tiempo de fuentes renovables, entonces, la movilidad pasa a ser sostenible porque atrás tenemos generación renovable”. (Ámbito)
Cecilia San Román — presidenta de ANCAP:
“Tenemos suficiente solidez, robustez para seguir enfrentando esta situación muy volátil, pero hay que estarla mirando día a día”. (Telemundo, Canal 12)
Gustavo Viñales — investigador del Cinve:
“La revisión de la exoneración del Imesi a los vehículos eléctricos y/o híbridos es una decisión absolutamente racional y necesaria”. (Crónicas Económicas)
