¿Quién cuida y quién paga?
Las guardias departamentales comienzan a ocupar un lugar en el debate sobre la seguridad pública en Uruguay. Salto avanza en una propuesta, Durazno plantea un modelo diferente y Montevideo y San José aportan antecedentes de una discusión que trasciende las diferencias partidarias.
Las iniciativas comparten un objetivo, reforzar la vigilancia y recuperar los espacios públicos. Sin embargo, plantean interrogantes sobre las competencias de las intendencias, su relación con el Ministerio del Interior y los recursos necesarios para llevarlas adelante.
La propuesta de Albisu
El intendente de Salto, Carlos Albisu, presentó el viernes pasado al ministro del Interior, Carlos Negro, un proyecto para crear una Guardia Departamental destinada a reforzar la vigilancia de plazas, costaneras y otros espacios públicos.
La iniciativa contempla inicialmente 33 funcionarios, aunque todavía no está definido si serán redistribuidos dentro de la Intendencia o si habrá nuevas incorporaciones. También prevé unas 500 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, que complementarían el sistema existente.
Albisu sostiene que no pretende sustituir a la Policía, sino colaborar con ella mediante recorridas, vigilancia y coordinación institucional.
La reunión con Negro permitió acordar la continuidad del trabajo entre equipos técnicos y jurídicos para avanzar hacia un convenio de cooperación. Sin embargo, todavía deben definirse las atribuciones de la Guardia, su integración y los recursos necesarios para ponerla en funcionamiento.
Las dudas legales y económicas
La propuesta generó cuestionamientos desde el Frente Amplio de Salto. Su presidente departamental, Luis Alonso, puso en duda la coherencia de la iniciativa con los compromisos electorales del gobierno de Albisu.
También manifestó preocupación por las funciones que podría asumir la Guardia, particularmente en relación con el uso de los espacios públicos.
En declaraciones a Canal Cuatro Salto, Alonso advirtió que algunos de los cometidos mencionados públicamente podrían resultar inconstitucionales.
El dirigente cuestionó además que la iniciativa no estuviera contemplada en el presupuesto quinquenal.
Sus observaciones colocan dos asuntos sobre la mesa.
El primero es determinar qué atribuciones pueden ejercer los funcionarios departamentales sin invadir competencias policiales.
El segundo es establecer cómo se financiará una estructura que requerirá personal, capacitación, equipamiento y recursos permanentes.
Un modelo diferente
En Durazno, el intendente Felipe Algorta impulsó una Guardia Municipal basada en la contratación de policías eventuales para reforzar la vigilancia de plazas y otros espacios públicos.
La propuesta fue presentada al ministro Carlos Negro en julio de 2025 y contempla funcionarios seleccionados y formados por el Ministerio del Interior, cuyos costos serían asumidos por la Intendencia.
La diferencia es importante. No se trata de crear una fuerza policial municipal autónoma, sino de utilizar personal que conserva su condición policial dentro de un mecanismo de cooperación institucional.
Durante 2026, Algorta reconsideró la cantidad de efectivos inicialmente prevista, teniendo en cuenta la mejora de la coordinación con la Policía.
Por ahora, la Guardia Municipal de Durazno continúa siendo un proyecto que todavía no se ha puesto en funcionamiento.
El antecedente de Lema
La discusión también estuvo presente en Montevideo durante la campaña departamental de 2025.
Martín Lema, entonces candidato por la Coalición Republicana, propuso crear una Guardia Departamental para fortalecer la prevención, enfrentar problemas de convivencia y recuperar espacios públicos. Su iniciativa incluía tareas de vigilancia y prevención de delitos y faltas, además de cámaras de videovigilancia, mejoras en la iluminación y mecanismos de coordinación con el Ministerio del Interior.
El 24 de abril de 2025 presentó sus propuestas al ministro Carlos Negro.
El planteo generó diferencias políticas. Mario Bergara, entonces candidato del Frente Amplio (hoy intendente), cuestionó su alcance y defendió las competencias nacionales en materia de seguridad.
Aunque no llegó a concretarse, la iniciativa de Lema constituye uno de los antecedentes recientes de una discusión que hoy reaparece en otros departamentos.
El fondo del debate
La seguridad pública es responsabilidad del Gobierno nacional, pero sus consecuencias se viven diariamente en los barrios, las plazas y los espacios de convivencia.
En San José, el exedil nacionalista Héctor Silveira también propuso crear una Guardia Departamental para colaborar con la Jefatura de Policía en el patrullaje de espacios públicos. La iniciativa fue reiterada en 2026, aunque no se conocen avances.
Los antecedentes muestran que no existe un modelo único. Una guardia integrada por funcionarios municipales no tiene necesariamente las mismas atribuciones que un servicio conformado por policías eventuales. Tampoco deben confundirse estas iniciativas con los sistemas de videovigilancia y monitoreo que funcionan en otros departamentos.
La Constitución atribuye al Poder Ejecutivo la conservación del orden y la tranquilidad pública. Los gobiernos departamentales tienen competencias propias sobre sus bienes, espacios públicos y determinados aspectos de la convivencia.
El desafío consiste en establecer cómo pueden complementarse ambas responsabilidades sin confundir funciones ni generar superposiciones.
A ello se suma la cuestión presupuestal. Personal, capacitación, equipamiento y funcionamiento representan costos permanentes que deberán justificarse con resultados concretos.
La demanda ciudadana de mayor seguridad exige respuestas, pero crear nuevas estructuras no garantiza, por sí solo, mejores resultados.
La cuestión de fondo sigue siendo quién cuida los espacios públicos, con qué facultades, bajo qué controles y, sobre todo, quién paga.
LAS CUATRO VOCES
Carlos Albisu — intendente de Salto:
“Sumar el equivalente a 500 ojos más para el cuidado de los ciudadanos”. (El País)
Luis Alonso — presidente del Frente Amplio de Salto:
“Vemos estos movimientos del gobierno departamental como poco coherentes con lo que planteaban en su plataforma electoral”. (La Diaria)
Felipe Algorta — intendente de Durazno:
“Queremos que en las principales plazas haya una presencia permanente”. (Desayunos Informales, Canal 12)
Martín Lema — senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo:
“Las veredas, plazas y parques se han convertido en tierra de nadie”. (Telenoche, Canal 4)
