Solaria y las garantías que faltan conocer
El anuncio de una inversión de US$ 5.700 millones de la empresa española Solaria abrió una controversia que adquirió nuevos elementos en los últimos días. Mientras el gobierno destaca las oportunidades de desarrollo tecnológico y empleo, desde la oposición se cuestiona el respaldo financiero del emprendimiento. A esas diferencias se suma ahora información sobre las inversiones que debería adelantar UTE para atender la futura demanda de los centros de datos.
La discusión ya no gira solamente en torno a la magnitud del anuncio, sino también a las condiciones necesarias para concretarlo.
Una oportunidad para el país
El presidente Yamandú Orsi presentó el 14 de octubre un proyecto destinado a instalar centros de datos e infraestructura de generación solar en Canelones, San José y Florida. Según las cifras oficiales, la inversión prevista comprende US$ 5.500 millones para los centros de datos y US$ 200 millones para generación fotovoltaica, con una proyección de 3.100 empleos durante la construcción y 1.500 puestos permanentes.
Orsi destacó que Uruguay llegó a esta oportunidad gracias a una acumulación de políticas públicas. La transformación de la matriz energética, el desarrollo de la conectividad y la estabilidad de las reglas de juego son fortalezas construidas durante distintos gobiernos.
El reconocimiento tiene valor político. Una inversión de esta naturaleza sería difícil de imaginar sin esas condiciones, que constituyen parte del patrimonio institucional del país.
Sin embargo, el acuerdo anunciado establece una hoja de ruta para avanzar en el emprendimiento. Su ejecución todavía depende de definiciones financieras, contractuales y regulatorias.
La financiación, en el centro de la controversia
Las dudas sobre la capacidad económica de Solaria volvieron a cobrar actualidad el miércoles 21 de octubre, cuando el exministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini cuestionó en Desayunos Informales, de Canal 12, que el balance de la compañía permita financiar una inversión de esa magnitud.
El planteo introduce una cuestión concreta, aunque requiere distinguir la capacidad patrimonial de una empresa de los mecanismos disponibles para financiar grandes proyectos. Estos pueden desarrollarse mediante créditos, fondos de inversión y asociaciones empresariales, sin que todo el capital deba provenir de la compañía promotora.
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, defendió la solidez de Solaria y recordó su experiencia internacional y sus antecedentes de trabajo con UTE. Desde el gobierno se sostiene que existen condiciones para avanzar en la negociación.
El debate también tuvo repercusión en España. El diario Vozpópuli publicó un análisis sobre la situación financiera de la compañía y las necesidades de financiación que acompañan su expansión.
El contraste entre las posiciones de Paganini y Cardona deja planteada una cuestión que no se resuelve únicamente con la lectura del balance empresarial.
La viabilidad del proyecto dependerá de la estructura financiera que finalmente se acuerde y de la capacidad de reunir los recursos necesarios.
Los US$ 120 millones previstos por UTE
Una investigación publicada el miércoles 21 de octubre por El Observador, firmada por Ramiro Pisabarro y Miguel Noguez, incorporó información relevante sobre la participación de la empresa pública.
Según una presentación de UTE a Presidencia a la que accedió el diario, el ente prevé requerir US$ 120 millones adicionales en su presupuesto quinquenal para adelantar inversiones destinadas a respaldar la demanda eléctrica de los futuros centros de datos. Ese refuerzo necesitará autorización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El cronograma contempla iniciar procesos licitatorios en enero de 2027 y adelantar un año las obras previstas en las subestaciones de Cardal y Chamberlain. También se proyectan nuevas necesidades de generación, entre ellas respaldo térmico de al menos 100 megavatios y capacidad eólica de hasta 300 megavatios.
La misma documentación señala que Solaria tendría prevista para mayo de 2027 su decisión final de inversión. Las adjudicaciones quedarían condicionadas a esa decisión y a la firma de los contratos correspondientes.
UTE, por su parte, estima ingresos cercanos a US$ 16 millones anuales cuando entre en funcionamiento el primer centro de datos, con una demanda de 200 megavatios. Sus técnicos consideran que el aumento del consumo y los servicios de transmisión podrían resultar beneficiosos para la empresa pública.
Estos antecedentes permiten apreciar tanto las oportunidades comerciales como las exigencias de infraestructura que acompañarían al emprendimiento.
Los US$ 120 millones no constituyen una pérdida comprobada ni un gasto ya ejecutado. Representan una necesidad presupuestal proyectada que deberá evaluarse junto con los ingresos esperados, los plazos de recuperación y las garantías contractuales.
Las responsabilidades del gobierno y el control político
La oposición ha reclamado información sobre el financiamiento, las condiciones del suministro eléctrico, los posibles beneficios fiscales y los compromisos de los organismos públicos.
El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes que comprende aspectos económicos, ambientales y contractuales. También el senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó la capacidad financiera de Solaria y reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo.
A esas inquietudes se agregaron observaciones sobre la información proporcionada al directorio de UTE durante las negociaciones.
La discusión plantea dos responsabilidades que no son incompatibles. Al gobierno le corresponde promover oportunidades de inversión y negociar condiciones favorables para el país. Al Parlamento y a los órganos de dirección de las empresas públicas les corresponde ejercer los controles previstos institucionalmente.
Es razonable que una negociación comercial tenga aspectos reservados mientras se desarrolla. Pero esa reserva no debería impedir que, antes de asumir obligaciones definitivas, puedan conocerse y evaluarse los compromisos públicos involucrados.
En particular, las condiciones económicas del suministro eléctrico, la distribución de riesgos y las garantías de cumplimiento serán determinantes para establecer la conveniencia del acuerdo.
El fondo del debate
Nuestro país tiene razones para aspirar a inversiones de gran escala. Su infraestructura, su matriz energética y su estabilidad institucional son ventajas que pueden traducirse en nuevas actividades productivas y oportunidades de empleo.
La controversia sobre Solaria, sin embargo, demuestra que la importancia de una iniciativa no exime de examinar las condiciones de su ejecución.
El gobierno reivindica una oportunidad histórica. La oposición exige garantías sobre la financiación y los compromisos estatales. Entre ambas posiciones hay un interés que debería ser compartido: que el proyecto se concrete en términos beneficiosos para Uruguay.
La transparencia y el control no son obstáculos para atraer inversiones. Son parte de la confianza institucional que el propio presidente Orsi señaló como una fortaleza del país.
El resultado se juzgará por los compromisos efectivamente cumplidos y los beneficios que reciba Uruguay, no por la dimensión de la cifra anunciada.
LAS CUATRO VOCES
Yamandú Orsi — presidente de la República:
“Cuando se trata de Uruguay es claro que los colores políticos importan bastante menos”. (Sitio web de Presidencia de la República)
Omar Paganini — exministro de Industria, Energía y Minería:
“El balance de la empresa no da para financiar esto”. (Desayunos Informales, Primera Mañana, Canal 12)
Fernanda Cardona — ministra de Industria, Energía y Minería:
“No tenemos ningún elemento para decir que esa capacidad de inversión no va a estar”. (Lado B, TV Ciudad)
Sebastián Da Silva — senador del Partido Nacional:
“No hay un solo analista privado, de los 10 que consulté, que me diga que Solaria está en condiciones de enfrentar una inversión de 5.700 millones de dólares”. (Vozpópuli, diario digital español)
