Otra terminal en el puerto
La propuesta de instalar una segunda terminal especializada de contenedores volvió a poner en discusión el futuro del puerto de Montevideo. La iniciativa de Neltume Ports, accionista de Montecon, quedó atravesada desde el comienzo por una controversia jurídica.
El reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre las condiciones otorgadas a Terminal Cuenca del Plata abrió interpretaciones diferentes acerca de las facultades que conserva el Estado.
Mientras Neltume entiende que la sentencia despejó el camino para nuevas terminales, Katoen Natie sostiene que permanecen vigentes obligaciones asumidas contractualmente.
¿Qué estructura portuaria quiere Uruguay y cuánto margen contractual tiene el Estado para modificarla?
Una inversión sobre la mesa
Neltume Ports presentó al Poder Ejecutivo una iniciativa privada para desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto prevé una inversión que rondaría los US$ 900 millones y volvería a introducir competencia entre terminales especializadas.
La propuesta apareció, además, después de un pronunciamiento del TCA que anuló una disposición del Decreto 114/021 vinculada a las restricciones para otorgar nuevas concesiones, permisos o autorizaciones en esta actividad.
Para los representantes de Neltume, esa resolución modifica el escenario jurídico en el que fue firmado el acuerdo con Katoen Natie y devuelve al Estado capacidad para considerar nuevas terminales. La empresa sostiene que las disposiciones contractuales deben interpretarse de acuerdo con lo resuelto posteriormente por el tribunal.
Dos lecturas del mismo fallo
Katoen Natie interpreta la situación de otra manera. Aunque el TCA haya anulado una disposición reglamentaria, sostiene que continúa vigente el contrato celebrado con el Estado y que allí permanecen compromisos vinculados a la operación de Terminal Cuenca del Plata.
La empresa ha advertido que una eventual aceptación de la iniciativa presentada por Neltume podría abrir un diferendo internacional en el marco del tratado de protección de inversiones. El planteo introduce así una segunda dimensión en la discusión. Ya no se trata solamente de determinar si jurídicamente puede habilitarse otra terminal, sino también de establecer qué obligaciones conserva Uruguay por los acuerdos que ya suscribió.
Desde el directorio de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini también ha puesto el foco en esa diferencia. El TCA dejó sin efecto una cláusula del decreto, pero, según su interpretación, una disposición de contenido equivalente permanece en el contrato entre el Estado y Katoen Natie.
La decisión queda en manos del gobierno
El Poder Ejecutivo todavía no resolvió sobre la iniciativa. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó que se analiza su factibilidad jurídica y reconoció que existe un contrato previo cuyo alcance deberá formar parte de esa evaluación.
La definición excede, por lo tanto, la disputa entre dos operadores. En ella convergen la posibilidad de captar nuevas inversiones, la competencia dentro del puerto, los compromisos asumidos por el Estado y la seguridad jurídica que Uruguay ofrece a quienes invierten.
El fondo del debate
La discusión sobre una segunda terminal obliga a mirar más allá de los muelles.
El Estado deberá determinar qué margen conserva para definir su política portuaria sin desconocer los compromisos vigentes. De esa respuesta dependerá no sólo el destino de esta iniciativa, sino también parte de la configuración futura del principal puerto del país.
LAS CUATRO VOCES
Gonzalo Lorenzo — abogado de Montecon/Neltume Ports:
“Para nosotros, en base a lo resuelto por esta sentencia, el Estado tiene las facultades para hacer un llamado para una segunda terminal, o más terminales en el futuro”. (Subrayado - Canal 10)
Fernando Correa — gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie:
“Un acto administrativo de aceptación de la iniciativa privada implicaría que la respuesta de Katoen Natie sería la notificación [al CIADI] de la existencia de un diferendo en el marco del tratado de protección de inversiones”. (Quién es Quien – Diamante FM)
Gabriel Oddone — ministro de Economía y Finanzas:
“Hay un contrato que tiene firmado el Estado uruguayo con la terminal de contenedores, y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada”. (Subrayado – canal 10)
Jorge Gandini — director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición:
“El contrato vigente entre el Estado uruguayo y Katoen Natie contiene una cláusula que es exactamente igual”. (La Diaria)
