Cardama: responsabilidades enfrentadas
Después de seis meses de trabajo, la comisión especial de la Asamblea General que investigó el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama llegó al final de su actuación sin una conclusión común. Las diferencias que atravesaron buena parte de la investigación terminaron reflejándose también en sus informes y trasladaron nuevamente la controversia al terreno político y judicial.
El Frente Amplio sostiene que durante el proceso de contratación existieron graves irregularidades y apunta a las responsabilidades políticas de la administración anterior. La Coalición Republicana, por el contrario, defiende la legalidad de aquella contratación y dirige ahora sus cuestionamientos hacia las actuaciones del actual gobierno que condujeron a la rescisión del contrato.
Las responsabilidades del gobierno anterior
Para el Frente Amplio, el trabajo de la comisión permitió confirmar fallas en los controles y determinar responsabilidades políticas durante el proceso que culminó con la contratación del astillero y la aceptación de las garantías posteriormente cuestionadas.
El senador Nicolás Viera colocó la responsabilidad política en el nivel más alto de la administración anterior y señaló al expresidente Luis Lacalle Pou como el primer responsable político por la situación en la que, a juicio del oficialismo, quedó colocado el Estado uruguayo.
El Frente Amplio anunció además que promoverá el envío a la Fiscalía de los antecedentes y la documentación surgidos de la comisión investigadora, al entender que durante el trabajo de la comisión surgieron hechos que podrían tener relevancia penal. Ese paso aún deberá formalizarse.
La respuesta de la oposición
La Coalición Republicana llegó a conclusiones opuestas. Sus legisladores sostienen que la contratación realizada durante el gobierno anterior estuvo amparada por la normativa, contó con respaldo técnico y no recibió observaciones del Tribunal de Cuentas.
El diputado colorado Maximiliano Campo defendió el procedimiento y sostuvo que se trató de una compra amparada en derecho, transparente y avalada por el TOCAF.
La oposición entiende, en cambio, que las irregularidades deben buscarse en las actuaciones desarrolladas después del cambio de gobierno y cuestiona particularmente el proceso que terminó con la decisión de rescindir el contrato con el astillero.
De la investigación a las denuncias
El cierre de la comisión no puso fin a la controversia. Por el contrario, abrió una nueva etapa.
Los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron que presentarán una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el presunto delito de abuso de funciones. La presentación de esa denuncia todavía deberá concretarse.
El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que las “verdaderas ilicitudes e irregularidades” se produjeron a partir del 1.º de marzo de 2025 y afirmó que la ministra debe responder legal, política y penalmente por su actuación en el caso.
Entre los cuestionamientos de la oposición aparece la intervención de dos asesores en actuaciones vinculadas al caso Cardama antes de que sus designaciones estuvieran formalizadas, uno de los aspectos sobre los que la Coalición Republicana fundamenta sus críticas a la gestión actual.
La respuesta de Sandra Lazo
La ministra de Defensa respondió al anuncio de la denuncia mientras se encuentra de licencia médica. Sin entrar todavía en una defensa jurídica frente a los argumentos planteados por la oposición, reaccionó públicamente y dejó una frase dirigida a quienes anunciaron que recurrirán a la Justicia: “En unos días nos encontramos donde quieran. Vuelvo con más energía y las mismas convicciones”.
La posición de Lazo sobre el fondo del caso ya había quedado expresada durante su comparecencia ante la comisión investigadora. Allí defendió la rescisión del contrato como una “decisión política fundada” y sostuvo que la actuación del gobierno tuvo como objetivo defender el bien público y los intereses del Estado.
Desde Presidencia también llegó un respaldo explícito. No solo el presidente de la República Yamandú Orsi expresó un apoyo del 100% a su secretaria de Estado, sino que además el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno está “muy tranquilo” con la actuación de la ministra y sostuvo que Lazo “ha actuado conforme a derecho” y en defensa de los intereses del país.
La posición de Cardama
El empresario Mario Cardama también hizo llegar su posición a la comisión investigadora. Rechazó las acusaciones contra su empresa, negó haber participado en el presunto fraude vinculado a la garantía y cuestionó la actuación del actual gobierno.
Cardama sostiene que el astillero fue responsabilizado por una situación de la que asegura no haber tenido conocimiento ni participación y cuestiona además las actuaciones que desembocaron en la rescisión del contrato. Esa decisión dejó abierta una disputa entre el Estado uruguayo y la empresa contratada, con consecuencias jurídicas y económicas todavía abiertas.
El fondo del debate
El final de la investigación parlamentaria no cerró el caso Cardama. Abrió una nueva etapa.
La Asamblea General deberá considerar los cuatro informes surgidos de la comisión; la Coalición Republicana deberá formalizar la anunciada denuncia contra la ministra Sandra Lazo; y el Frente Amplio, concretar la remisión a Fiscalía de los antecedentes que entiende pueden tener relevancia penal.
Después de meses de investigación, el caso dejó de ser solamente una discusión sobre la compra de dos patrulleras. Ahora se discute quién controló, quién decidió, quién debe responder y cuáles pueden ser las consecuencias para el Estado de las decisiones adoptadas antes y después de la firma del contrato.
La comisión terminó. La discusión sobre las responsabilidades, no.
LAS CUATRO VOCES
Nicolás Viera, senador del Frente Amplio:
“Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou”. (Telemundo)
Maximiliano Campo, diputado del Partido Colorado:
“Fue una compra amparada en derecho, transparente, avalada por el TOCAF, sin observaciones del Tribunal de Cuentas”. (Maldonado Noticias)
Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional:
“Las verdaderas ilicitudes e irregularidades acontecieron a partir del 1.º de marzo del año 2025”. (El Observador)
Mario Cardama, presidente del astillero Cardama:
“Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”. (La Diaria)
