El puerto: derechos, límites y consecuencias
La tensión que hoy vuelve a colocar al Puerto de Montevideo en el centro del debate no comenzó esta semana.
En octubre de 2025, el conflicto entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y Katoen Natie provocó seis días consecutivos de paro y llegó a paralizar alrededor del 70% de la operativa portuaria. En aquel momento, la controversia estaba vinculada a la implementación del nuevo sistema operativo Navis N4 y a sus consecuencias sobre la organización del trabajo.
La intervención del Ministerio de Trabajo permitió abrir un período de negociación. El 27 de octubre, empresa y sindicato alcanzaron un preacuerdo que al día siguiente fue ratificado por unanimidad por la asamblea del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).
El entendimiento contemplaba estabilidad laboral, respeto de los convenios vigentes, cambios de categorías y la creación de una comisión tripartita de seguimiento.
El conflicto parecía haber encontrado una salida.
Pero las diferencias no terminaron allí.
Una negociación que vuelve a trabarse
En 2026 el conflicto reapareció, esta vez alrededor de la renovación del convenio colectivo de los trabajadores de TCP.
Después de meses de negociación permanecen tres puntos centrales sin acuerdo: la cantidad de jornales asegurados, el incremento salarial y la reducción de la jornada laboral.
El sindicato reclama 24 jornales mensuales asegurados, un aumento salarial que en promedio se ubica en el 10% y la reducción de ocho a seis horas de la jornada diaria.
Mientras las conversaciones continúan, también volvieron las medidas sindicales y las afectaciones a la operativa.
Según datos de la Unión de Exportadores divulgados esta semana, durante 2025 hubo 35 días con interrupciones en la actividad portuaria. En los primeros ocho meses de 2026 ya se contabilizan 33 días de afectación total o parcial.
El conflicto dejó entonces de ser solamente una diferencia entre una empresa y sus trabajadores.
Sus consecuencias comenzaron a extenderse hacia afuera del puerto.
El costo de parar
La preocupación ya no se limita a un sector.
Representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales fueron recibidos por el presidente Yamandú Orsi y le trasladaron directamente el impacto que las sucesivas interrupciones están teniendo sobre la actividad.
“Es un costo muy alto que está pagando el país”, advirtieron.
Las consecuencias, señalaron, alcanzan al transporte, la logística, las importaciones, las exportaciones y los transbordos.
Cuando el puerto se detiene, la cadena no termina en los muelles. Se acumulan cargas, aumentan los costos logísticos, se retrasan exportaciones y pueden perderse oportunidades comerciales.
Pero el impacto tiene además una dimensión regional.
Mientras el Puerto de Montevideo busca recuperar carga paraguaya y mejorar su competitividad frente a otros puertos de la región, la continuidad y previsibilidad de sus operaciones se convierten en factores estratégicos.
Las interrupciones reiteradas no solamente generan costos inmediatos. También pueden afectar la capacidad de Uruguay para captar y retener cargas que disponen de otras alternativas de salida.
A ese desafío se suma el costo reputacional. El director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini ha advertido sobre el riesgo de que la reiteración de interrupciones termine convirtiendo a Montevideo, a los ojos de las navieras, en un puerto poco confiable.
Las compañías trabajan con ventanas de atraque y cronogramas internacionales. Cuando un buque no puede operar en Montevideo puede continuar hacia Buenos Aires u otros puertos de la región.
El perjuicio, entonces, no necesariamente termina cuando finaliza un paro. Una escala que se pierde puede ser difícil de recuperar.
La confiabilidad también forma parte de la competitividad
Desde el sector agropecuario también se advierte sobre costos que terminan trasladándose a la producción y a las exportaciones. Contenedores que no salen en los tiempos previstos, mercadería que debe modificar sus condiciones de conservación y operaciones que pueden perder oportunidades o beneficios comerciales forman parte de las consecuencias señaladas.
Uruguay es un país cuya economía depende fuertemente de su inserción internacional.
Por eso cada interrupción del puerto empieza como un conflicto laboral, pero rápidamente adquiere dimensión nacional.
La palabra que divide: esencialidad
A medida que las consecuencias aumentaron apareció una palabra que durante años ha provocado fuertes controversias en las relaciones laborales de nuestro país: esencialidad.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dejó claro que el gobierno continúa apostando a la negociación, pero también que existe un límite y que el Poder Ejecutivo no descarta recurrir a la esencialidad si entiende que la situación lo requiere.
La posición adquirió una dimensión adicional por las diferencias históricas que esa herramienta genera dentro del movimiento sindical y por la trayectoria del actual ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Castillo mantiene la apuesta por la negociación colectiva y sostiene que decretar la esencialidad no soluciona por sí mismo un conflicto. Para el ministro, el papel del MTSS es generar las condiciones para acercar a las partes y alcanzar un acuerdo.
La discusión sumó este miércoles la palabra del presidente Yamandú Orsi.
El mandatario respaldó a Castillo y aseguró que, según la información que maneja, las partes estarían más cerca de encontrar una solución. Reivindicó el acuerdo como primera opción y sostuvo que una salida negociada brinda continuidad y tranquilidad a los involucrados.
Al mismo tiempo, no cerró la puerta a las herramientas institucionales disponibles si fueran necesarias.
Orsi también descartó que las diferencias expresadas en el gobierno puedan provocar la salida del ministro de Trabajo y defendió que sus ministros tengan capacidad para pensar con “cabeza propia”.
La intervención presidencial contribuyó así a ordenar las distintas posiciones.
Un puerto, muchos intereses
El conflicto ya trascendió a TCP y al Supra.
Las cámaras empresariales trasladaron su preocupación directamente al presidente de la República. Desde el sector agropecuario se reclama que el puerto funcione y desde la oposición comenzaron también los cuestionamientos a la conducción política del conflicto.
Incluso desde el propio gobierno aparecieron advertencias sobre consecuencias que van más allá de las pérdidas inmediatas.
El canciller Mario Lubetkin señaló que el funcionamiento del puerto afecta directamente la competitividad y la imagen de Uruguay y reclamó que todos los involucrados empujen en una misma dirección.
La advertencia adquiere especial relevancia en momentos en que Montevideo procura recuperar carga regional y fortalecer su posición frente a otros puertos.
El propio Orsi introdujo además una mirada de más largo plazo al plantear la necesidad de discutir el desarrollo de otros puertos uruguayos, mencionando a Nueva Palmira y los vínculos con Paraguay y Bolivia.
El fondo del debate
Uruguay tiene una extensa tradición de negociación colectiva y de reconocimiento del derecho de huelga.
Preservarla supone también conseguir que los conflictos encuentren mecanismos de resolución antes de que sus consecuencias terminen trasladándose reiteradamente al conjunto de la sociedad.
Declarar la esencialidad no resuelve las causas que originaron el conflicto.
Pero negociar tampoco puede significar que no exista un límite temporal mientras los costos continúan acumulándose.
Tal vez por eso la discusión que hoy atraviesa al puerto sea bastante más amplia que la diferencia entre Katoen Natie y sus trabajadores.
Después de 35 días de interrupciones durante 2025 y otros 33 en lo que va de 2026, la pregunta ya no es solamente quién tiene razón en una negociación laboral.
La pregunta es quién debe asumir la responsabilidad cuando las consecuencias del conflicto empiezan a alcanzar a todos.
Y allí aparece el verdadero desafío para el gobierno que es negociar hasta encontrar una solución, pero también saber qué hacer cuando la negociación no alcanza.
LAS CUATRO VOCES
Alejandro Sánchez, Secretario de la Presidencia:“Si se tiene que recurrir a la esencialidad, se va a recurrir; si es el límite de Juan [Castillo], renunciará”. (Desayunos Informales - canal 12)
Juan Castillo, Ministro de Trabajo y Seguridad Social:
“Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios. No es nuestro rol. Tienen la potestad de pedir lo que quieran pedir, pero eso no soluciona un conflicto”. (Noticias 5 - canal 5)
Álvaro Reinaldo, Secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra):
“Es difícil negociar con Katoen Natie, pero seguramente llegaremos a un acuerdo”. (Doble Click - Del Sol)
Rafael Ferber, Presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU):
“No puede ser que el puerto nos encarezca la vida a todos por conflictos sindicales. Le planteamos al gobierno en un comunicado la esencialidad o lo que corresponda”. (Subrayado – canal 10)
