La posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados desde Estados Unidos abrió un debate que trasciende la política migratoria. Aunque el gobierno aseguró que no existe una propuesta formal por parte de Washington, las versiones difundidas por la prensa internacional fueron suficientes para instalar una discusión sobre el alcance de una eventual cooperación bilateral, la tradición uruguaya en materia de asilo y el papel que debería asumir el Estado frente a personas deportadas.

Más allá de si el planteo finalmente prospera o no, la controversia volvió a poner sobre la mesa el equilibrio entre la soberanía de los Estados, las relaciones internacionales y la protección de los derechos humanos.

El debate, además, se inscribe en un contexto internacional más amplio. Según el monitor Third Country Deportation Watch, elaborado por las organizaciones Human Rights First y Refugees International, Estados Unidos ha deportado a más de 22.000 personas a 26 países mediante acuerdos con terceros Estados, lo que ha reavivado la discusión sobre las garantías jurídicas y humanitarias de estos mecanismos.

La posición de la Cancillería

El canciller Mario Lubetkin afirmó que Uruguay no ha recibido una propuesta definitiva por parte de Estados Unidos y sostuvo que cualquier planteo será evaluado con responsabilidad, respetando la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.

Remarcó que, hasta el momento, no existe ninguna definición oficial que permita hablar de un acuerdo concreto.

La mirada del MIDES

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Valeria España, reafirmó que la política migratoria uruguaya está basada en los derechos humanos.

Señaló que cualquier decisión debe preservar la dignidad de las personas migrantes y garantizar el acceso a sus derechos, independientemente de su situación administrativa.

La posición política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que Uruguay posee una larga tradición de asilo y protección internacional y advirtió que una eventual recepción de personas deportadas debe ser compatible con esos principios.

A su entender, cualquier mecanismo de cooperación internacional debe respetar plenamente el derecho internacional y los compromisos humanitarios asumidos por el país.

La mirada jurídica

El abogado cubano especializado en derecho migratorio Willy Allen, desde su oficina principal, la Law Office of Wilfredo O. Allen (ubicada en la ciudad de Miami, Florida), consideró que el mecanismo impulsado por la administración estadounidense podría enfrentar cuestionamientos legales.

Subrayó que, cuando una persona solicita asilo en Estados Unidos, ese país debe resolver previamente esa solicitud antes de disponer su traslado a un tercer Estado, por lo que entiende que el procedimiento podría ser revisado por las cortes federales.

El fondo del debate

Más allá de que exista o no una propuesta formal, el debate ya quedó instalado.

Uruguay deberá definir hasta dónde está dispuesto a cooperar con las políticas migratorias de otros Estados sin apartarse de una tradición diplomática basada en el respeto del derecho de asilo, los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por el país.

El desafío no pasa solamente por aceptar o rechazar una eventual propuesta. También consiste en encontrar un equilibrio entre la cooperación internacional, el ejercicio de la soberanía y la protección de las personas. En esa tensión se jugará, probablemente, una de las discusiones más relevantes de la política migratoria uruguaya en los próximos meses.

LAS CUATRO VOCES

Mario Lubetkin
Ministro de Relaciones Exteriores

“No hemos recibido ninguna propuesta definitiva (…) Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa para enviar migrantes”.
(Subrayado)

Valeria España
Directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes (MIDES)

“Recibir personas deportadas por Estados Unidos implicaría subordinar la política nacional (…) La política migratoria uruguaya está basada en los derechos humanos”.
(Radio Uruguay)

Fernando Pereira
Presidente del Frente Amplio

“Esta forma no es compatible con el asilo que Uruguay da (…) Nuestra intención es que no se acuerde, que no quiere decir para nada que Uruguay no reciba gente”.
(Portal Resumen Latinoamericano)

Willy Allen
Abogado especializado en Derecho Migratorio

“Si una persona pide asilo en Estados Unidos, ese país debe resolver esa solicitud antes de enviarla a un tercer país”.
(Portal CiberCuba Noticias)