¿Quién paga la crisis?
La decisión del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de crear un nuevo timbre vinculado a actuaciones del sistema de salud volvió a colocar a la institución en el centro del debate público. La resolución, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de agosto, fue presentada como una herramienta para fortalecer las finanzas de la Caja, pero provocó una rápida reacción del Poder Ejecutivo, de las autoridades sanitarias y de los trabajadores de la salud.
En pocos días, la discusión dejó de girar únicamente en torno a un nuevo gravamen. El verdadero debate pasó a ser quién debe asumir el costo de la delicada situación financiera de la Caja Profesional y cuáles son los límites de los mecanismos que pueden utilizarse para garantizar su sostenibilidad.
La propuesta de la Caja
La situación financiera de la Caja de Profesionales Universitarios no es nueva y ha dado lugar, desde hace varios años a distintos debates sobre su sostenibilidad. En esta oportunidad, la discusión no se centró en el diagnóstico, sino en el mecanismo elegido para obtener nuevos recursos.
El Directorio defendió la resolución sosteniendo que el cobro de timbres constituye un instrumento previsto en la normativa vigente y una vía para generar recursos en un momento de fuerte presión financiera. Su presidente, Andrés Pérez, afirmó que la medida buscaba contribuir a la estabilidad de la institución y planteó que, si el Poder Ejecutivo entendía que ese mecanismo no era adecuado, debía ofrecer una alternativa que asegurara ingresos equivalentes.
La resolución alcanzaba consultas, recetas, estudios, historias clínicas y otros actos vinculados a la atención médica, lo que generó una inmediata controversia por el impacto que podría tener sobre usuarios y prestadores del sistema. Con el correr de los días, y frente a la reacción política e institucional, las autoridades de la Caja manifestaron que estaban dispuestas a dejar sin efecto el cobro si el Estado garantizaba una fuente alternativa de financiamiento.
La respuesta del Gobierno
La reacción del Poder Ejecutivo fue inmediata. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el gobierno dejaría sin efecto la resolución por entender que trasladaba el costo de una crisis previsional a quienes utilizan el sistema de salud.
A esa posición se sumó el Ministerio de Salud Pública. El subsecretario Leonel Briozzo advirtió que la medida tendría un impacto económico sobre pacientes y prestadores, mientras que los representantes del Poder Ejecutivo en la Junta Nacional de Salud (JUNASA) ya habían solicitado suspender la aplicación del nuevo timbre.
El rechazo desde la salud
Las críticas no provinieron únicamente del gobierno. La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) cuestionó duramente la iniciativa y la definió como un “impuesto a la enfermedad”, al entender que cada registro médico e historias clínicas forman parte del derecho a la atención sanitaria y no pueden transformarse en una fuente de financiamiento para resolver los problemas económicos de una institución previsional.
El episodio también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de encontrar una salida definitiva para la Caja Profesional, cuya situación financiera viene siendo motivo de preocupación desde hace varios años.
El fondo del debate
La controversia excede la discusión sobre un timbre. También plantea cómo deben financiarse instituciones que atraviesan dificultades económicas y hasta dónde pueden llegar las herramientas elegidas para obtener nuevos recursos. Mientras desde la Caja sostiene que necesita mecanismos para garantizar su viabilidad, el Poder Ejecutivo y los actores del sistema de salud entienden que ese esfuerzo no debe recaer sobre quienes requieren atención médica.
Más allá de la resolución que finalmente adopte el Gobierno, el episodio dejó instalada una discusión que probablemente continuará en los próximos meses que es cómo asegurar la sustentabilidad de la Caja Profesional sin trasladar ese costo a los usuarios del sistema de salud.
LAS CUATRO VOCES
Andrés Pérez - Presidente de la Caja de Profesionales:“Si el Poder Ejecutivo entiende que este no es el mecanismo adecuado para financiar a la Caja, deberá plantear una alternativa que asegure esos recursos (…) Posiblemente quieren que la Caja se cierre”. (Desayunos Informales)
Alejandro Sánchez - Secretario de la Presidencia:
“El Poder Ejecutivo dejará sin efecto esta resolución porque entendemos que el acceso a la salud no puede transformarse en un mecanismo de financiamiento de una caja previsional”. (La Diaria)
Leonel Briozzo - Subsecretario de Salud Pública:
“La medida tendría un impacto en el bolsillo de los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud”. (Subrayado)
Marcos Franco - Secretario General de la Federación Uruguaya de la Salud:
“Esto es un impuesto a la enfermedad”. (Telenoche)
