Dudas y presiones
Edición Nº 1031 - Viernes 11 de abril de 2025. Lectura: 4'
 De un lado, un caso bochornoso que se archiva casi sin contratiempos; del otro, un expediente que avanza acompañado de la presión -sin tapujos- del oficialismo, que clama: “lo razonable sería archivarlo”. En fin, la conjugación perfecta entre el “miren para otro lado” y el “archiven ya”.
Hablemos primero del caso archivado: Marcelo Signorelli, excoordinador de Deportes de la Intendencia de Montevideo, donó —no al azar— cinco cajas de morrales “sobrantes” al Frente Amplio para una correcaminata en plena campaña por el referéndum de la LUC, en febrero de 2022. Esa maniobra despertó el obvio enojo de la Coalición, que denunció los evidentes delitos de peculado y abuso de funciones. Pero la Fiscalía, recientemente, resolvió archivar la causa. La fiscal Silvia Porteiro concluyó que no había evidencia de ilícito penal.
Francamente, uno se pregunta: ¿qué más se necesita para configurar un delito de utilización de recursos públicos con fines políticos? Siguiendo la lógica del fallo, el “error” existió, pero habría sido tan nimio que “no generó daño” a la administración. Nos hemos enterado, con este antecedente, de que si te quedan sobrantes de materiales públicos, se pueden destinar a un partido. Raro, ¿no?
El argumento de la Fiscalía, repleto de tecnicismos, sugiere que la conducta de Signorelli, si bien “desviada”, no alcanzó la entidad suficiente para “provocar daño”. ¿Y el daño moral, la violación de la neutralidad estatal, el desprestigio que sufre una Intendencia que en teoría es de todos? Son invisibles, al parecer. La propia resolución habla de “ausencia de lesividad”. O sea, si el patrocinio de la IM en unos morrales “no tenía nada que ver” con la correcaminata, ¿significa que es inocuo entregar a un partido político cajas con materiales que costaron dinero público? ¿Entonces, con la misma lógica, si sobran chalecos reflectores, se pueden mandar a la sede de un comité? ¿Si sobran uniformes, se los podemos entregar a “x” partido?
Ahora, pasemos a la segunda historia: Charles Carrera, ex senador y ex jerarca del Ministerio del Interior, investigado por presunto abuso de funciones cuando era director general de Secretaría, un episodio que, recordemos, se vincula a un ciudadano baleado y a un supuesto manejo irregular de gastos médicos con cargo al Estado. Tras pedir su desafuero, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva seis meses de estudio del caso. Allí la cúpula frentista se moviliza en equipo para exigir que, en rigor de la verdad, se archiven las actuaciones. El presidente del Frente, Fernando Pereira, en conferencia de prensa lo dijo sin tapujos: “Lo razonable sería archivarlo.” Uno se pregunta: ¿no es un poco descarado que el partido político del denunciado presione abiertamente para que la Fiscalía cierre el expediente?
Pereira alega que hay informes de catedráticos y juristas de prestigio (vinculados a la defensa de Carrera) que “demuestran” la inexistencia de delito. Sin embargo, la fiscalía no se pronunció en ese sentido. El FA dice que “no es una presión a la Fiscalía”, pero exige que se archive; pide que se haga “pronto” y “sin más.” ¿Cómo llamarlo, si no presión?
Este caso es mucho más enredado que el de los morrales. Allí, el frentismo ni siquiera se incomodó: devolvió las cajas y listo. Pero en el caso de Carrera, el factor de la denuncia involucra la gestión de fondos públicos para “ayudar” a alguien que resultó herido de bala y quedó cuadripléjico. La denuncia aduce que se incurrió en abuso de funciones y presumiblemente en un daño al erario. La fiscal solicitó el desafuero del entonces senador.
No se trata de declarar culpable a Carrera de antemano; eso es tarea de la Justicia, si halla méritos para formalizar. Sin embargo, la actitud del Frente –instando a la fiscal a archivar– es indicio de un ansia de “cierre” sin un dictamen firme. Y aquí vemos la doble vara: cuando se trata de Besozzi, la legitimidad de la fiscalía es incuestionable; cuando se menciona a Carrera, se dice: “El proceso es demasiado largo,” “No se hallan elementos,” “Que se archive.” Uno se pregunta: ¿no convendría dejar trabajar a la fiscal?
La invitación final es, pues, a la coherencia. Si el FA insiste en que no hay que presionar a la Fiscalía, que deje de exigir archivazos exprés cuando se trata de los suyos. Si hablan de legalidad intachable, que expliquen por qué la donación de materiales a su partido no tuvo repercusiones reales y se archivó con tanta ligereza. Esa es la transparencia que la sociedad demanda: la que no distingue la camiseta del denunciado, sino que persigue la verdad y sanciona al culpable, así se llamen Signorelli o Carrera.
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