Dos temas: Congreso de la Federación Rural y el improcedente agradecimiento por “archivo” de la denuncia por dumping lácteo por parte de Brasil.
Edición Nº 1083 - Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 6'
Por Tomás Laguna
Cualquiera de estos temas es merecedor, por sí mismo, de una columna de reflexión. Evitando el riesgo de priorizar la oportunidad de cada uno, vayan estos comentarios en forma conjunta.
1) 109° Congreso de la Federación Rural. Sobre fines de mayo se sucedieron las instancias previas de análisis y luego el tradicional congreso en su edición 109. Histórica gremial de alcance nacional surgida del XII Congreso Ganadero convocado por la Asociación Rural del Uruguay en 1915, oportunidad en que se hizo manifiesto el interés por conformar una entidad federativa que congregara a las distintas gremiales rurales que, por entonces, iban surgiendo en el país. Ese mismo año fue convocado el histórico congreso fundacional, presidido por el Sr. Domingo Bordaberry en ausencia del Dr. Manuel Quintela, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, quien por entonces debió viajar al exterior. Valgan estas referencias para acreditar la histórica representatividad que recoge cada nuevo cónclave de las rurales federadas.
Son dos los temas que este año merecen mayor destaque, sin desmerecer en absoluto los demás tratados. En primer lugar, un reclamo que ya es una consigna: competitividad como limitante estructural de los sectores productivos en todos sus rubros. El ministro de Economía tuvo a bien presentarse exponiendo ante los congresistas para reconocer que la competitividad es una restricción al crecimiento, pero que las medidas macroeconómicas para resolver esta restricción están limitadas, condenados a ser un país caro bajo toda circunstancia. Palabras más, palabras menos... Una semana después la Ec. Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores, hacía lo propio en el Día de la Exportación 2026, reclamando con énfasis por la falta de competitividad. A esta altura y con angustia se podría afirmar que la política de Estado más consolidada en el transcurso de los distintos gobiernos es la priorización de la desinflación a costo de la pérdida de competitividad de los sectores reales de la economía.
Aunque reiterado, más que nunca recordar aquella sentencia: las economías más pequeñas están destinadas a exportar; o exportan bienes y servicios o exportan gente... Seguramente el año próximo será nuevamente tema central del congreso ruralista 2027...
Otro destaque del congreso fue que por primera vez las gremiales rurales federadas dieron cabida en el mismo al Congreso de Intendentes. Sin duda un punto fuerte de la instancia 2026, permitiendo el encuentro de contribuyentes y usuarios de los servicios de las comunas departamentales con los responsables de la gestión de las mismas. El principal reclamo hizo referencia a la caminería rural, tanto para acceso a los predios como a la necesaria infraestructura para sacar la producción desde los distintos campos. Discusión que se vuelve tensa cuando los intendentes pretenden condicionar su uso, sea por clima o bien mediante tasas al transporte, en particular forestal. Iniciativa esta última que en su momento pretendió instrumentar Cerro Largo, también más próxima en el tiempo Paysandú, lo que desde siempre tuvo la terminante negativa del productor, aduciendo que ya realiza sus aportes a lo largo del año para merecer esos servicios. A esta discusión debe sumarse el reclamo ganadero para que definitivamente se derogue lo que, en su momento, fue el impuesto municipal del 1 % a cada enajenación de hacienda. Ingreso que ningún intendente ha querido jamás resignar.
Una breve referencia histórica. Fue en el año 2010 que, en el discurso realizado en la Rural del Prado, el entonces ministro de Ganadería Tabaré Aguerre se comprometió a eliminar el gravamen. Contaba para ello con el apoyo del ministro de Economía Fernando Lorenzo, quien consideraba que el impuesto no se correspondía con el ordenamiento fiscal pretendido en la reforma realizada en el año 2007. Por cierto, con la firme oposición del mismo Congreso de Intendentes, que durante el mismo año 2010 había reclamado volver del 1 % al 3 % original.
Atendiendo a los intendentes a la vez de cumplir con la promesa a los ganaderos, a partir de enero de 2012 el mencionado tributo, si bien mantuvo vigencia, pasó a generar un crédito fiscal realizable ante DGI o BPS por cada contribuyente. Ante este renunciamiento fiscal, rentas generales asumía lo percibido por cada comuna departamental. La Federación Rural, con toda lógica, mantiene el reclamo de la derogación total y definitiva dado que el mecanismo del crédito fiscal ha sido de aplicación parcial.
En definitiva, fue una buena iniciativa dar cobijo al Congreso de Intendentes en un esfuerzo por lograr alinear las administraciones departamentales con los reclamos de la producción. Por el momento solo eso, buenas intenciones...
2) Denuncia brasileña por dumping lácteo. Con candoroso entusiasmo el gobierno agradeció la decisión del gobierno brasileño de “archivar” la denuncia por dumping contra las industrias lácteas uruguayas al momento de exportar leche en polvo. Agradecimiento que nuestro gobierno entiende surge de las buenas relaciones políticas con su par del norte. Estas declaraciones fueron reiteradas en el reciente foro anual del Instituto Nacional de la Leche (INALE). Nada más lejos de la realidad, estamos ante una suerte de cándida actitud de parte de nuestro gobierno, en particular de la Cancillería, que es quien debe marcar la hoja de ruta en estos temas. Lo que en realidad ocurrió es que la autoridad brasileña confirmó el presunto dumping, dando lugar al reclamo por el supuesto daño estimado contra la industria brasileña. A su vez, ya fueron establecidos los derechos antidumping a exigir a la contraparte, en este caso nuestras industrias lácteas. Nunca se “archivó” este proceso; en todo caso fue “suspendido”, siendo este último el término adecuado: se suspendió la exigibilidad de estos derechos. Y la suspensión fue por un período máximo de un año, prorrogable a otro más. De ningún lado surge que esté “archivado”. Nada obsta a que, de darse las circunstancias, se proceda al “desarchivo”, retomando la exigibilidad. En otras palabras, el gobierno uruguayo “agradece” a su par brasileño por la suspensión de una demanda que jamás debió existir, incluso que debe considerarse nula dada la falta de legitimidad activa de la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), la institución que formalmente realizó la denuncia.
Para reafirmar lo anteriormente dicho, resulta muy adecuada y digna la reacción del gobierno argentino a través del Ministerio de Economía. Recordar que la denuncia fue en conjunto contra ambos países. El comunicado argentino de arranque dice “tomar nota”, no agradece nada, utiliza luego la palabra “suspender”, a la vez que en el resto del texto reivindica la falta de validez de la denuncia realizada por Brasil, reivindicando la priorización del comercio bilateral y evitando medidas restrictivas injustificadas entre socios del MERCOSUR. Finalmente reclama el cierre definitivo de la demanda, sin la aplicación de medidas y preservando los principios de integración, previsibilidad y libre comercio que sustentan al Mercosur. Muy diferente al chabacano “agradecimiento” de nuestras autoridades de gobierno.
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