Dos presidentes condenados y una economía que sigue en marcha
Viernes 28 de noviembre de 2025. Lectura: 2'
 Mientras la política peruana consume a sus líderes, la economía mantiene un ritmo sorprendentemente sólido.
El miércoles 26 , un tribunal peruano condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por cohecho pasivo. La Justicia determinó que, durante su período como gobernador regional de Moquegua (2011–2014), recibió sobornos de empresas constructoras —entre 2,3 millones de soles, equivalentes a unos 700.000 dólares— a cambio de adjudicar contratos públicos, como los correspondientes al proyecto de irrigación Lomas de Ilo y al mejoramiento del Hospital de Moquegua. Además, la sentencia incluyó una multa y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por nueve años. Vizcarra, que fue presidente de Perú entre 2018 y 2020, fue destituido por el Congreso en 2020, tras acusaciones de corrupción y otros escándalos.
Al día siguiente, ayer 27 de noviembre, la Justicia peruana dictó condena contra Pedro Castillo, también expresidente. El fallo le impuso 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para rebelión, debido a su participación en el fallido intento de disolver el Congreso y convocar un gobierno de excepción en diciembre de 2022. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluye inhabilitación para ocupar cargos públicos. Castillo era presidente desde 2021; su mandato estuvo marcado por inestabilidad institucional, denuncias de corrupción y decisiones controvertidas, lo que culminó con su destitución tras el intento de autogolpe.
Ambos casos se suman a una larga lista de exmandatarios peruanos procesados o condenados, lo que evidencia un patrón persistente de corrupción, crisis institucional y judicialización de los altos cargos. En este contexto, las condenas a Vizcarra y Castillo no solo representan sanciones individuales, sino una advertencia sobre la fragilidad del sistema político, la vulnerabilidad institucional y los riesgos que conlleva la concentración de poder en un contexto histórico de impunidad.
Sin embargo, este cuadro de crisis política contrasta de modo paradójico con otro marcador: el desempeño económico reciente del país. A pesar de la inestabilidad y los reiterados escándalos, la economía peruana continuado mostrando señales de robustez macroeconómica. Las exportaciones, el precio de los minerales y la estabilidad de algunas variables macroeconómicas han permitido que, incluso en medio de polarización política, el país conserve un nivel de actividad y de expectativas relativamente favorable. Esa dualidad —política convulsiva y economía resistente— subraya una paradoja dramática: mientras los exmandatarios se ven empujados al banquillo, muchas familias peruanas siguen dependiendo de una economía que mantiene ciertos anclajes estructurales.
En definitiva, los últimos fallos judiciales contra Vizcarra y Castillo reflejan una crisis profunda de gobernabilidad y legitimidad política. Pero al mismo tiempo, la persistencia de indicadores económicos favorables revela que el Perú —pese a sus presidentes condenados— no deja de ser, para millones de ciudadanos, un país obligado a mirar adelante: con incertidumbres políticas, sí, pero también con una economía que da señales de sostén.
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