Correo de los Viernes - Dos caminos ante la crisis de la vivienda

Dos caminos ante la crisis de la vivienda

Viernes 9 de octubre de 2026. Lectura: 2'

Portugal y España enfrentan una crisis semejante de acceso a la vivienda, pero han comenzado a recorrer caminos casi opuestos: Lisboa apuesta a aumentar la oferta dando mayores incentivos y seguridad al propietario; Madrid profundiza la regulación para proteger al inquilino.

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales de la península ibérica. Los precios de compra y de alquiler han aumentado con fuerza tanto en España como en Portugal, mientras la construcción ha resultado insuficiente para absorber una demanda creciente. Pero ante un diagnóstico parcialmente común, los dos países ensayan respuestas cada vez más diferentes.

Portugal ha optado por colocar el acento en la oferta. El gobierno de Luís Montenegro parte de la idea de que buena parte del problema reside en que se construye poco y muchos propietarios prefieren no ofrecer sus viviendas en alquiler ante la escasa rentabilidad o la inseguridad jurídica. De allí los incentivos fiscales a la construcción y al alquiler y una reforma, aprobada ya en primera instancia por el Parlamento, que elimina restricciones sobre los precios de los nuevos contratos y acelera los desalojos por incumplimiento. El argumento oficial es sencillo: si resulta más atractivo y seguro alquilar, habrá más viviendas disponibles.

España transita la dirección contraria. El gobierno de Pedro Sánchez viene ampliando los mecanismos de control sobre los alquileres, especialmente en las llamadas zonas tensionadas, limitando actualizaciones, regulando también contratos temporales y por habitaciones y reforzando la protección de los inquilinos vulnerables. El nuevo paquete aprobado por el Ejecutivo insiste además en prolongar contratos y dificultar los desahucios cuando no existe alternativa habitacional. Parte de esas medidas sigue sometida a una intensa disputa parlamentaria.

La diferencia no puede reducirse simplemente a mercado contra Estado. Portugal también destina recursos públicos a vivienda y España también procura aumentar la construcción. Pero el énfasis es inequívocamente distinto.

Portugal intenta modificar los incentivos para que aparezcan más viviendas en el mercado. España intenta modificar las reglas para que las viviendas existentes resulten más accesibles y sus inquilinos estén más protegidos.

Son, en cierto modo, dos experimentos económicos realizados casi simultáneamente sobre un problema muy parecido.

Todavía es pronto para saber cuál producirá mejores resultados. Pero la comparación será particularmente reveladora. Porque, detrás de todas las disposiciones fiscales, jurídicas y administrativas, se encuentra la pregunta decisiva: cuando faltan viviendas, ¿la respuesta principal consiste en controlar más estrechamente su precio o en crear las condiciones para que haya muchas más?

Formularse la pregunta es contestársela.