Correo de los Viernes - Dinamitan la JUTEP

Dinamitan la JUTEP

Edición Nº 1060 - Viernes 7 de noviembre de 2025. Lectura: 2'

El fallo de la JUTEP no solo exonera a un jerarca: deja en entredicho la autoridad moral del organismo llamado a controlar la integridad del Estado.

La resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, constituye un hecho de gravedad institucional inusitada.El organismo decidió —por mayoría frenteamplista— que no existe incompatibilidad entre el ejercicio del cargo de Danza y su vínculo laboral con prestadores privados de salud. La resolución, sin embargo, no se sustentó en el informe técnico del propio organismo, sino en una lectura claramente condicionada por la solidaridad político-partidaria.

El dato no es menor: el informe técnico de la JUTEP, en el que debería haberse basado toda resolución seria y fundada, concluía expresamente que Danza incurre en una situación de incompatibilidad. El documento advertía que el cargo de presidente de ASSE es jurídicamente incompatible con mantener vínculos laborales con instituciones privadas del sistema de salud, por la sencilla razón de que ASSE contrata —y debe fiscalizar— servicios con esos mismos prestadores. El principio ético y jurídico que regula la función pública es claro: quien contrata o supervisa no puede, al mismo tiempo, ser parte de la contraparte contratada.

Lo ocurrido en los últimos días confirma la pertinencia de aquella observación técnica. Tal como reveló El País, bajo la gestión de Danza ASSE celebró contratos con mutualistas en las que el jerarca mantiene vínculos laborales. El hecho no solo ratifica la existencia de una incompatibilidad objetiva, sino que plantea además un dilema ético evidente. La función pública requiere una distancia nítida entre el interés personal y el interés general, y esa línea ha sido vulnerada.

La resolución de la JUTEP no solo desconoce el rigor de su propio cuerpo técnico, al que cita pero desconoce, sino que al decidir en base a afinidades políticas pone en entredicho la razón misma de su existencia. Un órgano de control que actúa con sesgo partidario se despoja de la autoridad moral que le da sentido. El daño no se limita a un caso puntual: erosiona la credibilidad institucional de la JUTEP y, con ello, afecta la confianza ciudadana en los mecanismos de control ético del Estado.

El episodio debería preocupar más allá de las fronteras partidarias. En un país que se precia de su institucionalidad, el respeto a la independencia técnica de los órganos de contralor es esencial. Cuando las resoluciones se dictan en clave política y no jurídica, el resultado no es solo una mala decisión administrativa: es un golpe al corazón de la ética pública.