En términos democráticos, ser nombrado por un presidente de la República para acompañarlo en su gestión es una responsabilidad que excede cualquier agenda personal o partidaria. Es un honor, un acto de confianza, un compromiso con el bien común y un pacto ético con la ciudadanía.

Apenas iniciado el nuevo gobierno, varios jerarcas designados por el presidente de la República, Yamandú Orsi, renunciaron a sus cargos públicos. ¿Qué dice este hecho sobre el compromiso con la función pública? ¿Acaso es fugaz y dura cien días o menos?

Aunque con motivaciones diversas, las renuncias registradas en distintas áreas del gobierno de Orsi en tan solo los primeros meses no deben ser vistas como sucesos aislados. Van desde conflictos internos hasta decisiones personales o ambiciones políticas. Este patrón resulta inquietante, ya que interpela tanto a quienes gobiernan como a quienes observan con expectativa.

Las dos primeras renuncias “obligadas” fueron errores graves. La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, fue cuestionada por no declarar ni regularizar obras en su vivienda personal, lo que generó una incompatibilidad ética con el cargo. En su alejamiento de la Secretaría de Estado, Cairo dijo públicamente: “No estamos en esta lucha por los cargos… los lugares son circunstanciales, pero las causas no”. Este planteamiento no resiste una mirada crítica, ya que su conducta personal contradice los valores del cargo que ocupaba, perdiendo no solo autoridad política, sino también legitimidad ética.

Ni qué decir de Alejandra Koch, vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien presentó su renuncia tras una decisión en la primera sesión del directorio que permitió ascensos y aumentos polémicos para su esposo, su chofer y funcionarios afines.

Más adelante, Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización, renunció exactamente a los 100 días de gobierno por una “posible” incompatibilidad constitucional: era colono. Es decir, se presidía a sí mismo.

Ahora bien, acto seguido, hubo dos renuncias de jerarcas designados por el gobierno de Orsi debido a diferencias en el manejo interno de un Ministerio o en los directorios.

En primer término, la subdirectora general de Secretaría del Ministerio de Ambiente, Virginia Cros, presentó su renuncia alegando diferencias con el ministro Edgardo Ortuño.

Uno de los episodios más insólitos fue el de Jaime Saavedra, quien desistió de asumir la presidencia del Inisa el mismo día en que debía ocupar el cargo, por desacuerdos con el vicepresidente del organismo, Eugenio Acosta. La renuncia de Saavedra fue rechazada; se lo convenció de quedarse luego del diálogo mantenido con el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez.

A este cuadro de renuncias se suman la del viceministro de Ambiente, Leonardo Herou, y la de la senadora frenteamplista del sector la Amplia, Silvia Nane; ambos iniciarán una nueva etapa en la Intendencia de Montevideo junto a Mario Bergara.

Herou fue director de Gestión Ambiental en la Intendencia de Canelones durante la gestión de Orsi. Tal es la confianza que el presidente depositó en él que planteó su voluntad de retenerlo en el Ejecutivo con esta frase: “Leonardo viene colaborando con ideas para una propuesta en Montevideo desde hace tiempo… Yo lo quiero en el Ministerio de Ambiente, pero repito, son personas libres, que hagan lo que crean mejor”.

En cuanto a la senadora Nane, asumirá como directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente en la Intendencia de Montevideo.

Si bien en ambos casos no hubo choques institucionales, sino decisiones políticas consensuadas, los cargos se interrumpieron antes del cierre de los cuatro meses de gestión, generando cuestionamientos sentidos sobre la permanencia. Esa movilidad vertical sigue generando preguntas sobre la consigna de “servir al país” y la consistencia del compromiso ante la ciudadanía.

Para finalizar, hubo un cambio de nombres en la vicepresidencia de OSE que resultó ser una transición planificada. Así que, supuestamente, no se trata de una cencerrada inesperada. Hugo Trías asumió provisoriamente en marzo para que el puesto no quedara vacante y renunció; fue sustituido por el exintendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, cuya venia fue votada por el Senado en estos primeros días de julio.

Más aún, cada renuncia implica más que un cambio de nombre: retrasa decisiones, paraliza programas y fractura liderazgos internos. Y más aún, envía una señal de inestabilidad a una ciudadanía que observa con creciente desconfianza a la clase política. El desafío para Orsi será ahora consolidar un liderazgo más disciplinado sin romper con la horizontalidad que lo caracteriza. Eso exige no solo carisma, sino estructura. Porque el compromiso no se mide solo en la designación, sino en la permanencia.