Derecho en pausa, política cruda y moral incierta
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 6'
Por Julio María Sanguinetti
El pasado 25 de enero, el El País publicó la columna mensual habitual el expresidente Sanguinetti, que transcribimos a continuación.
Hace algunos años nuestro gran amigo el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo que “si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, ¿qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país?”. Joaquín Morales Solá lo recordó estos días y esa sabia premonición nos pone delante de un espejo en que las imágenes del derecho, la política y la moral se entrecruzan y tanto coinciden como chocan.
“La cuestión”, dijera Shakespeare, es que el régimen venezolano era y sigue siendo una cruel dictadura que no solo se permite violar todas las libertades públicas, sino que hasta organizó una farsa electoral para intentar una imaginaria legitimación.
En una hipótesis de esa naturaleza, ¿qué hacer para reconquistar la libertad perdida?
En el terreno jurídico, en el que creemos los demócratas, poco o nada. El régimen denunció la Convención Interamericana de DD. HH. en 2012; en 2017 repudió la Carta de la OEA y en 2019 la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD. HH. En una palabra, se instaló en una situación de facto, alejada de toda norma. En ese caso, ¿puede invocar la protección de los derechos que no reconoce?
Se ha sostenido que esta situación, invocada usualmente en el derecho privado, no lo es en el derecho internacional público. El tema es que, infortunadamente, estamos ante un derecho imperfecto, como se ha dicho desde siempre de la normativa internacional, dadas sus limitaciones coercitivas. Lo estamos viendo de modo descarnado en Europa: Rusia violó abiertamente la soberanía de un Estado libre y democrático, lo invadió y lo está golpeando día a día. El presidente de los Estados Unidos, que aparentemente no tiene mayor idea de la historia rusa, imaginó que alcanzaba con una relación simpática con Putin. No advirtió que, desde Pedro el Grande, Rusia invoca que su seguridad requiere “la protección de sus vecinos”. Lo sostuvieron Catalina, Alejandro I a la caída de Napoleón en 1815 y Stalin en 1945. Ahora es Putin, que procura recomponer lo perdido al disolverse la Unión Soviética, a su juicio la mayor tragedia del siglo XX. Putin jugó con Trump. Y sigue jugando. Y ahí nos chocamos de nuevo con la desgraciada limitación del derecho internacional, porque, teniendo Rusia la posibilidad del veto en el Consejo de Seguridad, no hay nada para hacer en ese terreno. Todo se libra en el político y militar, donde una Europa débil militarmente hace lo poco que puede y Trump actúa con peligrosas oscilaciones que le han permitido al nuevo zar atacar despiadadamente la propia capital ucraniana.
En nuestro ámbito, recordemos que en 1983, cuando se vivió una extrema inestabilidad en América Central, con la amenaza cierta de una invasión estadounidense a Nicaragua, se formó el Grupo de Contadora. Dos años después, a los fundacionales México, Colombia, Panamá y Venezuela, nos sumamos Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, configurando el llamado Grupo de Apoyo. Al principio EE. UU. rechazó toda intervención nuestra, pero luego la aceptó y, dialogando una y otra vez, ganando tiempo, se pudo evitar un conflicto militar generalizado. Algo así ni se les ocurrió ahora a los gobiernos de la envejecida izquierda latinoamericana, tan frágiles en su convicción democrática, que prefirieron ser abiertos sostenes o cómplices de la dictadura venezolana. Salvo la honrosa excepción de Boric, todos navegaron en la complacencia, como nuestro Frente Amplio.
Todavía hoy Latinoamérica podría jugar un rol si con inteligencia se formara un grupo equilibrado en posiciones, capaz de contribuir a una posible transición democrática.
Volviendo al tema jurídico, para descalificar la intervención estadounidense se invoca el principio de no intervención, que Uruguay ha sostenido tradicionalmente, pero también con una larga polémica sobre sus excepciones. No olvidemos que durante la dictadura sosteníamos al unísono que la protección de los derechos humanos prevalecía y configuraba una excepción tan válida como la legítima defensa. No podemos ignorar que todos los tiranos se han abrazado a ese principio como una coraza. Fue nuestro debate con el herrerismo sobre la España franquista y el Paraguay de la larga dictadura de Stroessner. EE. UU. invoca en este caso la agresión de un Estado asociado notoriamente al narcotráfico que opera en su país. Es un argumento de valor jurídico y político. Lo debilita, sin embargo, cuando al mismo tiempo le da a la apropiación del petróleo por las compañías estadounidenses una preferencia que contamina el debate con una cruda expresión de intereses económicos.
Recuerdo que durante la cumbre Iberoamericana de Oporto, en 1998, llega la noticia de que el general Pinochet había sido detenido en Londres por un juez ordinario de la capital. Expectantes por lo que dijera Fidel, notorio colega del chileno aunque en el otro extremo ideológico, su razonamiento fue: “esto es moralmente plausible, jurídicamente discutible y políticamente un error, que mete a Chile en todo un problema”.
Podemos hoy coincidir en que, aunque jurídicamente sea discutible detener a Maduro, es moralmente plausible. El derecho entró en eclipse y tenemos que resignarnos a mirar la intervención estadounidense desde el terreno de las consecuencias políticas. Ella ha tenido el incuestionable mérito de desnudar ante el mundo el oprobio de una dictadura pura y dura, provocar la caída del dictador y la liberación de presos políticos que, aunque a regañadientes, va procesando el régimen. No es despreciable tampoco que las fuerzas militares venezolanas, cuya cúpula es parte del narco-Estado, sientan que son muy poca cosa frente al poderío norteamericano y que, así como le bombardearon su fortaleza de Tiuna, les pueden barrer del mapa su infraestructura.
Todo depende, entonces, de cómo se sigue. Esta intervención puede ser liberadora si culmina abriendo el espacio a una real autodeterminación del pueblo venezolano. Puede también degradarse como un mero acto abusivo de defensa de los intereses estadounidenses si se termina solo con una cirugía cosmética del régimen a cambio de la explotación petrolera. El modo como Trump ha manoseado la presencia de la heroica Premio Nobel María Corina Machado ha sido lamentable. Podía pensar que políticamente no era su momento, pero no tenía por qué obligarla a hincarse ante él para que la recibiera, con el premio de la medalla del Nobel.
Pese a todos los pesares, la esperanza sigue abierta. Cayó el tirano, no el régimen. Sin embargo, sufre una dura derrota y el peso de una intervención poderosa luego de años de inmovilismo interno y parálisis externa.
El derecho está en pausa. La política se ejerce ahora en términos de poder y la moral es una moneda tirada al aire que no sabemos de qué lado caerá.
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