Edición Nº 1078 - Viernes 24 de abril de 2026

Demagogia turística

Edición Nº 1078 - Viernes 24 de abril de 2026. Lectura: 3'

Por Juan Carlos Nogueira

El nuevo “turismo social” reabre una discusión incómoda: el uso de recursos públicos para financiar beneficios discrecionales. Bajo una estética moderna y un discurso inclusivo, el programa plantea interrogantes sobre prioridades, costos y el riesgo de convertir políticas sociales en herramientas de captación política.

Los gobiernos de izquierda se especializan en usar fondos públicos para financiar políticas demagógicas. La última versión local se presenta como “turismo social” y viene envuelta en una interfaz digital prolija.

La propuesta es simple: subsidios escalonados para viajar del 20%, 40% o 100%, según ingresos. Incluye dos noches, traslado y comida. Pero hay una pregunta que no aparece: ¿quién lo paga?

Lo paga quien ya paga todo: el contribuyente. No se le pregunta si prefiere destinar esos recursos a hospitales, escuelas o seguridad. Tampoco si cree que subsidiar viajes es prioritario. Simplemente se le cobran impuestos. Es que su rol es más modesto: aportar en silencio mientras otros administran el derroche.

Se dirá que no es gasto, sino inversión. Que reactiva el turismo, sobre todo fuera de temporada. Puede ser. Pero entonces conviene poner los números arriba de la mesa: cuánto cuesta, a cuántos beneficia y qué otras cosas se dejan de financiar.

Esos datos rara vez se publican con claridad. Y cuando aparecen, quedan enterrados en informes técnicos.

Mientras tanto, quedan en segundo plano discusiones más difíciles: cuánto gasta el Estado, en qué y con qué resultados. Reducir costos propios nunca tiene el glamour de inaugurar o de viajar.

Un ejemplo ayuda a ilustrar este punto. Se ha publicado que el presidente uruguayo está entre los mejor remunerados del continente, superado solo por Trump.

Más allá de la discusión metodológica, lo relevante no es el monto en sí, sino el peso relativo comparado con el PBI de cada país.

El resultado es desproporcionado: el sueldo de Orsi afecta 150 veces más a nuestro PBI que lo que afecta el sueldo de Trump al PBI de Estados Unidos.

Ajustar privilegios internos no corta cintas ni rinde aplausos. Es más fácil repartir que recortar, sobre todo cuando el costo está socializado y el beneficio es político.

Nadie discute que hay gente que necesita ayuda. La duda es si este programa es la mejor forma de usar los recursos públicos.

Pero ni siquiera es el costo lo más preocupante. Es un gasto menor comparado con lo que cuestan los sueldos de gobernantes o lo que costaron ciertos fracasos frenteamplistas: ANCAP, la regasificadora, el puerto de aguas profundas, la estancia María Dolores, entre otros.

En mi opinión, hay algo menos visible, pero mucho más grave y perverso. Estas políticas refuerzan la idea de que acceder a ciertos placeres depende menos del esfuerzo propio que de recurrir a la ventanilla correcta. En ese proceso, el gobierno transforma derechos en favores, y a los ciudadanos en clientes con voto cautivo.

Cuando el gobierno se vuelve generoso con el dinero público, la solidaridad deja de ser virtud y se transforma en demagogia.

Al final, el “turismo social” no es otra cosa que la representación fiel de la filosofía del gobierno: "No se esfuerce, el gobierno provee y la cuenta (y nuestro salario) la paga otro. Eso sí, no se olvide de votarnos".



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