Correo de los Viernes - Déficit de vivienda: entre el dolor social y el fracaso de la función del suelo

Déficit de vivienda: entre el dolor social y el fracaso de la función del suelo

Viernes 19 de diciembre de 2025. Lectura: 6'

Por Alicia Quagliata

La vivienda como derecho postergado por fallas en el suelo, el crédito y la gestión.

La falta de acceso a la vivienda es una herida abierta en la sociedad. Cuando los intereses de unos pocos distorsionan el mercado y afectan el bienestar que un país libre, republicano y democrático debería garantizar, el dolor es inmenso. Hablamos de miles de viviendas que faltan y la pregunta es ineludible: a este ritmo, ¿cuántos años necesitaremos para erradicar el déficit habitacional?

Las raíces del problema: pobreza y exclusión como motores

Las causas del déficit habitacional son profundas: la pobreza y la exclusión son los motores principales.

La exclusión se manifiesta en un sentido amplio. Por un lado, la exclusión económica surge cuando una persona o familia queda sin ingresos o nace en un entorno de alta vulnerabilidad, lo que le impide acceder al mercado laboral formal o a un desarrollo económico sostenible. Por otro, la exclusión social y humana va más allá del ingreso e incluye la falta de acceso a la educación, la salud y las oportunidades para forjar un camino productivo, con empleo estable, apoyo financiero y conocimiento.

El problema, aunque se caracteriza por la dificultad económica, es en realidad un complejo entramado de carencias de capacidades y oportunidades para la integración social plena.

Ejes de la solución: financiamiento, articulación y gestión ejecutiva

La solución requiere una intervención multisectorial y un compromiso político inquebrantable, centrado en pilares de acción claros.

Es crucial garantizar el financiamiento de largo plazo. Esto implica relanzar y modernizar el rol de las instituciones financieras públicas, articulándolas de manera eficiente con los programas de acceso a la vivienda y con políticas sociales de amplio espectro. De igual importancia es definir un marco regulatorio claro que articule la participación del sector privado, tanto en el financiamiento como en la construcción e instrumentación de las acciones.

Además, se necesita profundizar la participación social, ampliando la voz y la acción de la sociedad civil, especialmente de aquellos sectores organizados que reivindican el derecho a la vivienda, a la ciudad y a la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, se requiere impulsar la gestión ejecutiva y la continuidad política. Esto supone un gobierno que articule a todos los actores con plazos definidos y auditorías internas. Para asegurar la sostenibilidad de las políticas habitacionales, es imprescindible promover acuerdos político-partidarios que trasciendan los cambios de gobierno, priorizando la actualización de procedimientos y la simplificación administrativa que hoy dificultan la ejecución de los recursos.

Los avances en ejecución: reconociendo la acción de gobierno

Es fundamental reconocer que el gobierno, con la participación activa de sectores como el Partido Colorado en la Coalición Republicana, ha puesto en marcha o potenciado herramientas clave, demostrando compromiso en áreas específicas:

• Impacto en el medio rural (MEVIR): Se ha fortalecido el rol de MEVIR (Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), con un plan ambicioso de entregar miles de viviendas en zonas rurales y pequeñas localidades durante el quinquenio. Esta acción, destacada por autoridades coloradas, es esencial para la salud, la educación y para fijar población en el interior del país.
• Foco en la vulnerabilidad extrema: El Plan Quinquenal de Vivienda ha priorizado la atención a los hogares vulnerables, concentrando esfuerzos en la erradicación de asentamientos irregulares mediante la continuidad y potenciación del Plan Avanzar y el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
• Diversificación del acceso: Se han impulsado programas específicos para facilitar el acceso a la vivienda a sectores desfavorecidos, como subsidios para jubilados y pensionistas, líneas para jóvenes, mejoras a la ley de vivienda promovida y el fomento del cooperativismo.

El pendiente estructural: asignaturas críticas de gobierno

A pesar de los avances, existen áreas estructurales donde las políticas aplicadas, incluidas las del Frente Amplio durante sus períodos de gobierno, han sido insuficientes para revertir la tendencia deficitaria:

Inacción frente a la especulación y el costo del suelo urbano: El mayor fracaso ha sido no dominar la variable del suelo. No se ha implementado de forma masiva y efectiva la función social de la propiedad urbana para combatir el acaparamiento y la tierra ociosa. Las herramientas de captación de plusvalías y los impuestos a los inmuebles desaprovechados existen en la letra, pero su aplicación ha sido mínima, manteniendo el costo del suelo como el principal obstáculo para la vivienda de interés social.
Carencia de un marco de financiamiento público no mercantilizado: La banca pública no ha sido reformada para asumir de forma categórica su rol social. Sigue faltando un Fondo Nacional de Vivienda y Hábitat (FONAVIH) con capitalización permanente y blindaje institucional. La ausencia de una línea de crédito hipotecario estable, masiva y de largo plazo (30 a 40 años), con tasas reales subsidiadas, excluye a amplios sectores de ingresos medios y bajos.
Burocracia y descentralización estancada: Persiste una lentitud y descoordinación frustrantes entre los distintos niveles de gobierno en la aprobación de proyectos. La prometida simplificación de trámites y la descentralización efectiva de la gestión del hábitat continúan siendo un cuello de botella.

Integración social: la clave para el hábitat digno

La política de vivienda no puede ser un compartimento estanco; debe integrarse con el acceso a la salud, la educación, los bienes culturales, los servicios sociales, la seguridad social, las infraestructuras urbanas y, por sobre todo, el trabajo.

La solución radica en consolidar puentes sólidos entre los distintos entes del Estado y la sociedad, con la convicción de que solo así se logrará crecimiento con igualdad e inclusión social.

En un país con un sistema democrático funcional y sin catástrofes naturales que lo paralicen, no podemos seguir ocultando el problema. Es una cuestión de compromiso y responsabilidad social.

Propuesta de acción final: consolidar y profundizar las políticas públicas actuales

Para transformar este dolor en una base sólida para el desarrollo, la acción inmediata debe ser consolidar y profundizar las líneas estratégicas en curso, dotándolas de un marco legal y financiero más robusto:

Blindaje normativo y financiero: Impulsar una Ley Nacional de Acceso a la Vivienda y al Hábitat Digno que institucionalice el FONAVIH e incorpore de forma efectiva la función social de la propiedad.
Racionalización del crédito social: Reestructurar la banca hipotecaria pública para priorizar el crédito social, con tasas subsidiadas y plazos de repago extensos.
Gestión intersectorial obligatoria: Crear Unidades de Gestión Interministerial con poder vinculante, que aseguren proyectos integrales y agilicen trámites.

La visión histórica como guía

Solo con voluntad política sostenida, blindaje financiero y gestión articulada será posible pasar de la emergencia a una solución estructural. El país debe recuperar la visión desarrollista que históricamente caracterizó al Partido Colorado en esta materia.

Ese legado, que fundó el Banco Hipotecario del Uruguay y promovió leyes clave de urbanización y construcción, debe ser actualizado. El futuro con equidad exige que los logros del pasado sean el piso —y no el techo— de las soluciones que la sociedad reclama hoy.