Correo de los Viernes - De la Espriella y una fortuna que exige explicaciones

De la Espriella y una fortuna que exige explicaciones

Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 3'

La fortuna de Abelardo de la Espriella, construida como abogado de clientes controvertidos y ampliada mediante inversiones inmobiliarias, enfrenta cuestionamientos por el origen de algunos fondos y por operaciones bajo escrutinio en Estados Unidos. No existen condenas contra él, pero sí preguntas que reclaman respuestas documentadas.

La fortuna de Abelardo de la Espriella tiene un origen conocido: su actividad como abogado penalista, complementada posteriormente con inversiones inmobiliarias y sociedades comerciales en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Pero la magnitud alcanzada por su patrimonio y, sobre todo, algunos de los clientes y operaciones vinculados a su carrera profesional han generado cuestionamientos que hoy trascienden las fronteras colombianas.

De la Espriella comenzó su carrera en 1999 y fundó su propia firma en 2002. Su ascenso económico coincidió con la defensa de personajes de enorme poder y capacidad financiera, entre ellos jefes paramilitares, empresarios investigados por corrupción y David Murcia Guzmán, fundador de DMG. También asesoró durante años a Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro), empresario señalado por Estados Unidos como pieza central de una trama de lavado de dinero vinculada al régimen venezolano.

La relación con Saab es uno de los capítulos más sensibles. Documentos difundidos por investigaciones periodísticas registran pagos por unos US$375.000 realizados en 2014 por empresas vinculadas a Saab a De la Espriella. El abogado sostiene que correspondieron a honorarios profesionales y que terminó su relación con Saab en 2019, cuando la investigación estadounidense contra éste ya había avanzado.

La dimensión estadounidense del caso es particularmente relevante. De acuerdo con una investigación de The New York Times, fiscales federales de Florida y Nueva York examinaron el entorno financiero de De la Espriella mientras investigaban el movimiento de dinero de Saab. Además, en junio de 2026, once congresistas estadounidenses solicitaron al Departamento de Justicia, al Tesoro y al Departamento de Estado que investigaran sus negocios y propiedades en Florida, así como el origen de los fondos utilizados para determinadas adquisiciones.

La estructura patrimonial tampoco es sencilla. Investigaciones periodísticas identificaron decenas de sociedades relacionadas con De la Espriella y su familia en Colombia, Panamá y Florida, además de numerosas propiedades. Entre ellas figura una residencia en Miami cuyo valor registral ronda los US$5,1 millones. En Colombia, se identificaron también inversiones inmobiliarias de considerable magnitud.

Otro episodio cuestionado fue la compra, en 2013, de un terreno de 178 hectáreas en Cesar perteneciente a una familia vinculada al paramilitarismo y al narcotráfico. La operación no demuestra que De la Espriella haya participado en actividades ilícitas, pero sí agrega interrogantes sobre el conocimiento que tenía acerca del origen y antecedentes de algunos de los bienes adquiridos.

Nada de esto permite afirmar que la fortuna de De la Espriella sea producto del narcotráfico o del lavado de dinero. No existe una condena ni una acusación penal estadounidense contra él por esos hechos. Tampoco es ilícito que un abogado defienda a personas acusadas de delitos ni que cobre honorarios elevados.

El problema es otro: la distancia entre una explicación legalmente posible y una explicación suficientemente documentada.

De la Espriella ha construido buena parte de su identidad política sobre la independencia que le otorgaría su patrimonio: sostiene que, al financiarse a sí mismo, no depende de empresarios, contratistas ni estructuras partidarias. Precisamente por eso, la transparencia sobre el origen de ese patrimonio adquiere una importancia política mayor.

La cuestión ya no es cuánto dinero tiene De la Espriella. Es si puede explicar, con documentación suficiente, cómo lo obtuvo, quiénes fueron sus principales clientes, qué relación tuvo con los negocios de éstos y cómo llegaron esos recursos a convertirse en el patrimonio que hoy exhibe.

Las investigaciones periodísticas no constituyen una condena. Pero las preguntas que plantean tampoco pueden ser descartadas simplemente como una campaña política. Para un presidente que hizo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción una de sus principales banderas, la explicación de su propia fortuna forma parte de la legitimidad que deberá demostrar.