El martes de la semana pasada, se conoció la noticia de que el Directorio del INAU presentará una demanda contra el funcionario José Ignacio López, hijo del vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, por irregularidades administrativas. Según lo revelado en diversos medios, López habría falsificado la firma de su supervisora para adjudicarse -y cobrar- de manera indebida unas 40 horas extras por mes, durante un período de cuatro años, totalizando 1.920 horas.

La investigación interna iniciada en diciembre de 2022 arrojó luz sobre las prácticas irregulares de López, que desempeñaba funciones de administrativo en el Centro de Breve Estadía Masculino del INAU. Se constató que López no solo habría manipulado registros para cobrar horas extras sin autorización, sino que también habría omitido firmar el libro de entrada y salida en reiteradas ocasiones.

El modus operandi de López fue descrito como sofisticado por fuentes del INAU, quienes señalaron que durante el proceso de investigación, los libros de firmas fueron adulterados nuevamente, esta vez para justificar las horas extras. Se agregaron entradas y salidas falsas, incluso durante el período de la pandemia, dando la impresión de haber trabajado en horarios no habituales para justificar el cobro indebido.

Ante estas graves acusaciones, según se supo el martes de la semana pasada, el directorio del INAU ha decidido emprender acciones legales contra José Ignacio López. Se ha anunciado la presentación de una denuncia penal y una demanda civil por el beneficio económico indebido obtenido a través de estas prácticas fraudulentas. Además, se está a la espera de un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para determinar la posible destitución del funcionario.

La situación de López nos recuerda a otro caso tan reciente como reprochable. Nos referimos a lo ocurrido con el gremio educativo Fenapes, donde varios docentes, con la anuencia del gobierno frentista, justificaron cientos de horas de inasistencias por "actividades sindicales" basándose en una norma inexistente.

La presencia de estos casos revela la necesidad de una supervisión rigurosa y continua para evitar abusos. La decisión del Directorio del INAU, como la de la ANEP en el caso de los certificados docentes truchos, envía un mensaje claro: ¡la corrupción no será tolerada bajo ninguna circunstancia!