De París a Milán: violencia, saqueos y toques de queda
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 9'
 Los graves disturbios en Francia e Italia han llevado a ambos gobiernos a adoptar medidas extraordinarias de seguridad. Macron restringe las manifestaciones y mantiene toques de queda parciales, mientras Meloni endurece las penas contra la violencia callejera y despliega militares en Milán. La participación juvenil, los saqueos y las convocatorias a través de las redes sociales plantean un desafío que trasciende las fronteras nacionales.
Los disturbios que sacuden Francia e Italia desde el pasado fin de semana han adquirido una dimensión que trasciende las protestas sociales que les dieron origen. Comercios saqueados, barricadas incendiadas, edificios públicos atacados y enfrentamientos con las fuerzas policiales obligaron a ambos gobiernos a adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden.
En Francia, Emmanuel Macron ha pasado de los toques de queda parciales a una política de restricciones de las manifestaciones que considera susceptibles de desembocar en nuevos episodios violentos. En Italia, Giorgia Meloni aprobó un decreto que establece nuevos delitos y sanciones, además de reforzar la seguridad de Milán con 500 militares.
Los acontecimientos tienen un origen parcialmente semejante: el encarecimiento de la vida, los salarios insuficientes y el deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, muestran también un fenómeno particularmente preocupante: la aparición de grupos violentos capaces de organizarse mediante las redes sociales y de actuar al margen de las estructuras políticas y sindicales tradicionales.
Italia: del saqueo al endurecimiento penal
En Milán, las manifestaciones contra el costo de vida derivaron en graves incidentes, especialmente en los alrededores de la Piazza del Duomo. Grupos de jóvenes encapuchados incendiaron barricadas, atacaron a las fuerzas policiales y saquearon establecimientos comerciales. Los disturbios también alcanzaron a Turín, Bolonia y otras ciudades.
La presencia de menores fue uno de los datos más llamativos. Durante los incidentes del domingo, 271 personas fueron conducidas a dependencias policiales, de las cuales 220 eran menores de edad. Posteriormente, las autoridades italianas elevaron a unas 330 las personas identificadas o detenidas en relación con los disturbios registrados en distintas ciudades.
Entre los menores identificados en Milán apareció incluso un niño de 11 años, presuntamente involucrado en el saqueo de un comercio.
La reacción gubernamental fue inmediata. El martes 20, Meloni aprobó un decreto de seguridad que introduce un nuevo delito de participación violenta en manifestaciones, castigado con penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Para quienes organicen grupos destinados a cometer actos violentos, incluso mediante convocatorias digitales, se establecen penas que pueden alcanzar los doce años.
El decreto también facilita determinados procedimientos contra menores infractores y establece sanciones económicas para los padres por daños ocasionados por sus hijos.
La decisión de desplegar 500 militares adicionales en Milán provocó, además, una significativa intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella. El gobierno pretendía otorgarles facultades de policía judicial, incluidas determinadas atribuciones para efectuar detenciones. Mattarella objetó esa disposición y logró que fuera retirada del decreto antes de su aprobación. No se trató, por tanto, de un veto formal, sino de una intervención preventiva del jefe del Estado. Los militares actuarán en tareas de vigilancia y apoyo, sin asumir aquellas competencias policiales.
El alcalde milanés, Giuseppe Sala, respaldó el refuerzo militar, aunque insistió en la necesidad de atender también las causas del problema juvenil.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aportó una precisión importante: hasta el momento no existen pruebas de que los adolescentes participantes hayan sido manipulados por organizaciones externas. De este modo, las especulaciones sobre una operación deliberada de desestabilización carecen todavía de respaldo comprobado.
El nuevo dispositivo tendrá su primera prueba este sábado 24, cuando están previstas nuevas manifestaciones y las autoridades temen que vuelvan a producirse enfrentamientos.
Francia: los toques de queda y las prohibiciones
En Francia, la gravedad de los acontecimientos es considerablemente mayor.
Las protestas comenzaron en setiembre con movilizaciones estudiantiles contra la falta de profesores y el deterioro de los centros educativos. Posteriormente se incorporaron reivindicaciones relacionadas con el encarecimiento de la vida, los salarios y los servicios públicos.
El sábado 17 de octubre participaron unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y 800.000 de acuerdo con los organizadores. La mayoría se manifestó pacíficamente, pero grupos violentos protagonizaron saqueos, incendios y enfrentamientos policiales en numerosas ciudades.
Entre los episodios más graves sobresale el incendio que prácticamente destruyó el Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX.
Según el balance presentado el miércoles por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se habían registrado unas 2.500 custodias policiales, con 917 personas remitidas a la Justicia y 174 encarcelamientos.
Las autoridades establecieron toques de queda parciales en sectores de París, Lyon, Lille y otras localidades. Algunas restricciones afectan a toda la población y otras exclusivamente a menores de edad.
Pero la respuesta gubernamental no se detuvo allí.
Este jueves 22, Macron reunió a los responsables de los servicios de inteligencia y anunció una política de mayores restricciones para las próximas manifestaciones. Su orientación es impedir, cuando jurídicamente resulte posible, las convocatorias realizadas por grupos sin reconocimiento institucional, mientras las organizadas por sindicatos podrán ser autorizadas con recorridos alternativos para proteger comercios y edificios públicos.
Las autoridades ya han prohibido manifestaciones previstas para el sábado en Lyon, Marsella y otras ciudades. En Marsella, además, se anunció la suspensión del transporte público durante 24 horas y la ampliación temporal del toque de queda a los adultos en determinados sectores.
La preocupación es tal que el Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais permanecerán excepcionalmente cerrados el sábado.
Sin embargo, también apareció un límite judicial a las restricciones. Este jueves, un tribunal administrativo suspendió la prohibición de una manifestación estudiantil en París. Miles de personas pudieron concentrarse pacíficamente bajo vigilancia policial, aunque las autoridades restringieron posteriormente el desplazamiento del cortejo.
La decisión pone de manifiesto una tensión inevitable: el Estado debe combatir la violencia, pero también preservar el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Macron atribuyó parte de los disturbios a grupos de izquierda radical que, según sostuvo, perseguían objetivos de desestabilización institucional. No obstante, la fiscal de París, Laure Beccuau, informó que ninguno de los aproximadamente 300 imputados que habían comparecido inicialmente ante magistrados reivindicó motivaciones políticas en los hechos investigados.
Esto no descarta la participación de grupos ideologizados, pero demuestra la necesidad de distinguir las responsabilidades concretas de las interpretaciones políticas.
Dos países, semejanzas y diferencias
La comparación muestra que, aunque Francia atraviesa una crisis mucho más extensa y de raíces más antiguas, Italia está experimentando modalidades de violencia urbana semejantes, especialmente por la participación juvenil y la rapidez de organización de los incidentes.
Una violencia que ya no necesita partidos
Uno de los aspectos más preocupantes es la transformación de los mecanismos de movilización.
Tradicionalmente, las grandes protestas necesitaban sindicatos, partidos u organizaciones capaces de convocar, coordinar y negociar. Las redes sociales permiten ahora reunir grupos numerosos en pocas horas, sin dirigentes reconocibles ni interlocutores que puedan asumir responsabilidades.
Esta circunstancia no convierte en violentas a las movilizaciones espontáneas. Sin embargo, facilita que grupos interesados en provocar incidentes puedan aprovechar concentraciones legítimas y desplazarse rápidamente de un lugar a otro.
Conviene distinguir tres realidades frecuentemente confundidas: el ciudadano que protesta por sus condiciones de vida, el activista radicalizado que busca la confrontación política y el delincuente que aprovecha el desorden para saquear.
Que coincidan en las calles no significa que tengan los mismos objetivos. Tampoco autoriza a responsabilizar a todos los manifestantes por los delitos de una minoría.
El malestar económico sigue presente
Italia ofrece otro ejemplo de que la conflictividad social no desaparece con el restablecimiento del orden público.
Las protestas de transportistas contra el precio del gasóleo provocaron durante esta semana graves dificultades de abastecimiento en Sicilia, Calabria y Campania. Supermercados, estaciones de combustible, hospitales e industrias sufrieron las consecuencias de los bloqueos de carreteras.
Algunas empresas suspendieron temporalmente la producción, entre ellas establecimientos alimentarios y fábricas automotrices.
Este jueves, el gobierno de Meloni aprobó nuevas ayudas fiscales para los transportistas, con recursos adicionales para los sectores agrícola y pesquero. Tras las negociaciones, comenzaron a levantarse bloqueos en Sicilia y Calabria, aunque subsisten dificultades en otras zonas.
Se trata de un conflicto diferente al de los saqueos juveniles de Milán, pero su simultaneidad demuestra que existe un malestar económico que no puede resolverse exclusivamente con medidas policiales.
También en Francia los sindicatos mantienen una convocatoria de movilización para el 5 de noviembre, después de reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu sin obtener respuestas satisfactorias a sus reivindicaciones.
El desafío de las democracias
Los gobiernos de Meloni y Macron, de orientaciones políticas diferentes, enfrentan problemas de seguridad parcialmente semejantes.
La violencia no puede ser tolerada bajo el pretexto del malestar social. Cada comercio saqueado representa pérdidas para sus propietarios, amenazas para sus trabajadores y perjuicios para una comunidad que tiene derecho a vivir sin miedo.
Pero tampoco puede suponerse que el endurecimiento penal, por necesario que resulte frente a los delitos, resolverá por sí solo las dificultades económicas, educativas y sociales que alimentan las protestas.
La experiencia francesa resulta especialmente aleccionadora. Desde los disturbios de 2005 hasta los chalecos amarillos de 2018 y los episodios de 2023, el país ha atravesado sucesivas crisis que pusieron de manifiesto problemas persistentes de integración, desigualdad y desconfianza hacia las instituciones.
Italia enfrenta ahora el desafío de impedir que los acontecimientos recientes se transformen en un fenómeno recurrente. Francia debe evitar que una conflictividad social de larga duración continúe derivando periódicamente en situaciones de violencia extrema.
El denominador común es inquietante: las democracias europeas están enfrentando una violencia urbana capaz de adquirir dimensiones nacionales sin necesidad de grandes organizaciones políticas y que encuentra en las redes sociales un instrumento extraordinariamente eficaz para su propagación.
La libertad de manifestación y la vigencia del Estado de derecho no son principios contrapuestos. Por el contrario, preservar ambos resulta indispensable para que el descontento pueda expresarse democráticamente sin que las calles queden a merced de quienes optan por la violencia.
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