Correo de los Viernes - De Chicotazo a Mujica: la tentación de venerar un personaje

De Chicotazo a Mujica: la tentación de venerar un personaje

Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 11'

Por Juan Carlos Nogueira

Hay políticos cuya influencia sobrevive a su muerte en las instituciones que crearon o en las ideas que dejaron. Otros sobreviven, sobre todo, como personajes. Benito Nardone, Chicotazo, pertenece en buena medida a esta segunda categoría.

Nardone fue, esencialmente, un político populista orientado al poder. Convirtió una reivindicación legítima —la defensa del pequeño y mediano productor rural— en una formidable maquinaria política personalista. Su discurso podía expresar problemas reales del interior del país, pero su doctrina fue deliberadamente flexible y sus posiciones cambiaron con notable facilidad cuando cambiaron sus alianzas.

Un hombre que en su juventud estuvo fuertemente influido por el ambiente anarquista, pasó luego al batllismo, del batllismo al nacionalismo y del nacionalismo a un ruralismo conservador demuestra una extraordinaria capacidad de adaptación política. Esa plasticidad puede ser interpretada como pragmatismo, intuición o capacidad de comprender los cambios sociales. Pero también puede ser vista como una ausencia de principios estables.

Más que una ideología definida, el chicotacismo terminó siendo una identidad política alrededor de Nardone.

Sería injusto negar sus éxitos. Nardone consiguió movilizar políticamente a sectores rurales que hasta entonces habían tenido una representación mucho menor en la vida pública nacional. Construyó una organización de considerable influencia y su alianza con el herrerismo fue decisiva para el triunfo del Partido Nacional en 1958 y llegó a integrar el Consejo Nacional de Gobierno.

Pero también se puede medir el éxito de un político mirando qué queda de su movimiento después de su muerte. Nardone murió en 1964. La Liga Federal de Acción Ruralista no consiguió conservar después de Nardone el peso político que había alcanzado bajo su conducción. El ruralismo, en cambio, sobrevivió como corriente de opinión en determinados sectores del interior. Lo que quedó fue la anécdota del personaje Chicotazo.

Quizá allí aparezca el límite de todo populismo personalista. Cuando desaparece el líder, hay que ver cuánto queda del movimiento.

El problema no fue que Nardone defendiera al campo. Tampoco que denunciara los privilegios de determinados sectores urbanos ni que reclamara una mayor atención para el interior. Muchas de esas reivindicaciones eran legítimas. Pero cuando la defensa de intereses legítimos se convierte en un instrumento para alcanzar objetivos personales, deja de ser una reivindicación y pasa a ser una herramienta de poder.

Uno de los hombres que surgiría de aquella corriente sería Juan María Bordaberry, quien llegó a presidir la Liga Federal de Acción Ruralista. Bordaberry no llegó al poder desde la tradición intelectual del batllismo colorado ni como jefe de una corriente política consolidada. Provenía del mundo ruralista y era, además, un conservador católico, cuyas ideas políticas evolucionarían hacia una crítica cada vez más radical del liberalismo político y del sistema de partidos.

Pero existe entre ambos una semejanza más profunda. Tanto Nardone como Bordaberry desarrollaron una relación problemática con las instituciones intermedias de la democracia.

Nardone utilizó el antipartidismo para construir una representación política que pretendía hablar directamente en nombre del hombre de campo, por encima de las estructuras partidarias tradicionales. Bordaberry llevaría esa lógica mucho más lejos. Su desconfianza hacia los partidos terminaría convirtiéndose en una desconfianza hacia el propio sistema institucional. Lo que en Nardone fue una herramienta para conquistar espacio dentro del sistema, en Bordaberry terminó convirtiéndose en la justificación para colocarse por encima de él.

Hay otro aspecto que debe considerarse cuando se analiza el ascenso de Bordaberry. Llegó a la Presidencia porque fracasó el proyecto de reforma constitucional que pretendía permitir la reelección de Jorge Pacheco Areco. El liderazgo popular era el de Pacheco. Bordaberry era, comparativamente, un hombre de escaso peso electoral propio.

Pacheco necesitaba un candidato capaz de preservar el poder político que había construido. Y eligió como alternativa a un hombre que parecía suficientemente manejable para garantizar la continuidad de su política. Allí estuvo, probablemente, uno de sus mayores errores.

Bordaberry asumió el 1.º de marzo de 1972 en medio de una crisis subversiva real y extremadamente grave.

El MLN-Tupamaros había desarrollado una estructura clandestina importante y en 1972 produjo una escalada de violencia que llevó al Estado a adoptar medidas extraordinarias. El Parlamento declaró el estado de guerra interno y suspendió garantías individuales. Las Fuerzas Armadas adquirieron un papel central en la conducción de la lucha antisubversiva.

El 9 de febrero de 1973 los mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea se rebelaron contra la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa. La Armada permaneció leal y respaldó la institucionalidad constitucional, en claro enfrentamiento con las otras dos fuerzas.

En aquel momento de compromiso, la Armada fue la única de las tres fuerzas que se mantuvo alineada con el orden constitucional. En las barricadas de la Ciudad Vieja solo había marinos. Ningún político.

Bordaberry, sin embargo, terminó dando la espalda a la Armada y aceptando el acuerdo de Boiso Lanza, que institucionalizó de hecho la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en la conducción política. A partir de entonces, el poder militar adquirió una autonomía política creciente y Bordaberry comenzó a gobernar bajo su tutela.

Pudo haberse dado cuenta de que estaba entrando en una relación de fuerzas que difícilmente podría controlar. Es posible que pensara que la crisis le ofrecía la oportunidad de construir el régimen político autocrático que años después defendería en un artículo publicado en Búsqueda. Fuera cual fuera su cálculo, el resultado fue que llegó a la Presidencia por la vía constitucional y terminó participando en la destrucción del orden constitucional.

Cuando Bordaberry disolvió las Cámaras el 27 de junio de 1973, el MLN estaba militarmente derrotado desde el año anterior. La amenaza tupamara ya no tenía la dimensión militar que había tenido en 1972. Por eso resulta insuficiente explicar el golpe exclusivamente como una respuesta a la subversión.

La lucha contra el terrorismo había producido una concentración extraordinaria de poder en las Fuerzas Armadas. No solo habían adquirido un prestigio considerable ante la población. También habían acumulado información sobre políticos y dirigentes que aumentaba todavía más su poder.

La disolución del Parlamento fue una ruptura deliberada del orden constitucional. Pero para que esa ruptura fuera posible había sido necesario un deterioro político e institucional que venía de mucho antes.

Algunas voces de políticos se alzaron, pero ya era tarde. El golpe había sido en febrero y no recuerdo que se les haya ocurrido ir a las barricadas. Lo de junio fue apenas protocolar.

Bordaberry fue responsable del golpe.

Pudo haber imaginado que estaba utilizando a las Fuerzas Armadas para construir su propio proyecto de poder. Si fue así, se equivocó. Los militares lo estaban utilizando a él. Sin estructura política propia, una vez disuelto el Parlamento, su debilidad se hizo todavía mayor. Durante un breve período pudo creer que había instaurado un régimen presidencial fuerte. Pero el poder real estaba en otra parte.

En 1976 los militares consideraron que Bordaberry era prescindible y lo sustituyeron por Alberto Demicheli, que tampoco permaneció mucho tiempo. Cuando se negó a acompañar determinadas decisiones del régimen, fue sustituido por Aparicio Méndez. Méndez, originario del Partido Nacional, proporcionó durante cinco años la fachada civil y jurídica que el régimen necesitaba, hasta que en 1981 fue sustituido por el general Gregorio Álvarez.

En 1980 el régimen intentó institucionalizar su proyecto mediante una nueva Constitución, pero el plebiscito rechazó la reforma constitucional con el 57 % de los votos. A partir de entonces comenzó un proceso gradual de apertura y negociación política que desembocaría en las elecciones de 1984 y en la asunción de Julio María Sanguinetti el 1.º de marzo de 1985.

El régimen que había nacido de la desconfianza hacia los partidos terminó necesitando negociar con ellos para abandonar el poder.

La cuestión, sin embargo, no termina con Nardone y Bordaberry. Ambos pertenecieron a mundos políticos diferentes y no deben confundirse. Tampoco puede establecerse una relación causal simple entre ambos. Lo que existe es una semejanza en la forma de concebir la relación entre el liderazgo y las instituciones.

En Nardone, el líder pretendía hablar directamente en nombre de quienes consideraba mal representados por los partidos. En Bordaberry, esa lógica llegó a un extremo mucho más grave: el líder terminó atribuyéndose el derecho de sustituir las instituciones que consideraba incapaces de resolver la crisis.

El movimiento de Nardone se diluyó tras su muerte. El proyecto personal de Bordaberry tampoco sobrevivió a su derrocamiento en 1976. Pero la ruptura institucional que había contribuido a producir continuó durante casi nueve años más.

No se trata de negar los problemas que denunciaron. El pequeño productor rural tenía problemas reales. La violencia política de los años sesenta y setenta también fue real. El sistema de partidos tenía defectos reales. La crisis económica y social fue real.

Pero un problema real no convierte automáticamente en legítima cualquier solución propuesta para resolverlo. Y mucho menos convierte en virtuoso al político que consigue convertir ese problema en una fuente de poder personal. Nardone fue eficaz. Bordaberry también lo fue, durante algún tiempo. Pero la eficacia política no es una virtud moral.

No importa cuánto poder consiguió un político. Lo que importa es qué hizo con él y, sobre todo, qué ocurrió cuando decidió que las instituciones eran el problema. Nardone, Bordaberry, incluso Mujica, pueden y deben ser estudiados. Fueron figuras controvertidas de la historia uruguaya. Pero estudiar a un personaje no obliga a venerarlo.

Por eso conviene mirar con cuidado la reivindicación contemporánea de ciertos personajes del pasado.

El problema del personalismo no termina con la desaparición del líder. Continúa con la construcción de su memoria. El político deja de ser juzgado por sus decisiones y empieza a ser recordado por el personaje que construyó. La memoria sustituye entonces al juicio, y la admiración termina ocupando el lugar que debería corresponder al análisis.

En estos días, Pedro Bordaberry acaba de publicar ¡Al trabajo y adelante! Vigencia y legado de Benito Nardone, Chicotazo, una biografía que reivindica la vigencia de la figura y del legado de Nardone. El hecho resulta particularmente significativo. Domingo Bordaberry, abuelo del autor, fue uno de los hombres que acompañaron a Nardone en la construcción del movimiento ruralista.

Algo similar, pero más preocupante, ocurre con la reciente publicación de Mi amigo Pepe, destinada al público infantil, que presenta a José Mujica desde una perspectiva reivindicativa y convierte su trayectoria —incluido su pasado criminal y terrorista— en parte de una narrativa esencialmente laudatoria. Resulta perverso utilizar precisamente la infancia como territorio para transmitir una interpretación política sin ofrecer las herramientas necesarias para cuestionarla. Un adulto puede leer una reivindicación de Mujica y confrontarla con otras interpretaciones, conocer la historia del MLN-Tupamaros, sus acciones violentas, sus víctimas, sus objetivos políticos y el contexto de la época. Un niño, en cambio, no dispone todavía de esos instrumentos. Presentarle entonces a un antiguo dirigente tupamaro como personaje admirable, sin el contexto histórico que permitiría juzgarlo, no es educación histórica sino manipulación de una conciencia todavía en formación.

Estos dos libros, desde posiciones ideológicas muy diferentes, incurren en la misma tentación de transformar al político en personaje y al personaje en modelo. No hay nada objetable en estudiar a Nardone, a Juan María Bordaberry o a Mujica, ni en escribir sobre ellos. El problema comienza cuando la historia deja de ser un objeto de conocimiento para convertirse en un instrumento de legitimación. La democracia no necesita ciudadanos que veneren dirigentes, sino ciudadanos capaces de conocer sus actos, comprender su tiempo y juzgarlos libremente.

Precisamente por eso conviene desconfiar de toda reivindicación que sustituya el análisis histórico por la admiración personal.

¿Qué pueden pretender estos dos libros a los que me he referido?

En el caso del de Mujica, la respuesta parece bastante evidente.

En cuanto al libro sobre Nardone, no sabemos si pretende recuperar la figura de Chicotazo, reivindicar el ruralismo o a un político posterior de esa corriente. Pero si la intención fuera presentar a Nardone como un antecedente histórico de la convergencia entre blancos y colorados que hoy busca consolidarse en la coalición republicana, se habría elegido un ejemplo particularmente poco afortunado. Nardone no construyó su movimiento sobre la búsqueda de una síntesis entre las tradiciones partidarias, sino sobre una identidad política fuertemente personalista y ruralista que, en determinados momentos, utilizó las alianzas entre partidos como instrumentos para alcanzar el poder.

Cuando un político intenta convencernos de que representa al pueblo mejor que las instituciones que lo representan, conviene preocuparse. Y cuando se pretende convertirlo en un personaje que debe ser admirado antes de ser juzgado, se deja de hacer historia y se empieza a hacer culto.