Edición Nº 1086 - Viernes 26 de junio de 2026

Cuba abre una nueva era

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 6'

La aprobación de un paquete de 176 reformas económicas por parte del gobierno cubano constituye uno de los acontecimientos políticos más relevantes en la historia de la isla desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. La apertura a la banca privada, la participación de capitales particulares en empresas estatales, la liberalización parcial del mercado cambiario y el fin gradual de los subsidios universales representan una revisión profunda de pilares ideológicos que durante décadas fueron considerados intocables. La pregunta ya no es si la dictadura cubana está cambiando, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para evitar el colapso económico. En cualquier caso, es el reconocimiento claro de que el socialismo es una fantasía trasnochada que no ha funcionado nunca.

Más allá de la retórica oficial, las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional constituyen una admisión tácita de que el modelo económico vigente ha dejado de ser capaz de sostener a la sociedad cubana. El gobierno de Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentaron las medidas como una actualización necesaria para preservar el socialismo. Sin embargo, la magnitud de los cambios revela algo más profundo: la aceptación de que los mecanismos tradicionales de planificación centralizada no generan riqueza suficiente para financiar el propio sistema.

La crisis actual es probablemente la más grave desde el llamado “Período Especial” de los años noventa. La economía acumula varios años de contracción, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo, los apagones se han vuelto habituales, la producción agrícola continúa desplomada y cientos de miles de cubanos han emigrado.

En ese contexto, el Estado cubano llegó a una conclusión que hace apenas una década habría parecido políticamente imposible: sin crecimiento económico no hay recursos para sostener el modelo social que pretende defender.

Qué cambia realmente

Las reformas van mucho más allá de simples ajustes administrativos.

Entre las medidas más relevantes aparecen la autorización de bancos privados, la creación de un mercado cambiario digital con cotización más cercana a la realidad económica, la posibilidad de que empresas estatales se transformen en sociedades por acciones, la participación de capital privado nacional y extranjero en sectores hasta ahora reservados al Estado, y la eliminación progresiva de subsidios universales para sustituirlos por ayudas focalizadas a los sectores más vulnerables.

También se flexibiliza el mercado laboral. Las empresas podrán diseñar sistemas salariales propios, contratar más trabajadores y, en determinados casos, despedir personal por razones económicas. Las cooperativas y empresas privadas recibirán mayores facultades para comerciar, importar y exportar.

En términos económicos, muchas de estas medidas se asemejan más a las reformas impulsadas por China desde fines de los años setenta o por Vietnam desde mediados de los ochenta que a cualquier política tradicionalmente asociada al socialismo cubano.

El verdadero mensaje político

La dimensión política de las reformas es incluso más importante que la económica.

Durante décadas, la legitimidad del régimen descansó en una promesa: el Estado controlaba la economía para garantizar igualdad social. Hoy, la propia dirigencia reconoce que ese contrato ya no puede sostenerse.

La frase utilizada por Díaz-Canel (“Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir”) sintetiza un cambio conceptual extraordinario. La prioridad ya no es la distribución de recursos generados por el Estado, sino la generación de riqueza, incluso si para ello es necesario recurrir a mecanismos de mercado que durante años fueron denunciados como incompatibles con la revolución.

Lo llamativo es que este giro cuenta con el respaldo explícito de Raúl Castro, cuya presencia simbólica durante el anuncio buscó transmitir una señal inequívoca: la vieja guardia también entiende que el inmovilismo ya no es una opción.

¿Una Cuba al estilo chino?

Muchos observadores han comparado las reformas con el modelo chino o vietnamita.

La analogía tiene sentido hasta cierto punto. En los tres casos aparece una combinación de apertura económica gradual con mantenimiento del monopolio político del partido gobernante.

Sin embargo, existen diferencias fundamentales.

China inició sus reformas cuando todavía disponía de una enorme reserva demográfica, una posición geográfica privilegiada para la inversión extranjera y un contexto internacional favorable.

Cuba, en cambio, enfrenta el proceso desde una situación mucho más complicada: población envejecida, fuerte emigración, escasez de divisas, infraestructura deteriorada y un entorno geopolítico hostil.

Además, las reformas llegan después de décadas de intentos parciales que fueron frenados, revertidos o aplicados de manera inconsistente.

Por eso, el principal desafío no será aprobar medidas, sino ejecutarlas.

El factor Estados Unidos

Resulta imposible entender este giro sin considerar la presión estadounidense.

La administración de Donald Trump endureció las sanciones económicas, restringió operaciones financieras y aumentó las dificultades para acceder a combustible y divisas. Las autoridades cubanas atribuyen buena parte de la crisis a esas medidas.

Sin embargo, incluso economistas cercanos al oficialismo reconocen que los problemas estructurales de productividad, burocracia y centralización son anteriores a las sanciones actuales.

La realidad parece situarse entre ambas explicaciones: la presión externa agravó una crisis que ya estaba incubándose desde hacía años.

Lo que puede esperarse ahora

Las reformas probablemente generen algunos resultados positivos en el corto plazo.

Es posible que aumenten ciertas inversiones, que se dinamice parte del sector privado y que aparezcan nuevos incentivos para producir y exportar. También podrían mejorar gradualmente la disponibilidad de bienes y servicios.

Pero el proceso tendrá costos.

La eliminación de subsidios y la devaluación de la moneda probablemente provoquen un aumento inicial de las desigualdades y una pérdida adicional del poder adquisitivo para muchos hogares. La transición desde una economía altamente subsidiada hacia otra más orientada al mercado rara vez es socialmente indolora.

La gran incógnita es política. Si las reformas generan crecimiento, el Partido Comunista podría fortalecer su permanencia en el poder mediante una fórmula similar a la aplicada por China y Vietnam: más mercado, pero sin apertura política. Si fracasan o avanzan demasiado lentamente, el descontento social podría intensificarse.

El fin de una era

Lo ocurrido en La Habana esta semana no implica, por ahora, el abandono total del socialismo, pero sí marca el final de una etapa histórica.

Por primera vez desde la Revolución, el Estado acepta formalmente que el mercado, la iniciativa privada, la inversión extranjera y la rentabilidad empresarial no son fenómenos transitorios ni concesiones excepcionales, sino herramientas imprescindibles para la supervivencia nacional.

La paradoja es evidente: para preservar el sistema político nacido en 1959, la dirigencia cubana ha decidido desmontar varios de los principios económicos que lo definieron durante más de seis décadas

Si las reformas prosperan, Cuba seguirá siendo un régimen de partido único (como China o Vietman). Pero difícilmente volverá a ser la economía cerrada que fue hasta ahora. La isla ha cruzado un umbral histórico cuyo alcance real solo podrá medirse dentro de algunos años. Entretanto, el mayor experimento económico cubano desde la revolución acaba de comenzar.



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