Cuando se perjudica a quienes se pretende proteger
Viernes 19 de diciembre de 2025. Lectura: 4'
Por Ruth Furtenbach
Advertencias técnicas y políticas frente a una regulación con riesgos no deseados.
La preocupación por proteger las condiciones de los trabajadores es legítima y podríamos afirmar que forma parte del ADN institucional de nuestro país. Sin embargo, es sabido que no toda iniciativa bien intencionada garantiza buenos resultados, y deberíamos tener presente que, como reza el conocido aforismo, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Quizás esta reflexión resulte especialmente oportuna frente al proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que obliga a las empresas a notificar previamente despidos masivos o cierres definitivos.
El Poder Ejecutivo sostiene que la propuesta no limita el derecho a despedir, sino que busca introducir un régimen de preaviso para dar mayor previsibilidad a los trabajadores y habilitar instancias de diálogo. El ministro Juan Castillo ha explicado que la iniciativa se apoya en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio 158, aún no ratificado por Uruguay, y que forma parte de un paquete más amplio de normas internacionales orientadas a mejorar las condiciones laborales.
El problema no está en el objetivo buscado, sino en los efectos reales que una regulación de este tipo puede generar. Uruguay no es un país con un mercado laboral desprotegido. Muy por el contrario, heredó del batllismo una legislación social avanzada para su tiempo, que sigue siendo muy sólida y protectora del trabajador en la actualidad: indemnización por despido, negociación colectiva, Consejos de Salarios, altos niveles de formalidad y una fuerte adhesión a los convenios de la OIT. Esa tradición protectora es parte de nuestra identidad y no debería estar en discusión.
Por ese motivo, varias voces han advertido que este proyecto puede terminar produciendo el efecto contrario al buscado. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) se lo calificó como “contraproducente”, señalando que podría dificultar la creación de empleo y acelerar su destrucción. Desde el sector empresarial se ha planteado una objeción sencilla pero contundente: es sabido que, cuando una empresa no es viable, el preaviso no cambia la realidad económica. Tal como lo expresó en los medios el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, si los números no cierran, no hay negociación que evite el cierre.
También desde el sistema político se encendieron alertas. El exministro de Trabajo Pablo Mieres advirtió que “inventar” nuevas reglas en un sistema ya exigente es “jugar con fuego”, porque puede desincentivar la contratación y afectar la estabilidad laboral en lugar de fortalecerla. A esto se suma la preocupación por el impacto en la inversión, ya que introducir condiciones de salida puede generar incertidumbre en empresas que evalúan instalarse o permanecer en el país. No es un dato menor que el propio Convenio 158 de la OIT haya sido ratificado y luego denunciado por algunos países, como Brasil, al considerar que no se adecuaba a sus realidades productivas.
Nada de esto implica desconocer la existencia de situaciones preocupantes, y es comprensible que el gobierno busque evitar escenarios de abruptas pérdidas de empleo. Pero la respuesta no debería radicar en sumar una nueva obligación legal, ya que en nuestro país contamos con un entramado normativo sólido de protección al trabajador, que incluye seguros de desempleo, indemnizaciones por despido y mecanismos que contemplan las distintas situaciones de vulnerabilidad en las que puede verse afectada la persona que, por algún motivo, resulte desvinculada de su trabajo.
El verdadero desafío no radica en crear más regulaciones, sino en asegurar el seguimiento y la aplicación efectiva de las normas vigentes, así como en fortalecer la capacidad del Estado para generar políticas activas de estímulo al empleo y la inversión, antes que medidas que puedan operar como un desincentivo, generando incertidumbre o amenazas implícitas al sector empresarial.
En materia laboral, donde los equilibrios son frágiles, el riesgo de que una norma bien intencionada termine perjudicando a quienes pretende proteger es real. Uruguay tiene una tradición valiosa de protección al trabajador, y el desafío actual es no debilitarla con regulaciones que, lejos de dar certezas, terminen generando más temor, menos empleo y menos oportunidades.
El debate parlamentario será una instancia clave para discutir, evaluar consecuencias y considerar que, en políticas públicas, tan importante como el fin es comprender los efectos de los medios elegidos.
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