Correo de los Viernes - Cuando los sindicatos gobiernan la educación

Cuando los sindicatos gobiernan la educación

Edición Nº 1098 - Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 5'

La ANEP había dispuesto clases virtuales en los centros de Formación Docente ocupados para evitar que los estudiantes perdieran el semestre. Bastaron un paro de 48 horas y la amenaza de extender el conflicto para que las autoridades dejaran en suspenso una resolución que ellas mismas consideraban necesaria y correcta.

La ANEP dio marcha atrás con la virtualidad en los centros de Formación Docente ocupados. No lo hizo porque hubiera descubierto dificultades pedagógicas insalvables, porque los estudiantes carecieran de acceso a las plataformas o porque una evaluación técnica hubiera demostrado que la medida resultaba inconveniente. La suspendió, según admitió expresamente su presidente, Pablo Caggiani, porque estaba generando un conflicto con los sindicatos.

La secuencia es elocuente. Luego de varias semanas de ocupaciones estudiantiles, el Consejo de Formación en Educación resolvió habilitar excepcionalmente, durante 2026 y mientras los edificios permanecieran indisponibles, la modalidad virtual para las unidades curriculares anuales y del segundo semestre. Los docentes debían adecuar contenidos y metodologías y realizar instancias sincrónicas en los horarios previstos para las clases presenciales.

El propósito era elemental: que la ocupación de los institutos no impidiera estudiar a quienes querían hacerlo y que la prolongación del conflicto no terminara provocando la pérdida del semestre. La virtualidad no pretendía sustituir definitivamente la enseñanza presencial ni introducir una reforma estructural por la puerta trasera. Era una respuesta contingente ante centros que llevaban semanas sin poder funcionar normalmente.

Caggiani explicó que la decisión se había postergado durante dos semanas mientras continuaban las conversaciones. Sin embargo, las ocupaciones persistían y, como muchas unidades curriculares son semestrales, comenzaba a ponerse en riesgo la continuidad académica de los estudiantes. “El deber de la Administración también es velar por el derecho a la educación”, sostuvo el presidente de la ANEP, al defender la resolución original. Incluso después de suspenderla, aclaró que no había sido una decisión equivocada.

Pero el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) reaccionó contra la medida y convocó un paro nacional de 48 horas que alcanzó al Instituto de Profesores Artigas, los Institutos Normales y los centros de Formación Docente del interior. El gremio calificó la virtualidad como una suerte de “esencialidad encubierta”, denunció una modificación unilateral de las condiciones de trabajo y sostuvo que se pretendía enfrentar a los docentes con los estudiantes que mantenían las ocupaciones.

El Coordinador General de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), José Olivera, afirmó que “se pretende colocar a trabajadores y trabajadoras contra los estudiantes movilizados” y advirtió que “todas las opciones están arriba de la mesa”, en referencia a la posible extensión de los paros a otros sectores de la educación.

El argumento resulta revelador. Para el sindicato, permitir que los cursos continuaran por medios virtuales equivalía a oponerse a los estudiantes ocupantes. Quedaban fuera de consideración los derechos de quienes no participaban de las ocupaciones, necesitaban completar sus cursos y esperaban que las autoridades educativas garantizaran el funcionamiento del sistema. La solidaridad con una medida gremial o estudiantil se colocaba por encima del derecho de todos a recibir enseñanza.

La respuesta institucional fue todavía más preocupante. Tras una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo, la ANEP dejó en suspenso su resolución. Caggiani justificó la marcha atrás con una frase de una sinceridad casi brutal: “Se decidió pausar el pasaje a la virtualidad porque estaba generando un conflicto con los docentes”.

No dijo que la medida fuera incorrecta. Por el contrario, reiteró que procuraba proteger el semestre y cumplir con el deber de garantizar el derecho a la educación. Lo que cambió no fue la valoración pedagógica, sino la intensidad de la presión sindical.

Negociar con los sindicatos es legítimo y necesario. Escuchar a docentes y estudiantes también lo es. Pero dialogar no significa renunciar a gobernar. Las organizaciones gremiales representan intereses sectoriales y tienen todo el derecho a defenderlos. No poseen, en cambio, la legitimidad institucional para determinar qué decisiones puede o no adoptar la autoridad educativa.

Cuando una administración deja sin efecto una resolución que considera correcta únicamente para evitar un paro, el mensaje es inequívoco: quien eleve suficientemente el costo del conflicto obtendrá capacidad de veto. A partir de allí, las resoluciones ya no dependen de su conveniencia para el sistema educativo, sino del nivel de resistencia que estén dispuestos a ejercer quienes se sienten afectados.

La paradoja es especialmente grave porque la autoridad terminó protegiendo a quienes impedían el dictado normal de clases y desamparando a quienes deseaban continuar estudiando. Las ocupaciones bloquearon la presencialidad; la virtualidad ofreció una alternativa; los sindicatos la rechazaron; y la ANEP retiró la alternativa para no profundizar el enfrentamiento.

Así se invierte por completo el orden institucional: las autoridades legítimas administran mientras los sindicatos lo permiten. Los gremios fijan los límites y la ANEP procura acomodarse dentro de ellos. Y los estudiantes, cuyo derecho a la educación justificaba la medida original, vuelven a quedar relegados.

La educación pública no puede funcionar bajo un régimen de autorización sindical. Las autoridades fueron designadas para tomar decisiones, asumir sus consecuencias y garantizar la continuidad de la enseñanza. Si consideran que una resolución es justa, necesaria y jurídicamente válida, deben sostenerla. De lo contrario, la pregunta deja de ser quién gobierna la educación para convertirse en una constatación: gobiernan los sindicatos.