Cuando los que no viven las consecuencias deciden el resultado
Viernes 12 de junio de 2026. Lectura: 5'
Por Santiago Torres
La elección presidencial peruana, definida por una diferencia mínima y con el voto exterior adquiriendo potencialmente un papel decisivo, reabre un debate incómodo pero necesario: hasta qué punto quienes no residen en un país deben poder determinar el destino político de quienes sí vivirán las consecuencias cotidianas de esa decisión. Una discusión especialmente relevante para Uruguay, donde la ciudadanía ya rechazó esa posibilidad en el plebiscito de 2009.
La dramática definición electoral que vive Perú deja múltiples enseñanzas para América Latina. Una de ellas, probablemente la más incómoda, refiere al papel que puede desempeñar el voto en el exterior cuando una elección se define por márgenes mínimos. Y esa es una lección especialmente relevante para Uruguay.
Conviene hacer una aclaración previa. Este análisis es deliberadamente independiente del resultado final. No importa si la presidencia termina en manos de Keiko Fujimori o de Roberto Sánchez. Tampoco importa cuál de los dos candidatos resulte beneficiado por los votos provenientes del extranjero. El problema es anterior y más profundo: ¿es razonable que ciudadanos que no viven en un país, que no pagan impuestos en él, que no utilizan sus servicios públicos y que no padecerán directamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales puedan terminar definiendo quién gobernará a quienes sí residen allí?
La pregunta no es nueva, pero la elección peruana la ha vuelto a colocar en primer plano.
El caso peruano
Durante varios días, el escrutinio peruano mostró diferencias inferiores a los mil votos entre ambos candidatos. En ese contexto, las actas provenientes del exterior adquirieron una relevancia extraordinaria.
No se trata simplemente de un dato estadístico. Cuando una elección se define por centenares de sufragios, el voto exterior deja de ser un complemento del proceso democrático para transformarse potencialmente en su factor decisivo.
La situación genera una paradoja evidente. Quienes viven en Lima, Arequipa, Trujillo o Cusco deberán convivir durante los próximos cinco años con las consecuencias de las políticas económicas, tributarias, educativas, sanitarias o de seguridad que adopte el próximo gobierno. Sin embargo, el desenlace podría quedar determinado por ciudadanos que residen en Madrid, Miami, Buenos Aires, Montevideo o Nueva York y que no estarán sometidos a esos efectos.
No se trata de cuestionar el patriotismo de los emigrados ni de negar sus vínculos afectivos con su país de origen. Muchos mantienen lazos familiares, económicos y culturales profundos. El problema es otro: la democracia supone una relación entre derechos y responsabilidades. Cuando esa relación se rompe, aparecen tensiones inevitables.
La representación sin consecuencias
Las democracias modernas se basan en una idea elemental: quienes eligen a los gobernantes son quienes deberán soportar o disfrutar las consecuencias de sus decisiones.
Ese principio se vuelve difuso cuando el votante reside permanentemente fuera de las fronteras nacionales.
El ciudadano que vive en el exterior no sufrirá directamente una eventual crisis económica, no enfrentará los problemas de inseguridad pública, no dependerá del sistema educativo nacional ni utilizará cotidianamente los servicios financiados por los contribuyentes locales. Sin embargo, puede participar de manera decisiva en la definición de quién administrará esos asuntos.
Naturalmente, existen argumentos en sentido contrario. Se sostiene que la nacionalidad no desaparece por el hecho de emigrar y que quienes mantienen vínculos con su país conservan el derecho a participar de su vida política.
Es una posición legítima. Pero también es legítimo preguntarse si ese derecho debería ser absoluto cuando existe la posibilidad de que termine anulando o alterando la voluntad predominante de quienes efectivamente residen en el territorio nacional.
Una advertencia para Uruguay
La discusión tiene especial relevancia para Uruguay.
Desde hace décadas, el Frente Amplio impulsa distintas iniciativas destinadas a habilitar el voto desde el exterior. Lo ha hecho bajo diversos formatos y argumentos, pero con una persistencia que podría resumirse en una expresión inglesa particularmente apropiada: no matter what (me permito agregar, a guisa de complemento, otra expresión en inglés: as usual).
Sin embargo, existe un hecho político e institucional imposible de ignorar. En 2009 la ciudadanía uruguaya fue convocada específicamente para pronunciarse sobre esta cuestión y rechazó la reforma constitucional que habría habilitado el voto epistolar desde el exterior.
La decisión fue clara. La mayoría de los votantes entendió que el sufragio debía continuar vinculado a la presencia física en el territorio nacional.
Desde entonces, diversos dirigentes frenteamplistas han continuado promoviendo mecanismos alternativos para alcanzar un objetivo que la ciudadanía ya rechazó en las urnas.
Pero es a lo que nos tiene acostumbrados el Frente Amplio: si no gano, no vale.
Una cuestión de legitimidad democrática
El argumento no debería interpretarse como una descalificación hacia los uruguayos que viven fuera del país. Muchos de ellos mantienen vínculos permanentes con Uruguay, envían remesas, conservan propiedades o proyectan regresar algún día.
Pero la legitimidad democrática exige algo más que un vínculo sentimental.
Exige una comunidad política integrada por personas que comparten no sólo una identidad, sino también las consecuencias concretas de las decisiones colectivas.
Cuando una elección es decidida por ciudadanos que no experimentarán esas consecuencias, surge inevitablemente una pregunta sobre la equidad del proceso.
La experiencia peruana constituye una advertencia particularmente ilustrativa. Hoy el debate no gira únicamente en torno a quién ganó. También gira en torno a quién terminó definiendo el resultado.
Una discusión que seguirá abierta
La globalización, las migraciones masivas y la creciente movilidad internacional hacen que esta discusión sea cada vez más frecuente en las democracias contemporáneas.
No existe una respuesta universal. Algunos países habilitan plenamente el voto exterior. Otros lo restringen. Algunos establecen límites temporales. Otros exigen determinados vínculos de residencia.
Lo que sí parece evidente es que la cuestión merece un debate serio y desapasionado.
La elección peruana demuestra que el problema deja de ser teórico cuando unos pocos cientos de votos pueden decidir el destino de millones de personas.
Y en ese escenario, la pregunta central conserva toda su vigencia: ¿debe tener el mismo peso electoral quien vivirá las consecuencias de una decisión política que quien las observará desde miles de kilómetros de distancia?
Es una pregunta incómoda. Pero precisamente por eso merece ser formulada. Y para este servidor la respuesta es clara.
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