Cuando los ministros discuten por los diarios
Viernes 12 de junio de 2026. Lectura: 5'
 Mientras los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona ventilan públicamente sus diferencias sobre los incentivos a los vehículos eléctricos, el lobby de los estacioneros aprovecha el vacío para impulsar una revisión de beneficios que amenaza el avance de la movilidad eléctrica. Un escenario que parece desmentir el llamado del presidente Yamandú Orsi a fortalecer la coordinación y el diálogo dentro del propio gobierno.
En marzo, durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi transmitió una preocupación que consideró central para la segunda etapa de su administración: la necesidad de intensificar el trabajo colectivo, fortalecer el diálogo intragabinete y acelerar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno. El mensaje fue explícito. Para el mandatario, la gestión no podía avanzar a la velocidad requerida si cada ministerio actuaba por carriles propios.
Tres meses después, la discusión sobre los incentivos a los vehículos eléctricos parece mostrar exactamente lo contrario.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, abrió el debate semanas atrás al anunciar que el gobierno estudia revisar los beneficios fiscales que reciben los vehículos eléctricos, incluyendo exoneraciones tributarias que han sido clave para el crecimiento del sector. La revisión, según explicó, podría comenzar a aplicarse hacia fines de este año.
La respuesta de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, llegó también por los medios. Lejos de respaldar la postura de Economía, sostuvo que la decisión no está tomada y que Uruguay todavía no se encuentra en el momento adecuado para retirar o reducir esos estímulos. Incluso adelantó que trasladará su posición a una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Presidencia.
Las diferencias de criterio son normales en cualquier gobierno. Lo que resulta llamativo es el escenario elegido para procesarlas. Cuando dos ministros expresan posiciones contrapuestas sobre una misma política pública en entrevistas y declaraciones periodísticas, el debate deja de ser una discusión técnica interna y pasa a convertirse en una controversia pública. Exactamente el tipo de dinámica que Orsi pretendía evitar cuando reclamó más diálogo entre sus colaboradores.
La situación se vuelve todavía más compleja porque el vacío generado por esa falta de coordinación está siendo rápidamente ocupado por grupos de interés que buscan influir sobre la decisión gubernamental.
El caso más evidente es el de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). Los estacioneros vienen manifestando desde hace tiempo su preocupación por el avance de la movilidad eléctrica, que inevitablemente reduce el consumo de combustibles líquidos y afecta el corazón mismo de su negocio. Nada de eso es sorprendente. Toda innovación tecnológica altera mercados, desplaza actividades y obliga a los actores económicos a adaptarse.
Lo que sí resulta significativo es la ofensiva política desplegada por el sector en las últimas semanas. Unvenu presentó un estudio según el cual el Estado habría “resignado” US$ 493 millones entre 2020 y 2025 como consecuencia de los incentivos otorgados a los vehículos eléctricos. Según el informe, la mayor parte de esa cifra corresponde a exoneraciones de Imesi, complementadas por menores ingresos por aranceles, patentes y venta de combustibles.
La cifra ha sido presentada como una suerte de prueba concluyente de que la política de promoción de la movilidad eléctrica resulta excesivamente costosa para las arcas públicas. Sin embargo, la premisa sobre la que se construye el razonamiento merece ser examinada con cuidado.
Hablar de dinero “resignado” supone asumir que esos recursos habrían ingresado efectivamente al Estado si los beneficios no existieran. Pero precisamente el objetivo de los incentivos era crear un mercado que hace apenas unos años era prácticamente inexistente en Uruguay. No hay forma de asegurar que el mismo volumen de ventas se hubiera producido sin exoneraciones. Tampoco el estudio parece incorporar los beneficios derivados de una menor dependencia de combustibles importados, la reducción de emisiones o la consolidación de una matriz energética que el propio país viene promoviendo desde hace más de una década.
Además, no conviene perder de vista quién realiza el planteo. Proviene del sector empresarial que más directamente se ve amenazado por la expansión de los vehículos eléctricos. Es perfectamente legítimo que los estacioneros defiendan sus intereses. Lo que no corresponde es presentar como un análisis neutral lo que en esencia constituye una herramienta de lobby destinada a influir sobre una decisión gubernamental.
En otras palabras, el sector que durante décadas disfrutó de una demanda prácticamente cautiva pretende ahora que el Estado intervenga para ralentizar el avance de una tecnología que pone en cuestión esa comodidad comercial. La vieja “vaca atada” del combustible fósil ya no parece tan segura como antes.
Mientras tanto, el debate sigue expandiéndose.
A las discrepancias entre Economía e Industria y a la presión de los estacioneros se sumó recientemente el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien informó que el Congreso de Intendentes analizará la posibilidad de revisar las bonificaciones en la patente de rodados que hoy reciben los vehículos eléctricos. Bergara recordó que los beneficios iniciales fueron muy importantes y sugirió que podría estudiarse una reducción gradual de esos estímulos.
Así, lo que comenzó como una discusión técnica sobre instrumentos tributarios terminó convirtiéndose en una controversia política que involucra a ministerios, intendencias, empresarios y diversos actores económicos. Y todo ello sin que el Poder Ejecutivo haya logrado transmitir una posición común.
La cuestión de fondo no es si los incentivos deben mantenerse indefinidamente. Ninguna política pública es eterna y toda exoneración merece ser evaluada periódicamente. El problema es otro: cuando el gobierno no procesa internamente sus diferencias, otros actores ocupan el espacio disponible y procuran orientar la discusión hacia sus propios intereses.
Por eso el episodio trasciende largamente el debate sobre autos eléctricos. En realidad, constituye una prueba de la capacidad de coordinación del gobierno. Y si algo dejó claro Orsi en aquel Consejo de Ministros de marzo es que esperaba que las diferencias se discutieran primero entre ministros y después, recién después, frente a los micrófonos.
|
|
 |
La dirección correcta
|
Otro Libro
Julio María Sanguinetti
|
ILS CAT III: la tecnología que Uruguay no puede seguir demorando
|
Habla Julio vuelve en una edición ampliada que actualiza el retrato de Sanguinetti y del Uruguay contemporáneo
|
“Los riesgos del Diálogo Social”
|
Recuperar la confianza en la JUTEP ya
|
Y dale Juana con la palangana
|
Cuando los ministros discuten por los diarios
|
El paro de las reivindicaciones infinitas y el saludable baño de realidad de Oddone
|
Una maniobra escandalosa: el oficialismo retiró venias ya acordadas para castigar a Ferrero
|
No cuesta mucho hacer las cosas bien
Luis Hierro López
|
Cuando los que no viven las consecuencias deciden el resultado
Santiago Torres
|
¿Por qué eliminar la exoneración de autos eléctricos?
Elena Grauert
|
Autoconvocados de ayer y de hoy
Tomás Laguna
|
La ilusión de una renta básica universal: la demagogia en su cruda expresión
Juan Carlos Nogueira
|
Terminó la expectativa y empieza la exigencia
Angelina Rios
|
La ciudad negociada
Alicia Quagliata
|
Los extremos de la vida
Susana Toricez
|
Adorni, la inocencia fiscal y el problema de la ejemplaridad pública
|
Perú ante el abismo de la incertidumbre: una elección definida por centenares de votos y una polarización persistente
|
Armenia votó algo más que un gobierno
|
Belfast, Southampton y el malestar europeo: cuando la crisis migratoria deja de ser un debate y se convierte en una fractura social
|
Frases Célebres 1084
|
Así si, Así no
|
|
