Los directores de hospitales renunciantes consultaron antes al Frente Amplio, lo que demuestra que actuaron con bajeza e ingratitud. No pensaron ni en sus obligaciones profesionales ni en la gente enferma, sino en su grupo político y en su provecho sectorial.
La crisis sanitaria nos ofrece a diario el ejemplo abnegado de funcionarios de la salud o de integrantes de las fuerzas armadas y policiales y de muchos uruguayos que siguen trabajando, enfrentando los riesgos de contagiarse. Son los héroes anónimos de todas las grandes jornadas.
Lamentablemente hay otras conductas, como las que protagonizaron 30 profesionales de ASSE que estaban ejerciendo posiciones de dirección, es decir, cargos de confianza designados anteriormente por el Frente Amplio y que iban a ser sustituidos por las nuevas autoridades, en una renovación habitual tras los cambios de gobierno.
La situación no habría motivado ningún trauma si no fuera por la politización extrema que demostraron esos funcionarios, que utilizaron como pretexto unas declaraciones del pediatra Fernando Silva, quien el lunes 20 había sido designado como director de la regional oeste de ASSE, y quien anteriormente había criticado en sus redes la situación de los hospitales, sosteniendo que le generaba "un gran malestar recorrer los hospitales públicos, donde la mugre, la desidia y la falta de control, es un común denominador". Silva finalmente no asumió sus funciones, pero sus dichos fueron utilizados como excusa por los jerarcas frenteamplistas para abdicar de sus responsabilidades. La situación de los hospitales de ASSE sigue generando polémicas, ya que hay algunos que funcionan bien, pero hay otros que presentan enormes deficiencias, según las reiteradas denuncias que provienen del interior. Las carencias en los servicios y, por ejemplo, la falta de técnicos o de ambulancias han sido reiteradas en estos últimos tiempos.
Por lo tanto, una crítica en ese sentido no puede desencadenar renuncias en cadena. Es notorio que se trató de una operación política, ya que antes de abandonar sus cargos, los directores involucrados consultaron al Frente Amplio lo que demuestra que esos ciudadanos antepusieron el interés partidario por encima de sus obligaciones funcionales.
Alcanza con recorrer algunas redes para saber de la afiliación partidaria de muchos de esos funcionarios. Varios adhirieron explícitamente a la candidatura de Daniel Martínez. Por ejemplo, una de las renunciantes, la doctora Gladys Torres, directora del Hospital de Carmelo, hizo campaña desembozada a favor del Frente Amplio en su cuenta de Facebook durante la última campaña electoral sumándose a las amenazas del momento : " A mi...no me vengan a decir..por donde puede venir el "recorte"...porque yo...ya lo se...en Salud...ya lo se...Por eso apuesto hoy mas que nunca...Y si me calle hasta ahora, es porque fui..cuidadosa...Pero ya no mas....No quiero que nuestros usuarios pierdan nada de lo que han logrado en 15 años de Gobierno del FA..Vamos por el 4to!,"
En un país democrático, los médicos pueden asumir frontalmente sus posiciones políticas y son reiterados los casos en que profesionales de la salud terminan siendo candidatos. Pero lo que no puede aceptarse de ninguna manera, porque es groseramente perjudicial para la vida de la República, es que esos funcionarios actúen en el servicio público obedeciendo a instrucciones políticas y partidarias, lo que está expresamente prohibido por la propia Constitución, que establece en su artículo 58, que "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política"
En este lastimoso caso, los funcionarios se pusieron al servicio de su fracción política, olvidando sus sagradas obligaciones con la gente, con los pacientes. En cualquier circunstancia esa dimisión es muy criticable; en tiempos de pandemia, se trata de una inconducta francamente inmoral.
