Correo de los Viernes - Cuando los derechos humanos dejan de ser tinta muerta

Cuando los derechos humanos dejan de ser tinta muerta

Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 5'

Por Santiago Orellano Abal

La experiencia chilena volvió a poner sobre la mesa un debate que Uruguay mantiene desde hace décadas: cómo garantizar que los contribuyentes comprendan y puedan ejercer efectivamente sus derechos frente a un sistema tributario cada vez más complejo. Entre la tecnificación del Estado y las dificultades de acceso a información y asesoramiento, el autor advierte que el desafío ya no es solo recaudar mejor, sino también acercar la justicia tributaria a quienes hoy quedan fuera de ella.

Uruguay ha sido históricamente un espacio fértil para la producción académica y jurídica en América Latina. En materia tributaria, uno de los nombres de referencia es el de Ramón Valdés Costa, cuya obra marcó generaciones de profesionales del derecho tributario hispanoamericano. Sus publicaciones se caracterizaron por la capacidad de traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible, acercando una disciplina tradicionalmente técnica a un público más amplio.

La materia tributaria, tanto por su lenguaje como por la complejidad normativa que la rodea, suele resultar de difícil comprensión para gran parte de la población. Como toda especialidad, en ocasiones no hay más remedio que acudir, quizás, a más de una consulta para tener la información necesaria que permita tomar buenas decisiones. Claro, eso siempre y cuando, quien está frente a dicha necesidad tenga los medios para acceder a ello.

En este contexto, el ayer jueves 28 de mayo de 2026, tuvo lugar en Uruguay una instancia académica e institucional inédita, centrada en los derechos de los contribuyentes y el acceso a la justicia tributaria. Por primera vez en más de tres décadas de discusión doctrinaria sobre el tema, se presentó públicamente ante la prensa, profesionales y personas interesadas, la experiencia chilena en materia de protección institucional de contribuyentes de menores recursos.

La actividad se desarrolló en formato webinar, como un seminario en modalidad virtual, y fue organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET), que recibió a representantes de la Defensoría del Contribuyente de Chile (DEDECON). La instancia permitió conocer el proceso de creación y consolidación de ese organismo, así como su funcionamiento actual en relación con la administración tributaria, los impuestos internos y las aduanas.

La apertura fue realizada por la Cra. Andrea Riccardi y el Dr. Andrés Hessdörfer, en su calidad de presidente y secretario del IUET, respectivamente. Durante la exposición participaron el defensor Ricardo Pizarro, junto con Emilio Moreno y Viviana Osorio, quienes compartieron datos, experiencias y desafíos vinculados al desarrollo institucional de la DEDECON. También hubo un breve espacio de preguntas. El encuentro dejó planteadas varias reflexiones sobre si los aspectos de la experiencia chilena son aplicables al contexto uruguayo, particularmente en torno al acceso efectivo de los contribuyentes a mecanismos de orientación y asistencia.

La cuestión remite a lo que ya había sido advertido por Valdés Costa en su obra Instituciones del Derecho Tributario, publicada en 1992. Allí se señalaba la necesidad de observar permanentemente el equilibrio entre las potestades de la administración y las garantías de los contribuyentes, en un sistema que, como toda construcción institucional, es susceptible de revisión y perfeccionamiento.

En Uruguay, organismos como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas cuentan con altos niveles de profesionalización y cumplen funciones esenciales para el financiamiento del Estado y el sostenimiento del interés general. Al mismo tiempo, la realidad de los contribuyentes es heterogénea y evidencia diferencias importantes en cuanto al acceso a información, asesoramiento y defensa técnica.

La experiencia chilena mostró que uno de los principales desafíos iniciales fue superar la percepción de que una defensoría tributaria estaba dirigida a grandes empresas o contribuyentes de elevada capacidad económica. Según datos presentados correspondientes a 2025, cerca del 70% de las personas encuestadas manifestó no saber cómo actuar o a qué organismo acudir frente a una eventual vulneración de derechos en materia tributaria.

Los expositores aclararon que estas situaciones no representan la normalidad del funcionamiento administrativo, aunque sí pueden existir casos puntuales de anomalías o controversias que requieren canales adecuados de orientación y respuesta.

En Uruguay existen antecedentes académicos que muestran diagnósticos similares. Un estudio publicado por la Universidad de la República en 2017 ya advertía sobre las dificultades de una parte importante de la población para comprender sus derechos y mecanismos de actuación frente a procedimientos tributarios. La brecha entre quienes cuentan con herramientas técnicas para sostener una posición frente al Fisco y quienes carecen de ellas continúa siendo uno de los aspectos señalados por especialistas del área.

La propia denominación de “defensoría” ha sido objeto de debate. Algunos entienden que el término podría interpretarse como una reacción frente a un sistema que funciona incorrectamente. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que este tipo de instituciones también cumplen un rol preventivo y educativo, orientado a mejorar la comprensión del sistema tributario y facilitar el acceso a información confiable.

En un escenario en el que los sistemas tributarios tienden a ser cada vez más complejos y tecnificados, distintos especialistas consideran que los mecanismos de asistencia y educación tributaria adquieren una relevancia creciente, especialmente para contribuyentes de menor dimensión económica.

El recorrido normativo y doctrinario uruguayo en materia de derechos del contribuyente muestra avances parciales en las últimas décadas. El tema ha sido abordado tanto en ámbitos académicos como parlamentarios, particularmente en relación con el alcance de las facultades de la administración tributaria y la necesidad de fortalecer mecanismos de garantía y orientación. Diversos profesionales y funcionarios especializados en la materia han planteado la conveniencia de analizar figuras institucionales similares a las existentes en otros ámbitos, como defensorías o procuradurías, destinadas a brindar asistencia a contribuyentes que no pueden afrontar un asesoramiento profesional privado.

Uruguay no presenta antecedentes de vulneraciones masivas de derechos en materia tributaria. Por el contrario, una administración tributaria profesionalizada y aggiornada con avances tecnológicos, que presenta excelentes índices de recaudación como la de Uruguay, es tomada como referencia y ejemplo por nuestros vecinos. Sin embargo, persisten desafíos vinculados a la cultura tributaria, la accesibilidad a la información y la comprensión de procedimientos administrativos que, para buena parte de la población, continúan siendo difíciles de interpretar. En muchos casos, la dificultad no radica únicamente en el acceso a una oficina pública, sino en la posibilidad real de comprender el alcance de los derechos y obligaciones involucrados. Quizás algo se pueda revisar si quien va a asesorarse a un mostrador sale con más dudas de las que llegó y no sabe —o no tiene— a quién acudir.