Cuando la ley no alcanza
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 2'
 Las acusaciones de la Justicia contra varias oficinas por sus omisiones ante denuncias de amenazas a una mujer, que luego fue asesinada por su marido, expresan el drama frecuente al que nos enfrentamos, haciendo leyes y reglamentos que luego no se aplican.
La denuncia de El País —Condena histórica al Estado por femicidio de Daiana Laguna: hubo 22 errores de la Policía, juzgado y Fiscalía— es dramática. El Estado —la policía, la justicia, la propia fiscalía, el ministerio de Salud Pública— tuvo en 2022 varias noticias circunstanciadas de que una mujer se sentía amenazada de muerte por su marido, pero ninguna de las actuaciones oficiales llegó a tiempo para impedir el atentado contra Daiana Laguna, quien, durante los 58 días previos a su muerte, reclamó infructuosamente y en diversas instancias, la protección que nunca llegó.
Tras la investigación, un juez acusa ahora al Ministerio de Interior, al propio Poder Judicial y a otras instituciones, por las 22 omisiones y tardanzas que se fueron encadenando, en una inexplicable dejadez burocrática, lo que dará lugar a reparaciones civiles y penales. El asesino, un policía a quien no se le había retirado el arma de reglamento pese a las amenazas, no pudo ser ubicado a tiempo para someterlo al uso de una tobillera electrónica. El abogado de los familiares, Dr. Pablo Lamela, sostiene que “fue tan grosero el mal accionar del Estado que sobrepasa los límites del cumplimiento de la normativa de violencia de género. Creo que es hasta un tema de irresponsabilidad del Estado en prevención de delitos en general”.
La crónica, que recomendamos leer, es suficientemente expresiva de las carencias del “progreso manuscrito”. De nada vale redactar una buena ley si ella luego no se cumple y es desconocida en los hechos por las autoridades competentes. Es necesario que haya un cambio en las conductas, en la cultura, en el comportamiento social y, eso, se sabe, no se alcanza sólo con los reglamentos, sino con largas transformaciones educativas e intelectuales. Por ello, creemos que hará bien la Justicia si impone las penas correspondientes para que estas omisiones no se sigan repitiendo.
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