La situación de calle dejó de ser una emergencia estacional para convertirse en una realidad estructural que interpela directamente al Estado.

Durante años, el problema de las personas en situación de calle se vinculó sobre todo a crisis personales, consumo problemático, rupturas familiares, desempleo o problemas de salud mental. El modelo de respuesta fue el refugio nocturno. Se pensó que dar un techo por la noche podía ser una solución momentánea para cambiar estilos de vida y reconstruir caminos de integración, para que la calle no fuera el destino final de nadie.

Pero en los últimos meses, la imagen de personas durmiendo en una vereda ya no alcanza para describir el fenómeno. No es solo la noche en la intemperie. Es la instalación.

Comenzaron a aparecer otras escenas: colchones permanentes, muebles, carpas improvisadas y acumulación de objetos y residuos. Ese cambio visual, urbano y simbólico explica por qué en enero y febrero de este año 2026 el Ministerio del Interior tuvo que intervenir directamente en zonas céntricas de Montevideo, con operativos que desmantelaron campamentos y trasladaron a cientos de personas a dispositivos del MIDES.

Sin lugar a dudas, la intervención del Ministerio del Interior marca un punto de inflexión. Cuando la policía desmantela campamentos, el problema deja de ser solo social. La situación de calle ya no es únicamente una política del MIDES: es también un tema de seguridad, de salud pública, de vivienda y de cohesión social.

Y aquí, en este problema social que se volvió político, aparecen preguntas que la sociedad deberá responder: ¿qué hacer con quienes rechazan los refugios? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? ¿Qué políticas de fondo evitan que la calle se vuelva un destino permanente?

Según datos informados por el MIDES, alrededor de 8.500 personas pasan por dispositivos de atención en todo el país. La situación se volvió permanente y visible durante todo el año, lo que obliga a una respuesta más compleja.

El aumento de personas en la calle es un síntoma. Un síntoma que nos vuelve a hablar de la fragilidad de las redes familiares, de salud mental, de consumo problemático, de informalidad laboral y de las dificultades de acceso a la vivienda.

La calle ya no es un tránsito. Empieza a ser un lugar donde algunos se quedan. Dejó de ser solo una emergencia social y se convirtió en una realidad persistente. Una realidad que muestra que ya no alcanza con abrir refugios en invierno.

Pero también revela algo más profundo: la aparición de una población que dejó de circular por el sistema y quedó fuera de él.

Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser invisible. Se vuelve una expresión estructural que atraviesa la ciudad todo el año y que interpela directamente a las políticas públicas y, por lo tanto, pasa a ser una cuestión de Estado. La discusión de fondo ya no es cuántos refugios seguir abriendo, sino cuántas personas estamos dispuestos a dejar viviendo definitivamente en la calle.