Cuando el delito desafía al Estado
Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 4'
Por Angelina Rios
En pocos días, distintos episodios volvieron a exponer algunas de las caras más complejas de la inseguridad, como lo son las balaceras con armas de importante poder de fuego, disparos aun con policías presentes y un cargamento de drogas y celulares que llegó oculto hasta las puertas del ex-Comcar en un vehículo del sistema penitenciario. Son hechos diferentes y no necesariamente relacionados, pero plantean una misma pregunta: ¿qué capacidad tiene hoy el Estado para anticiparse, controlar y desarticular estructuras criminales?
Hay imágenes que consiguen sintetizar un problema.
En el barrio Marconi, periodistas habían llegado para cubrir una balacera ocurrida horas antes. La Policía preservaba la escena cuando volvieron a escucharse disparos.
Policías y periodistas tuvieron que buscar refugio. Algunos se tiraron al piso. La secuencia recorrió rápidamente los medios.
El episodio venía precedido por otra intensa balacera en la zona, donde se había recogido una importante cantidad de indicios balísticos de distintos calibres.
Pero esta vez apareció un elemento especialmente inquietante. Quienes volvieron a disparar lo hicieron sabiendo que había efectivos trabajando a pocos metros.
Ya no quedó expuesto solamente el poder de fuego de determinados grupos sino también el grado de desafío que están dispuestos a ejercer frente a la autoridad.
El incidente generó rápidamente reacciones políticas.
El senador colorado Andrés Ojeda reclamó recuperar el control territorial y propuso presencia permanente de la Guardia Republicana en los barrios más comprometidos por la violencia.
“¿Tenemos que lamentar la muerte de un periodista para tomar acción real?”, preguntó.
Desde la Jefatura de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo respondió que la Policía Nacional ya brinda servicios las 24 horas.
Pero agregó una frase que lleva la discusión más allá de la cantidad de efectivos: “Cuando avanzamos, ellos están de alguna manera tratando de evitar que nosotros sigamos interrumpiendo su actividad criminal”.
Las dos posiciones no necesariamente se contradicen. Una reclama recuperar el control territorial; la otra describe una Policía que asegura estar desplegada y encuentra resistencia cuando avanza sobre las actividades delictivas.
La cuestión, entonces, no es solamente cuántos policías hay, sino qué capacidad tiene el Estado para impedir que organizaciones criminales consoliden espacios de poder y pretendan imponer sus propias reglas.
La presencia policial es imprescindible, pero cuando comienza una balacera una parte del problema ya ocurrió.
Las armas llegaron, las municiones circularon y los grupos se organizaron.
Por eso una política de seguridad no puede comenzar con la respuesta al hecho consumado.
La inteligencia criminal, la investigación, el seguimiento de las organizaciones, el control de armas y municiones, la identificación de fuentes de financiamiento y la capacidad de anticipación son parte de la respuesta.
Recuperar territorio tampoco consiste exclusivamente en aumentar patrullajes. Requiere continuidad y una presencia estatal capaz de impedir que, terminado un operativo, las mismas estructuras vuelvan a funcionar.
Mientras Marconi concentraba la atención pública, otro episodio colocó el foco sobre el sistema penitenciario.
Días atrás un camión del Instituto Nacional de Rehabilitación llegó a la Unidad N.º 4, el ex-Comcar, trasladando materiales provenientes de la antigua cárcel de mujeres de Colón. Durante el control se encontraron ocultos en un termotanque más de cinco kilos de droga y decenas de teléfonos celulares.
Esta vez el control funcionó. El cargamento fue descubierto antes de ingresar al establecimiento.
Pero quedan preguntas. ¿Cómo consiguió llegar hasta las puertas de una cárcel una cantidad semejante de droga y teléfonos escondida en un vehículo perteneciente al propio sistema penitenciario? ¿En qué momento se incorporó el cargamento? ¿Qué controles atravesó previamente? ¿Quiénes participaron?
La investigación deberá determinarlo.
Las cárceles no constituyen un mundo separado de la seguridad pública.
Un teléfono puede permitir mantener contactos con el exterior, transmitir órdenes o continuar con actividades delictivas.
Controlar lo que sucede dentro de una prisión también forma parte de la seguridad de quienes están afuera.
El crimen organizado funciona como una cadena que necesita recursos, armas, comunicaciones, personas, dinero y capacidad para adaptarse a las respuestas del Estado.
Por eso también la respuesta debe funcionar como una cadena.
Más policías pueden ser necesarios. Más recursos y tecnología, también.
Pero ninguna herramienta, por sí sola, resuelve un fenómeno que combina narcotráfico, armas, territorios, cárceles y organizaciones con capacidad de adaptación.
La seguridad necesita actuar antes, durante y después.
No puede empezar cuando suena el primer disparo ni terminar cuando un control consigue detectar un cargamento.
El desafío está en conseguir que el Estado no se limite a reaccionar frente al delito consumado, sino que tenga capacidad para anticiparlo, interrumpirlo y desarticular las estructuras que permitan que vuelva a ocurrir.
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