Correo de los Viernes - Cuando el árbitro toma partido

Cuando el árbitro toma partido

Viernes 19 de junio de 2026. Lectura: 4'

Por Marcela Pérez Pascual

En medio de los paros docentes en Montevideo, el Director General de Educación Secundaria opta por hacer suyas las demandas del sindicato. Una autoridad de la enseñanza pública no puede dejar de hablar también por los estudiantes que pierden clases y por los docentes que decidieron no parar.

Esta semana, los liceos públicos de Montevideo vivieron una nueva ronda de paros. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) convocó paros zonales de 24 horas el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, a los que se sumó un paro general en toda la capital el jueves 18 y el feriado por el aniversario del natalicio de Artigas el viernes 19. Cinco días de discontinuidad en plena discusión de la Rendición de Cuentas, con un reclamo central: el histórico “6 + 1” del PIB para la educación, más infraestructura y la creación de cargos y equipos socioeducativos.

En ese contexto, llamaron la atención las declaraciones del Director General de Educación Secundaria, Manuel Oroño, quien afirmó que se trata de “necesidades objetivas que tienen en los liceos y que lograron canalizar a través del sindicato” y que son “demandas concretas que estamos contemplando y solicitando, así como hicimos a nivel presupuestal”.

La huelga es, sin duda, un derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República. Nadie discute esa premisa básica del Estado de derecho uruguayo. Pero el derecho a la educación, que la propia Carta reconoce como obligatoria, y el derecho al trabajo de quienes no comparten la medida son también garantías constitucionales. Cuando un jerarca al frente de toda la enseñanza secundaria pública, no un dirigente gremial, no un parlamentario opositor, no un articulista de opinión, sale a respaldar públicamente los argumentos del gremio mientras los liceos están paralizados, esa autoridad deja de ser el árbitro institucional que el sistema necesita y se vuelve parte interesada del conflicto.

El Sr. Oroño no fue designado para hacer lobby por el sindicato dentro del aparato del Estado. Fue designado para gestionar el sistema, garantizar el normal funcionamiento de los liceos y representar a toda la comunidad educativa: estudiantes, familias, docentes que paran y docentes que no paran, y funcionarios no docentes. La función pública le exige equidistancia. El artículo 59 de la Constitución establece un principio fundamental sobre el cual debe actuar todo funcionario público: “...el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. A su vez, el Código de Ética en la Función Pública (Ley N.º 19.823), en su artículo 34, recuerda que el funcionario debe actuar con imparcialidad y mantenerse ajeno a cualquier interés particular que pueda afectar la objetividad de sus decisiones.

¿Quién habla, entonces, por los miles de estudiantes de los liceos públicos de Montevideo que esta semana perdieron cuatro días de clase, cinco con el feriado, en pleno primer semestre? ¿Quién habla por los docentes que decidieron no adherir a la medida y que, sin embargo, ven cómo el propio Director General convalida la posición contraria? ¿Quién habla por las familias que organizan sus vidas en torno al calendario escolar y que comprueban, una vez más, que la educación pública no es un servicio confiable? Cuando la autoridad educativa solo habla por una de las partes, el resto queda a la intemperie.

Nadie le pide al jerarca que reniegue de su historia sindical. Pero asumir la conducción de la Dirección General de Educación Secundaria implica un cambio de sombrero. En su nuevo rol, las “demandas concretas” del sindicato no pueden ser presentadas como propias, sin matices y ante las cámaras, en medio de un conflicto. Si la ANEP comparte plenamente esas demandas, el lugar para articularlas es el mensaje presupuestal y la mesa de negociación, y no el respaldo público a la medida de fuerza. De lo contrario, la conducción del sistema se confunde con la conducción del gremio.

El derecho a huelga no está en discusión. Lo que sí merece ser discutido es si el Estado uruguayo dispone hoy de una autoridad educativa que defienda con la misma convicción el derecho de los estudiantes a tener clases, el derecho de los docentes que no comparten la medida a trabajar y el derecho de las familias a planificar el año lectivo. Frente a un conflicto que afecta sensiblemente a la comunidad educativa, la institución necesita un conductor, no un militante. Las declaraciones del Sr. Oroño dejan abierta una pregunta incómoda: ¿quién dirige hoy la Educación Secundaria, las autoridades designadas según lo establecido en la ley o un representante sindical?