Correo de los Viernes - Cuando el Estado retrocede y mandan los delincuentes

Cuando el Estado retrocede y mandan los delincuentes

Viernes 19 de junio de 2026. Lectura: 4'

La expulsión de un trabajador y su familia del barrio Marconi, tras amenazas y disparos de grupos criminales que pretendían quedarse con su vivienda, constituye una señal alarmante del deterioro de la seguridad pública y de la incapacidad estatal para garantizar el derecho más elemental de cualquier ciudadano: permanecer en su propio hogar sin vivir bajo el terror. Pero el ministro Negro se ofende cuando le hablan de “Estado fallido”.

Hay noticias que deberían provocar una reacción unánime de indignación. La difundida por Telenoche esta semana es una de ellas: un trabajador del barrio Marconi, herrero de oficio, tuvo que abandonar su casa junto a su familia después de sufrir amenazas, pedradas y disparos. El motivo, según denunció, fue que grupos criminales pretendían quedarse con su vivienda para instalar una boca de venta de drogas. La orden fue brutal y directa: debía irse “con lo puesto”.

No se trata simplemente de un episodio policial más. Tampoco de una estadística de criminalidad. Lo que ocurrió en Marconi representa algo mucho más grave: la expulsión de un ciudadano honesto de su propio hogar por parte de organizaciones delictivas que actúan con la convicción de que pueden imponer sus reglas sobre las del Estado.

Según el relato difundido por el propio damnificado en Telenoche 4, la escalada comenzó tras ayudar a otro vecino que había sido víctima de un robo. Días después comenzaron las intimidaciones. Primero pedradas, luego disparos frente a la vivienda y finalmente un balazo que ingresó al predio a través del portón. El mensaje era inequívoco: abandonar la casa o enfrentar consecuencias aún peores.

Resulta imposible no sentir indignación. Ningún uruguayo debería verse obligado a elegir entre su vida y su patrimonio. Ningún padre debería tener que cargar a toda prisa sus pertenencias mientras la Policía custodia una retirada que se parece demasiado a un exilio interno. Ningún trabajador debería perder en cuestión de horas la casa construida con años de esfuerzo porque una banda criminal decidió apropiarse del lugar.

Lo más preocupante es que este caso no aparece en el vacío. Durante las últimas semanas, el propio barrio Marconi ha sido escenario de tiroteos reiterados, personas baleadas, operativos antidrogas, incautaciones de armas y denuncias vecinales sobre niveles de violencia que ya forman parte de la vida cotidiana. Incluso hubo prácticas deportivas suspendidas por las balaceras en la zona y vecinos denunciando intercambios de más de cien disparos.

Por eso resulta difícil aceptar que este episodio sea presentado como un hecho aislado. Lo que emerge es un patrón preocupante: territorios donde los delincuentes parecen ejercer un poder efectivo sobre la población, decidiendo quién puede quedarse, quién debe irse y qué propiedades pueden ser utilizadas para actividades criminales. Cuando eso ocurre, el problema ya no es únicamente la delincuencia; es la erosión misma de la autoridad estatal.

La situación adquiere además una dimensión política inevitable. El gobierno llegó al poder prometiendo cambios en materia de seguridad, cuestionando duramente las políticas anteriores y asegurando que existían caminos más eficaces para enfrentar la violencia. Sin embargo, los hechos muestran una realidad muy distinta. Los homicidios, las balaceras, la expansión de las bocas de droga y la creciente intimidación sobre vecinos de barrios vulnerables continúan ocupando titulares semana tras semana. Casos como el de Marconi exponen crudamente las limitaciones de una estrategia que hasta ahora no ha logrado devolver tranquilidad a quienes más la necesitan.

Porque el fracaso de una política de seguridad no se mide únicamente por las cifras. También se mide por las historias humanas que deja detrás. Y pocas imágenes son más elocuentes que la de un trabajador cargando apresuradamente sus pertenencias, escoltado por policías (!!!!!), mientras abandona la vivienda donde vivió durante años porque los criminales decidieron que ya no podía permanecer allí.

Uruguay no puede acostumbrarse a estas escenas. No puede normalizar que ciudadanos de bien sean expulsados de sus hogares por narcos o bandas armadas. No puede aceptar que la ley del miedo sustituya a la ley de la República.

Cuando un hombre debe marcharse de su casa “con lo puesto”, no sólo pierde una familia su hogar. Pierde el Estado una parte de su autoridad. Y pierde la sociedad entera una cuota de la libertad que cree tener garantizada.