Correo de los Viernes - Cuando el Estado decide por usted

Cuando el Estado decide por usted

Viernes 8 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Por Juan Carlos Nogueira

Sin expropiar formalmente, el gobierno avanza sobre el control del ahorro previsional y vacía de contenido el derecho de propiedad. Bajo un lenguaje técnico y paternalista, desplaza al individuo y concentra poder en el Estado.

El socialismo sufre de una vieja tentación filosófica: apropiarse de la riqueza ajena. Y cuando se trata de un gobierno de corte socialista, esa apropiación suele tomar la forma de una absorción estatal. Bajo eufemismos prolijos —“ordenar”, “proteger”, “optimizar”— el gobierno avanza un casillero más. No expropia —eso sería demasiado burdo—, pero reconfigura. Intenta asumir el rol de intermediario, colándose sin ser invitado, en la gestión de la propiedad privada. Así, paso a paso, lo ajeno comienza a parecer propio.

La propuesta de crear un organismo estatal que centralice la relación entre los trabajadores y sus ahorros previsionales encaja en esa lógica. No se tocaría —se nos dice— la propiedad de los fondos. Tampoco su inversión, que seguiría en manos privadas. El ministro de Economía ensayó un mensaje tranquilizador. Pero hay dos detalles nada menores:

El ciudadano deja de ser sujeto activo, que puede elegir quién administra sus fondos, para convertirse en administrado, o más bien en un cliente cautivo; y
el gobierno prometió no subir impuestos. Sin embargo, de hecho, lo hizo mediante cambios de criterios en el FONASA y en las franjas de IRPF y IASS, o con los nuevos impuestos sobre rentas en el exterior, entre otros. Después de eso, pedir confianza suena, como mínimo, optimista.

La defensa oficial se apoya en un diagnóstico paternalista. Parece que el individuo no elige bien su AFAP, no entiende, no compara. Por tanto, el Estado debe intervenir para hacerlo por él —o, más elegantemente, “por su bien”. Hay algo llamativo en ese argumento: el mismo ciudadano al que se le confía votar gobiernos, contraer deudas, emprender negocios o formar familia, de pronto resulta incapaz de decidir en qué administradora colocar su ahorro jubilatorio.

El sistema jubilatorio por AFAPs ya intentó ser derogado, pero el electorado decidió mantenerlo en el plebiscito de 2024. No es descabellado ver en este proyecto un intento disfrazado del PIT-CNT y algunos sectores del FA para impulsar lo que perdieron en las urnas.

Aquí conviene recordar a John Locke, como advertencia elocuente. Locke sostenía que la propiedad nace del trabajo individual y que el Estado existe precisamente para protegerla, no para interponerse en su uso. Porque una propiedad cuyo titular no decide sobre su administración es, en el mejor de los casos, una propiedad disminuida.

El proyecto en discusión no plantea una confiscación de fondos. Pero introduce algo más sutil: cambia quién decide. Donde antes había una relación directa —tal vez perfectible— entre individuo y administradora, ahora se interpone una capa estatal que organiza y canaliza. El ciudadano ya no elige, es gestionado.

La solución propuesta agrega más Estado sobre un aparato ya pesado, cuya eficiencia —siendo generosos— nunca ha sido su rasgo distintivo. Se trata de un exceso de regulación que aumentaría la burocracia, introduciría ineficiencias y, sobre todo, limitaría las libertades individuales (aunque ese cálculo rara vez aparece en los informes técnicos). Los sistemas diseñados para “optimizar” terminan siendo extraordinariamente eficientes, pero en consolidar poder.

El riesgo no está en el presente inmediato, sino en la arquitectura que se construye. Hoy el organismo “coordina”. Mañana podría “orientar”. Pasado mañana, “priorizar inversiones estratégicas”. Todo “con la mejor de las intenciones”, por supuesto. Rara vez un avance del poder se presenta como tal; se disfraza de mejora administrativa. Con la deuda actual del país, el capital de las AFAPs (alrededor de 26.000 millones de USD), constituye un botín muy apetecible.

Además, la promesa de neutralidad estatal merece al menos una ceja levantada. Un ente que concentra información, asigna afiliados y regula el flujo del sistema posee, aunque no invierta directamente, una capacidad de influencia fundamental. En economía, controlar el canal suele ser tan decisivo como controlar el servicio.

Hay otro costo menos evidente, pero más profundo: el cultural. Cuando el Estado asume la tutela sobre decisiones que antes correspondían al individuo, está dando el mensaje de que no confía en él. Y esa desconfianza, institucionalizada, termina debilitando la responsabilidad individual. Si alguien más decide por mí, ¿por qué habría de preocuparme por entender?

Locke, probablemente, lo habría cuestionado vehementemente. El problema no es solo la propiedad formal, sino la autonomía real. Un sistema en el que el individuo conserva el título pero pierde la capacidad de decisión es, en esencia, un sistema que vacía de contenido el derecho que dice proteger.

No se trata de defender el sistema actual a ultranza. Las AFAP pueden ser más competitivas. Pero entre corregir un sistema y sustituir la relación fundamental que lo sostiene hay un salto cualitativo. Y ese no es un salto técnico, sino político.

No se trata de discutir si el Estado puede administrar mejor. Mi objeción es que no debe hacerlo. Porque termina alterando la naturaleza misma de aquello que dice preservar.

Le propongo un ejercicio: piense por un momento en cualquier gobernante.¿Usted le dejaría administrar su capital? Yo no.