Correo de los Viernes - Cuando cambian los motores, ¿cambian las tarifas?

Cuando cambian los motores, ¿cambian las tarifas?

Edición Nº 1089 - Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 3'

Por Angelina Rios

La incorporación sostenida de ómnibus y taxis eléctricos está transformando el transporte montevideano. Mientras el país avanza hacia una movilidad más eficiente y sostenible, surge una pregunta inevitable: ¿las reglas con las que se calculan las tarifas reflejan adecuadamente esta nueva realidad?

Cada vez que se anuncia un aumento en las tarifas del transporte urbano o del taxi, las explicaciones suelen ser las mismas. Lo justifican diciendo que subieron los combustibles, aumentaron los salarios o que crecieron otros costos de funcionamiento.

Son argumentos válidos, porque forman parte de la estructura de costos del sistema. Sin embargo, el transporte uruguayo ya no es el mismo que hace algunos años y esa nueva realidad invita a abrir una discusión de futuro.

Montevideo acaba de incorporar 50 nuevos ómnibus eléctricos y abrió un llamado para sumar otros 50 taxis eléctricos. Actualmente ya circulan más de 140 taxis eléctricos y la flota continúa creciendo.

Uruguay, además, se posiciona entre los países de América Latina que más decididamente han apostado por la movilidad eléctrica, tanto por razones ambientales como por la búsqueda de una mayor eficiencia energética.

No se trata de un cambio menor. Hace apenas unos años, la movilidad eléctrica era vista como una experiencia piloto. Hoy forma parte de la planificación del transporte público y de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo. Todo indica que esa transformación continuará profundizándose en los próximos años.

Pese a ello, el usuario sigue pagando la misma tarifa, independientemente de si el vehículo funciona con gasoil, nafta o electricidad. Y eso responde a un criterio lógico de equidad: el sistema funciona con una tarifa única para que todos los ciudadanos accedan al mismo servicio, sin importar el tipo de unidad que les toque utilizar.

Sin embargo, detrás de esa tarifa única existe una realidad que está cambiando. Los vehículos eléctricos tienen una estructura de costos diferente. Consumen menos energía, requieren menos mantenimiento y reducen la dependencia de los combustibles fósiles, aunque exigen una inversión inicial más elevada. Por esa razón, el Estado ha desarrollado mecanismos específicos para acompañar esta transición.

La cuestión de fondo, sin embargo, es otra.

Si la movilidad eléctrica reduce parte de los costos operativos, ¿podrá contribuir a que los aumentos de tarifas sean más moderados en el futuro?

A medida que aumenta la participación de unidades eléctricas, el combustible pierde incidencia dentro del costo global del sistema. Eso no significa que las tarifas deban reducirse automáticamente, porque continúan incidiendo otros factores, como los costos que requiere la infraestructura necesaria para prestar el servicio.

Pero sí resulta razonable preguntarse de qué manera esas eficiencias podrán traducirse, con el tiempo, en beneficios para quienes utilizan diariamente el transporte público.

La historia demuestra que los grandes cambios tecnológicos suelen obligar a revisar normas y mecanismos que fueron diseñados para otra realidad. Ocurrió con las telecomunicaciones, con el sistema financiero y con la propia transformación de la matriz energética de nuestro país.

El transporte difícilmente sea la excepción. La discusión ya no pasa solamente por incorporar más vehículos eléctricos, sino también por adaptar las herramientas con las que se calculan los costos y se proyecta el funcionamiento del sistema.

Uruguay fue pionero en transformar su matriz energética y hoy vuelve a ubicarse entre los países de referencia en movilidad eléctrica. El desafío ahora consiste en que esa transformación no se mida únicamente por la cantidad de vehículos incorporados, sino también por su capacidad de generar beneficios concretos para los usuarios, ya sea mediante una mayor eficiencia del sistema, una mejor calidad del servicio o, eventualmente, una moderación en la evolución futura de las tarifas.

Porque, en definitiva, el verdadero éxito de una política pública no se mide solamente por la incorporación de nuevas tecnologías. Se mide, sobre todo, por su capacidad de mejorar la vida cotidiana de las personas. La movilidad eléctrica ya dejó de ser el futuro. El verdadero desafío comienza ahora y consiste en lograr que esa transformación también se refleje, de una u otra forma, en el bolsillo y en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.