Cuando cambia el emisor, cambia el juicio político
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 4'
Por Laura Méndez
El convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Ministerio de Defensa Nacional para desarrollar instancias de formación dirigidas a adolescentes privados de libertad merece ser abordado con serenidad, sin prejuicios, pero también con claridad institucional.
El texto del acuerdo es, en términos jurídicos, un convenio marco. No establece programas concretos, no define talleres específicos ni detalla modalidades operativas. Su lenguaje es socioeducativo, deliberadamente amplio, y deja para acuerdos posteriores cualquier implementación práctica. Desde el punto de vista formal, por tanto, no estamos ante una política cerrada, sino ante una habilitación institucional.
El problema que se intenta atender es real y grave. Los adolescentes privados de libertad, en su mayoría, están allí por delitos violentos y con trayectorias educativas quebradas. La reincidencia es alta y las herramientas tradicionales no han logrado revertir esa tendencia. Es legítimo, entonces, que principalmente el Estado, busque nuevas formas de intervención.
Pero una cosa es la necesidad de actuar y otra muy distinta es la forma en que decide hacerlo.
Si en una primera instancia el objetivo es que los jóvenes terminen sus estudios, aprendan oficios y construyan un proyecto de vida fuera del delito, la respuesta natural del Estado debería estar en el sistema educativo. El Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la UTU son los organismos especializados, con docentes, programas, certificaciones y experiencia en formación técnica. Son, además, instituciones concebidas para la inclusión social y la movilidad a través del conocimiento. Luego, ya finalizada esta etapa, habrá que seguir pensando en cómo hacer —instando muy probablemente a otras instituciones públicas y privadas— para que estos jóvenes puedan acceder, por ejemplo, a un trabajo formal, a una vivienda digna, en un país donde para esta franja etaria el trabajo y la vivienda no son fáciles de alcanzar (así lo registran varios indicadores).
Ahora bien, volvamos al tema que hoy estamos analizando, el convenio que es impulsado por el Ministerio de Defensa en un gobierno del Frente Amplio, una fuerza política que históricamente ha tenido una relación crítica con el rol y la dimensión de las Fuerzas Armadas. Durante años, desde ese espacio se cuestionó su tamaño, su presupuesto e incluso su necesidad en el Uruguay contemporáneo.
El Ministerio de Defensa no es un organismo educativo. No certifica oficios civiles ni forma parte del sistema nacional de enseñanza. Sus centros de formación responden a una lógica propia, vinculada a la función militar.
En conferencia de prensa, el día del anuncio de esta iniciativa, se habló de una primera experiencia con treinta jóvenes seleccionados. Sin embargo, el convenio no establece criterios de selección, ni condiciones, ni plan de trabajo, ni metas concretas. No se sabe quién los elegirá, con qué parámetros, ni qué ocurrirá con el resto de los adolescentes que integran el sistema. Sin criterios transparentes y sin un diseño operativo claro, se corre el riesgo de generar desigualdades internas y expectativas que luego quizás no podrán sostenerse.
Por eso, más que discutir si el convenio es bueno o malo en abstracto, la pregunta de fondo debería ser otra: ¿estamos utilizando las instituciones adecuadas para resolver el problema correcto? ¿El gobierno del Frente Amplio por qué propone una idea que, hace no mucho tiempo, habría cuestionado con dureza si la impulsaba un gobierno de otro signo? Por ejemplo, si esta misma iniciativa hubiera surgido de un gobierno colorado, probablemente el país estaría discutiendo otra cosa. No los detalles del convenio. No sus cláusulas. No su alcance real. Estaría discutiendo el simbolismo. Se hablaría de militarización de la política social, de retrocesos en derechos humanos, de lógicas autoritarias, de señales peligrosas para la democracia.
Se estaría haciendo uso de las conferencias de prensa, comunicados, advertencias de organismos sociales, marchas y debates encendidos en todos los ámbitos.
Pero la iniciativa no surgió de un gobierno colorado. Surgió del Frente Amplio. Y entonces el lenguaje cambió. Ahora hay matices, hay explicaciones y hay pragmatismo.
El Frente Amplio, hoy en el gobierno, tiene un problema, que es la paradoja política que lo deja al descubierto.
Nadie discute que los adolescentes privados de libertad necesitan herramientas reales de reinserción, pero no a través de esa Secretaría de Estado. No en este gobierno.
En el mundo al revés, el discurso de este gobierno se torna bastante hipócrita y devaluado.
Entonces, si el desafío para estos jóvenes es educativo y social, la respuesta debería ser educativa y social. Y si el objetivo es reconstruir trayectorias de vida, el camino más sólido sigue siendo el de la escuela, el oficio y la formación civil.
El batllismo construyó un país donde la educación, el trabajo y la protección social eran las herramientas centrales de integración, de inclusión. Ese legado no es solo una tradición partidaria; es una forma de concebir la vida pública.
|
|
 |
De Sanguinetti a Orsi: China como política de Estado, no como gesto
|
Derecho en pausa, política cruda y moral incierta
Julio María Sanguinetti
|
INISA, militares y el reflejo automático: cuando el debate se sustituye por antimilitarismo infantil
|
Sanguinetti en “Punto Rojo” con Plar Rahola
|
El fallo que equilibra reglas, despeja fantasmas y preserva la seguridad jurídica
|
Interrogatorios policiales a periodistas y la sensatez del Ministro Carlos Negro
|
Oddone, el agro y una economía que sigue esperando el rebote
|
Robert Silva advierte retrocesos educativos
|
Caen relatos y muros, pero...
Luis Hierro López
|
Ética en jaque en el MTSS
Santiago Torres
|
Enero calentito, pero no por el clima
Tomás Laguna
|
Cuando cambia el emisor, cambia el juicio político
Laura Méndez
|
Uruguay ante el mundo fragmentado: el arte de no elegir mal
Juan Carlos Nogueira
|
Elogio a los ricos
Jonás Bergstein
|
Las SS de Jamenei
Eduardo Zalovich
|
Vivienda y gestión: del legado histórico a la innovación integral
Alicia Quagliata
|
Venezuela frente a su futuro: diplomacia, economía y gobernabilidad
Alvaro Valverde Urrutia
|
Cuando las normas ya no protegen
|
La transición tutelada, el chavismo funcional y los intereses de Washington en Venezuela
|
La cúpula comunista negocia su supervivencia: el régimen teme un destino al estilo de Venezuela
|
El crimen de Alex Pretti y el temblor en el ICE
|
Frases Célebres 1067
|
Así si, Así no
|
Pedro Sánchez en el ojo de la tormenta
|
|
