Nuestro país laudó el vínculo entre Estado y religión en 1917 y de la mejor manera posible: no hay ninguno. La laicidad del Estado es la garantía de la libertad de conciencia y de ejercicio de cualquier opción de fe o de no profesar ninguna. Por tanto, es no solo innecesario sino altamente inconveniente introducir el fenómeno religioso en la legislación nacional como lo pretende un proyecto de ley de asuetos religiosos.

En agosto de 2022 la senadora nacionalista Carmen Asiaín presentó un proyecto de ley sobre feriados religiosos. "Festividades de las minorías religiosas: derecho a la observancia", lo tituló. El propósito de la senadora es contemplar a las "minorías religiosas" que no estarían amparadas en el calendario oficial de feriados, como sí, en cambio, lo estaría el catolicismo.

Concretamente, la senadora señaló que "nuestro calendario oficial de alguna manera ya contemplaba las festividades de lo que entonces era una mayoría, en términos de composición o de adhesión religiosa de la población". "El siglo XX plural y diverso interpela a la sociedad uruguaya, reclamando el respeto de los derechos de las minorías, además del de las mayorías", expresó en el seno de la Comisión de Desarrollo, Población e Inclusión Social del Senado, agregando que quienes adscriben a una denominación religiosa excluida del calendario oficial "quedan muy dependientes de lo que el empleador otorgue o no como día festivo", por lo que su proyecto permitiría a una persona "llegar a un acuerdo con el empleador para, por ejemplo, descontarlo de la licencia, compensarlo con horas extras repartidas en la semana o con otro día en el que se trabaje más".

Prima faciae, el proyecto parece loable. Para que el Estado sea neutral en materia religiosa, debe contemplar a todos y no sólo a los católicos, por lo cual es menester equilibrar la balanza permitiendo que todos puedan tener sus días de observancia.

El proyecto finalmente fue aprobado en la referida comisión del Senado y pasó al plenario de esa cámara donde fue votado hace pocos días, por lo que pasará a la Cámara de Representantes.

Para alcanzar ese "equilibrio perfecto" que busca la senadora -y quienes la acompañaron- debería, además, votarse la supresión de todos los feriados originados en la tradición católica, incluyendo el 25 de diciembre, el 1° de enero y la Semana de Turismo, obligando a que los católicos también busquen acordar con el empleador faltar durante esos días al trabajo, falencia que ha sido reconocida por la propia senadora (aunque me permito dudar que ella quisiera suprimir los feriados de origen católico), quien reconoció al respecto que "no es del todo justo" pero que su proyecto "es un paliativo".

Pero más allá de que el proyecto "no es del todo justo", adolece de un error conceptual profundo. Contrariamente a lo que que señala la senadora Asiaín, la laicidad uruguaya no busca la neutralidad en materia religiosa. No busca alcanzar un (imposible) equilibrio perfecto entre las religiones o creencias, contemplando a todas ellas. Antes bien, todo lo contrario: la laicidad uruguaya es abstencionista. Se abstiene de inmiscuirse en materia religiosa. No es neutra: prescinde de la religión.

"Todos los cultos son libres en el Uruguay", reza sabiamente el art. 5° de la Constitución de la República, agregando con idéntica sabiduría: "El Estado no sostiene religión alguna". Por consiguiente, todo fenómeno espiritual pertenece al fuero íntimo de cada persona y el Estado no tiene ni arte ni parte en el mismo. No le compete. Más liberal, imposible. Y ello ha permitido la convivencia pacífica de todas las personas en nuestro país, sin importar cuál es su fe o si la tienen o no.

De allí que los feriados de nuestro país no sean feriados católicos, aunque su origen sea ese. Son feriados tradicionales, pero despojados de toda naturaleza religiosa en lo que al Estado refiere (a nivel de las personas es diferente y está muy bien que así sea), al punto de que ninguno conserva su nombre religioso original. No hay, entonces, una "preferencia" estatal por el calendario católico.

Introducir la religión en la consideración del Estado nos hace retroceder más de un siglo, dinamitando la sabia fórmula de 1917 vigente hasta hoy (inteligente creación del Dr. Alfredo Vásquez Acevedo, entonces presidente del Directorio del Partido Nacional) que ha permitido la convivencia armónica de todos los uruguayos, creyentes y no creyentes, expresando los primeros libremente sus adhesiones en el plano de la fe.

Nadie ha reclamado nada a este respecto en más de 100 años de vigencia del sabio principio de la laicidad abstencionista consagrado en el art. 5° de nuestra Constitución. ¿Por qué, entonces, buscar un problema donde no lo hay?

Como aquella costurerita del tango de Ernesto Carriego que dio el "mal paso": "Y lo peor de todo, sin necesidad".