Correo de los Viernes - Control de armas: una receta probablemente equivocada para un problema real

Control de armas: una receta probablemente equivocada para un problema real

Viernes 19 de junio de 2026. Lectura: 7'

El gobierno avanza hacia mayores restricciones mientras resurge la vigencia de las advertencias de Fernández Huidobro sobre la libertad, la autodefensa y los riesgos de un Estado que pierde el control.

El gobierno se dispone a impulsar en el Parlamento un proyecto de ley destinado a endurecer los controles sobre armas y municiones, iniciativa que será complementada por un decreto del Ministerio del Interior para regular y limitar la venta de balas en todo el país. El ministro Carlos Negro ha fundamentado la propuesta en la necesidad de combatir la proliferación de armas y, especialmente, la escasa fiscalización existente sobre las municiones, a las que considera un elemento central en la actual escalada de violencia criminal.

Según el jerarca, las recientes balaceras registradas en Montevideo, algunas con centenares de disparos, son expresión de una combinación de factores: violencia criminal instalada desde hace años, abundancia de armas de fuego y falta de controles efectivos sobre la comercialización y circulación de municiones. Por ello, el gobierno pretende reforzar la trazabilidad de las armas, mejorar los registros existentes, aumentar las penas para determinadas conductas vinculadas al porte ilegal y someter el mercado de municiones a una regulación mucho más estricta.

Sin embargo, la iniciativa abre un debate profundo sobre la eficacia real de estas medidas y sobre una pregunta que Uruguay discute desde hace décadas: ¿las restricciones recaerán sobre los delincuentes o sobre los ciudadanos que ya cumplen la ley?

El problema no son las armas legales

La principal objeción formulada por juristas, tiradores deportivos, coleccionistas y numerosos especialistas en seguridad es que el proyecto parece concentrar sus esfuerzos en el mercado formal, precisamente el ámbito donde ya existen registros, controles e identificación de propietarios.

Las organizaciones criminales que protagonizan los homicidios, los ajustes de cuentas y las balaceras no adquieren habitualmente sus armas en armerías habilitadas ni sus municiones mediante los procedimientos legales establecidos. Se abastecen a través del contrabando, del tráfico ilegal y del robo. El propio oficialismo ha reconocido reiteradamente que el principal problema radica en las armas ilegales en manos del crimen organizado y no en la población civil registrada.

La experiencia internacional tampoco ofrece evidencias concluyentes de que restringir aún más la adquisición legal de municiones reduzca significativamente la violencia de las organizaciones criminales. Quien dispara quinientos proyectiles en una guerra entre bandas no suele abastecerse en los circuitos comerciales controlados por el Estado.

Por el contrario, los críticos sostienen que las nuevas limitaciones podrían afectar principalmente a cazadores, deportistas, coleccionistas y ciudadanos que mantienen armas registradas para la defensa de su hogar y su familia.

El robo a policías: una realidad incómoda

Existe además otro aspecto que suele quedar relegado en la discusión.

En los últimos años se han multiplicado los episodios en los que delincuentes roban armas reglamentarias a funcionarios policiales. Las pistolas utilizadas por los efectivos constituyen un objetivo particularmente atractivo para las organizaciones criminales por su calidad, confiabilidad y disponibilidad inmediata.

El propio ministro Negro reconoció recientemente que los policías portan “bienes codiciados” por los delincuentes.

Por ello, los críticos sostienen que si el objetivo es reducir el arsenal disponible para el crimen organizado, el foco debería dirigirse prioritariamente hacia el combate al tráfico ilegal, la recuperación de armas robadas y el fortalecimiento de los mecanismos de custodia y control del armamento estatal, antes que hacia nuevas restricciones para quienes ya están identificados por el sistema.

La vigencia de Fernández Huidobro

En medio de este debate resulta imposible no recordar la posición de quien fuera ministro de Defensa Nacional, senador de la República y uno de los dirigentes más influyentes de la izquierda uruguaya: Eleuterio Fernández Huidobro.

Cuando en 2016 defendió públicamente la tenencia de armas por parte de ciudadanos honestos, generó una verdadera tormenta política dentro de su propio partido. Sin embargo, lejos de retroceder, reafirmó sus convicciones.

“Para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad; si no, no sos libre”, afirmó entonces. Su razonamiento partía de una premisa sencilla: el monopolio absoluto de la fuerza por parte del Estado no necesariamente garantiza la libertad de los ciudadanos y la posibilidad de la autodefensa constituye un derecho que no debe ser despreciado.

Más aún, Fernández Huidobro llegó a sostener que “la población debe armarse para defenderse del gobierno”, una frase provocadora que apuntaba a una concepción liberal clásica —hasta “libertaria”— de las libertades republicanas y de los límites al poder estatal.

Aquellas declaraciones le valieron críticas feroces dentro del Frente Amplio. Fue acusado de conservador, reaccionario y funcional a posiciones ajenas a la tradición de izquierda. Sin embargo, nunca abandonó su defensa del derecho de los ciudadanos honestos a poseer armas dentro del marco legal.

El primero en hablar de un “Estado fallido”

Existe además otro antecedente que hoy resulta especialmente incómodo para el frenteamplismo gobernante pero muy en especial para el ministro Negro
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Mucho antes de que algún dirigente de la actual oposición utilizara la expresión “Estado fallido” para describir determinadas situaciones vinculadas a la seguridad pública, fue el propio Fernández Huidobro quien introdujo ese concepto en el debate nacional.

Lo hizo en 2008, cuando Daisy Tourné ocupaba el Ministerio del Interior y la inseguridad se había convertido en una preocupación creciente de la ciudadanía.

En aquel momento escribió: “Parecería muy recomendable desobedecer a la querida compañera ministra: no hay más remedio por ahora que armarse”.

Y explicó el fundamento de esa afirmación: “Porque cuando el Estado falla; cuando falta; cuando resigna porque no tiene más remedio; o cuando es superado, la ciudadanía tiene pleno derecho a defenderse”.

No era una crítica proveniente de la oposición. No provenía de la derecha. No provenía de un adversario ideológico del Frente Amplio. Era una advertencia formulada por uno de los referentes históricos tupamaros.

Pero Fernández Huidobro fue todavía más lejos. Alertó sobre el riesgo de que Uruguay siguiera el camino de países donde el Estado había perdido el control efectivo de partes de su territorio y de su población, advirtiendo que no debía transformarse en un “Estado fallido, como el Congo o Haití, donde por no haber atajado a tiempo hoy mandan las hordas”.

Aquellas palabras provocaron un intenso debate político. Sin embargo, el tiempo les otorgó una relevancia histórica innegable: Fernández Huidobro fue el primero en instalar públicamente la noción de que la inseguridad podía convertirse en un problema de debilitamiento estatal y de pérdida de autoridad pública.

Una discusión que trasciende las armas

El debate actual no se limita a la cantidad de balas que puede comprar un ciudadano ni a los procedimientos administrativos para registrar un arma.

La cuestión de fondo es otra.

Si el problema principal radica en las organizaciones criminales que operan al margen de la ley, resulta legítimo preguntarse si la respuesta adecuada consiste en imponer nuevas restricciones a quienes ya están dentro del sistema o en fortalecer la capacidad del Estado para perseguir eficazmente a quienes actúan fuera de él.

Carlos Negro sostiene que una reducción de la disponibilidad de armas y municiones contribuirá a disminuir la violencia. Sus críticos responden que los delincuentes seguirán abasteciéndose por las mismas vías ilegales de siempre y que el resultado práctico será un incremento de las cargas burocráticas sobre ciudadanos que no integran el problema.

La discusión recién comienza. Pero antes de asumir que más restricciones equivalen automáticamente a más seguridad, convendría releer las advertencias de Fernández Huidobro. No porque tuviera razón en todo, sino porque fue capaz de plantear una pregunta incómoda que sigue vigente: ¿qué ocurre cuando el Estado no logra proteger eficazmente a quienes, al mismo tiempo, pretende desarmar?