Correo de los Viernes - Competitividad o estancamiento

Competitividad o estancamiento

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 5'

En un escenario internacional cada vez más competitivo y desafiante, Ignacio Munyo advirtió que el principal problema económico del Uruguay es la pérdida de competitividad y sostuvo que recuperar la capacidad de atraer inversiones exige reformas profundas en la regulación laboral, la carga fiscal y la eficiencia del Estado.

El economista Ignacio Munyo eligió un título elocuente para la conferencia organizada por CERES: La dura realidad. Y el mensaje estuvo a la altura de esa definición. Su diagnóstico fue que Uruguay enfrenta un contexto internacional mucho más adverso que el de los últimos veinte años y que, en ese escenario, la competitividad dejó de ser un tema sectorial para convertirse en el principal desafío económico del país.

No se trata únicamente de crecer más, sino de preservar la capacidad de atraer inversiones, generar empleo de calidad y sostener el nivel de bienestar alcanzado. Para Munyo, el problema es claro: mientras el mundo se vuelve más competitivo, Uruguay continúa acumulando costos, regulaciones e ineficiencias que reducen el atractivo para producir e invertir.

Los números presentados por CERES ilustran esa realidad. Entre 2007 y 2025 los ingresos de las actividades productivas aumentaron, especialmente en los sectores exportadores, pero los costos medidos en dólares prácticamente se duplicaron. Esa brecha explica buena parte de la pérdida de rentabilidad de las inversiones y ayuda a entender por qué la relación inversión/PIB permanece por debajo del 16%, lejos del 20% que los economistas consideran necesario para sostener tasas de crecimiento más elevadas.

Al mismo tiempo, los indicadores de expectativas muestran un deterioro significativo. El clima de negocios cayó de forma pronunciada en el último año, la confianza de los consumidores se encuentra en su nivel más bajo de los últimos cuatro años y las proyecciones de crecimiento económico se han reducido sensiblemente. En un mundo donde el capital encuentra múltiples destinos posibles, estos indicadores pesan tanto como los fundamentos macroeconómicos.

Munyo enmarcó además este desafío en un cambio profundo del escenario internacional. La creciente fragmentación geopolítica, la conformación de grandes bloques económicos, el aumento de las barreras comerciales y un contexto financiero caracterizado por tasas de interés elevadas hacen que captar inversiones sea hoy considerablemente más difícil que hace una década. En ese nuevo orden, sostuvo, incluso la tradicional neutralidad uruguaya pierde parte del valor estratégico que tuvo durante décadas.

Frente a este panorama, el director ejecutivo de CERES afirmó que la competitividad constituye “el gran problema que Uruguay debe resolver”.

Su planteo es que esa competitividad descansa sobre tres pilares inseparables: la regulación laboral, la regulación de la competencia y la carga fiscal. Los tres requieren reformas profundas, aunque reconoció que no todos cuentan hoy con el mismo respaldo político y social.

En ese sentido, valoró positivamente el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Lo definió como un proyecto moderno que incorpora herramientas importantes para simplificar regulaciones, digitalizar procedimientos, eliminar trabas burocráticas y fortalecer la competencia.

No obstante, también marcó sus límites. A juicio de Munyo, la iniciativa avanza principalmente sobre uno de los tres pilares —la competencia— mientras deja prácticamente intactos los otros dos. Además, señaló que muchas disposiciones quedan sujetas a futuras reglamentaciones y propuso fortalecer el texto mediante la creación de un Consejo Asesor de Competitividad, independiente y de carácter técnico, que evalúe sistemáticamente el impacto de las nuevas regulaciones sobre la actividad económica.

Más crítico fue respecto de la regulación laboral. Advirtió que propuestas actualmente en discusión, como el preaviso obligatorio para despidos o la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, marchan exactamente en sentido contrario al objetivo de mejorar la competitividad. Recordó que la productividad uruguaya lleva prácticamente una década estancada y que una reducción de la jornada implicaría un incremento cercano al 20% en el costo laboral.

El tercer componente del problema es el peso del Estado.

Munyo presentó un diagnóstico especialmente severo sobre la evolución del gasto público. Según los datos de CERES, el costo anual del Estado por habitante pasó de $ 159.000 a $ 316.000 en los últimos veinticinco años, mientras el aparato estatal incorporó 79 nuevas entidades, alcanzando actualmente 139 organismos públicos. En muchos casos, sostuvo, las funciones se superponen y los organismos carecen de coordinación efectiva.

Por esa razón propuso abandonar la lógica incremental del presupuesto y avanzar hacia un verdadero presupuesto base cero, que obligue a justificar periódicamente cada programa y cada organismo público en función de resultados concretos.

Ese ejercicio permitiría reasignar recursos sin necesidad de aumentar impuestos. Entre las medidas planteadas figuran la tercerización total del dragado del puerto de Montevideo, el cierre de la producción de pórtland de ANCAP mediante un programa de transición laboral para sus trabajadores, la eliminación gradual de beneficios tributarios para vehículos eléctricos particulares, la reformulación del Instituto Nacional de Colonización y una revisión integral del resto del gasto público.

Según las estimaciones de CERES, ese conjunto de medidas permitiría generar ahorros e ingresos adicionales superiores a los US$ 550 millones anuales.

Munyo también extendió sus observaciones al sistema previsional. Criticó varias de las propuestas surgidas del Diálogo Social, especialmente aquellas orientadas a reducir la edad de retiro o a modificar el funcionamiento de las AFAP sin mejorar las jubilaciones. A su juicio, el verdadero margen de mejora pasa por aumentar la eficiencia del sistema, ampliar las posibilidades de inversión de los fondos previsionales y revisar el funcionamiento del Banco de Seguros del Estado en el mercado de rentas vitalicias.

Su advertencia final fue que Uruguay enfrenta una realidad mucho más exigente que la de años atrás. En un contexto internacional donde las inversiones son cada vez más selectivas y los países compiten intensamente por atraer capital y talento, mantener las rigideces actuales implica resignar crecimiento futuro. El desafío, sostuvo, ya no consiste en diagnosticar los problemas. El verdadero reto es construir la voluntad política y la licencia social necesarias para impulsar las reformas estructurales que permitan devolverle competitividad a la economía uruguaya.