Correo de los Viernes - Competitividad: los deberes que Uruguay no puede seguir postergando

Competitividad: los deberes que Uruguay no puede seguir postergando

Viernes 8 de mayo de 2026. Lectura: 4'

En una entrevista con Juan Labraga en «La Diaria», el gobierno traza una agenda incómoda pero ineludible: sin reformas internas —más competencia, mejor regulación y menos trabas— los acuerdos comerciales no sólo pierden eficacia, sino que pueden volverse en contra. El verdadero campo de batalla, advierte, no será tanto político sino fundamentalmente corporativo.

El reportaje a Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizado por Lucía Chu para La Diaria, ofrece una hoja de ruta bastante más concreta —y menos declamativa— de lo que suele dominar el debate público sobre competitividad en Uruguay. Lejos de los lugares comunes, el jerarca introduce una idea incómoda pero central: la competitividad no se negocia afuera, se construye adentro.

1. El límite de los acuerdos comerciales

El primer punto clave es una crítica implícita a una estrategia que Uruguay ha sostenido durante décadas: la expectativa de que los acuerdos comerciales funcionen como atajo al desarrollo. Labraga es explícito: sin reformas internas, los acuerdos no sólo son inútiles, sino potencialmente perjudiciales.

El razonamiento es directo. Abrir mercados sin mejorar la estructura de costos, la eficiencia regulatoria o el clima de competencia implica exponer a los actores locales a una presión competitiva para la que no están preparados. En ese escenario, los acuerdos dejan de ser una oportunidad y pasan a ser un riesgo.

Aquí hay un giro conceptual importante: el comercio internacional deja de ser una política “salvadora” y pasa a ser un instrumento condicionado. Su efectividad depende de la calidad del entorno doméstico.

2. Competencia antes que protección

Un segundo eje fuerte del planteo es la necesidad de aumentar la competencia interna. Labraga apunta a un problema estructural del mercado uruguayo: su tendencia natural a la concentración, amplificada por el tamaño reducido del país.

El ejemplo de los distribuidores exclusivos es revelador. En ausencia de regulación adecuada, es racional que una marca prefiera un único importador. Pero ese esquema, si es reforzado por normas o prácticas regulatorias, termina habilitando posiciones dominantes que impactan directamente en precios.

La solución que propone no es intervencionista en el sentido clásico —no hay control de precios— sino institucional: evitar que la regulación consolide monopolios o cuasi monopolios.

Este matiz es clave. No se trata de sustituir al mercado, sino de diseñar reglas que impidan que el mercado funcione mal.

3. Bajar costos sin fijar precios

En línea con lo anterior, el proyecto de ley de competitividad impulsado por el ministro Gabriel Oddone apunta a reducir el costo de vida desde un enfoque poco habitual en la política local.

El énfasis está puesto en:

simplificación de trámites
reducción de barreras regulatorias
facilitación del comercio y la inversión

La lógica es clara: ¿más competencia? ¿más oferta? mejores precios.

Esto implica un cambio de paradigma relevante. En lugar de atacar los precios directamente (una tentación recurrente en contextos inflacionarios), se busca intervenir sobre sus causas estructurales.

4. Buenas prácticas regulatorias: el núcleo de la reforma

Probablemente el concepto más sofisticado —y a la vez más subestimado— del planteo es el de buenas prácticas regulatorias.

Labraga propone institucionalizar criterios que en muchos países desarrollados son estándar:

justificar públicamente cualquier cambio regulatorio
explicitar objetivos
identificar beneficiarios
transparentar el proceso de decisión

Esto no es un detalle técnico. Es, en los hechos, una reforma del modo en que el Estado regula la economía.

En un país donde la regulación muchas veces surge de equilibrios sectoriales o presiones específicas, introducir estos mecanismos implica:

elevar la calidad del proceso regulatorio
reducir la discrecionalidad
limitar la captura por intereses particulares

En otras palabras, mejorar la competitividad a través de mejores reglas, no de excepciones.

5. La dimensión política: reformas vs. lobbies

Finalmente, Labraga anticipa dónde estará el verdadero conflicto: no tanto entre partidos políticos, sino entre el interés general y los intereses sectoriales.

La frase es reveladora: las tensiones no serán ideológicas, sino corporativas. Cada avance en competencia o simplificación regulatoria tiende, inevitablemente, a afectar rentas existentes.

Por eso, el proyecto se anuncia como “amplio” y “complejo”. No por su diseño técnico, sino por su impacto distributivo.

El planteo de Labraga ordena el debate en torno a una idea central: la competitividad no es un eslogan ni una consecuencia automática de abrirse al mundo, sino el resultado de reformas internas sostenidas y políticamente costosas.

En ese marco, el eventual acuerdo con la Unión Europea —mencionado como referencia de estándares— aparece no como un fin en sí mismo, sino como un disparador de modernización regulatoria.

El desafío, implícito en toda la entrevista, es si Uruguay está dispuesto a hacer esos “deberes internos”. Porque, como sugiere el propio jerarca, el verdadero problema no es saber qué hay que hacer, sino tener la capacidad política de hacerlo.