Correo de los Viernes - Competencia en el puerto: una reforma tan necesaria como postergada

Competencia en el puerto: una reforma tan necesaria como postergada

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 4'

La decisión del gobierno de abrir a la competencia el servicio de lanchas de practicaje corrige una distorsión histórica:| la seguridad no puede seguir siendo la excusa para mantener mercados cautivos que encarecen la operativa portuaria y restan competitividad al Uruguay.

La información publicada por El Observador y firmada por el periodista Maximiliano Montautti pone el foco sobre una de esas anomalías regulatorias que durante años permanecieron invisibles para la opinión pública, pero que tienen consecuencias concretas sobre los costos de operar en Uruguay y, por ende, sobre la competitividad del país.

El proyecto de ley sobre competitividad impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificar el régimen de contratación de las lanchas que trasladan a los prácticos hasta los buques. La innovación parece sencilla: que quien paga el servicio pueda elegir al proveedor, en lugar de que esa decisión quede exclusivamente en manos del propio práctico.

Aunque pueda parecer un cambio menor, en realidad implica cuestionar un sistema de privilegios que lleva décadas funcionando bajo una lógica difícil de justificar desde la perspectiva de la competencia económica.

Durante años se sostuvo que la elección exclusiva de las lanchas por parte de los prácticos respondía a razones de seguridad. Naturalmente, la seguridad en una maniobra de embarque o desembarque nunca puede minimizarse. La integridad física del práctico es un bien jurídico cuya protección resulta indiscutible.

Sin embargo, una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta convertir ese argumento en una barrera permanente contra cualquier forma de competencia.

Ya en 2017, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia advirtió precisamente ese riesgo. Si bien entendió que, en ausencia de pruebas, los argumentos de seguridad eran suficientes para descartar una práctica anticompetitiva, dejó expresamente asentado que no podía descartarse que bajo esas razones de seguridad se ocultaran fines anticompetitivos. Es decir, la propia autoridad especializada reconocía que el fundamento podía convertirse en un refugio para preservar posiciones exclusivas.

El paso del tiempo parece haber confirmado esa preocupación.

No existe razón objetiva para que un mercado permanezca cerrado cuando pueden establecerse requisitos técnicos, certificaciones, auditorías y controles que garanticen exactamente el mismo nivel de seguridad. Lo que corresponde es exigir estándares elevados a todas las embarcaciones habilitadas, no reservar el mercado para determinados operadores mediante un mecanismo de elección exclusiva.

La seguridad y la competencia no son conceptos incompatibles. Por el contrario, los países con sistemas portuarios más eficientes combinan ambas mediante reglas claras, habilitaciones rigurosas y fiscalización permanente. Nadie propone que el práctico suba a cualquier embarcación. Lo que se propone es que pueda existir una oferta de prestadores certificados entre los cuales el contratante tenga libertad para elegir.

La diferencia es enorme.

Cuando quien paga el servicio no puede seleccionar al proveedor, desaparecen los incentivos para competir en precio, eficiencia, innovación o calidad. El resultado inevitable son costos superiores a los que existirían en un mercado abierto.

Y esos sobrecostos no quedan encerrados dentro del puerto.

Cada dólar adicional que paga un buque para operar en Montevideo repercute sobre las decisiones logísticas de las navieras, sobre la competitividad de las exportaciones uruguayas y sobre la capacidad del país para consolidarse como centro regional de distribución. En un negocio internacional donde cada escala se evalúa en función de los costos, mantener estructuras corporativas protegidas termina afectando al conjunto de la economía.

Por eso esta iniciativa trasciende ampliamente el caso concreto de las lanchas de practicaje.

Forma parte de una filosofía más amplia que el gobierno ha comenzado a plasmar en su proyecto de ley sobre competitividad: revisar regulaciones heredadas que, muchas veces bajo objetivos legítimos, terminaron consolidando mercados cautivos, operadores exclusivos y restricciones que ya no encuentran justificación económica.

Uruguay necesita justamente ese ejercicio de revisión permanente.

La competitividad no depende únicamente del tipo de cambio, de la infraestructura o de los acuerdos comerciales. También depende de eliminar privilegios regulatorios que incrementan artificialmente los costos de producir, exportar e invertir.

Cada mercado donde pueda introducirse competencia sin sacrificar la seguridad, la calidad o el interés público representa una oportunidad para mejorar la eficiencia del país.

La discusión sobre las lanchas de practicaje ilustra con claridad ese desafío. La seguridad debe seguir siendo innegociable. Pero no puede seguir utilizándose como argumento automático para impedir la competencia cuando existen mecanismos modernos para garantizar ambas cosas simultáneamente.

Abrir este mercado no significa debilitar los controles. Significa fortalecerlos mediante reglas objetivas y transparentes, sustituyendo privilegios por competencia regulada.

Si el proyecto mantiene este rumbo, Uruguay estará dando una señal importante: la competitividad no se construye únicamente con grandes obras o incentivos fiscales, sino también desmontando pequeñas estructuras de exclusividad que, acumuladas, terminan haciendo más caro operar en el país.

Es una reforma puntual, pero conceptualmente muy relevante. Porque recuerda que, en una economía moderna, la excepción debe ser el monopolio y la regla debe ser la libertad de competir.