Correo de los Viernes - Colombia y una transición estropeada

Colombia y una transición estropeada

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

La suspensión del “empalme” entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, expone hasta qué punto la polarización política ha contaminado incluso los mecanismos institucionales destinados a garantizar una transición ordenada del poder. Aunque el traspaso presidencial se mantiene previsto para el 7 de agosto, la ruptura del diálogo entre ambas administraciones convierte un procedimiento técnico en un nuevo escenario de confrontación, con costos que trascienden a sus protagonistas y afectan la credibilidad del Estado colombiano.

La transición presidencial debería ser uno de los momentos de mayor estabilidad institucional de una democracia. Es el período en que el gobierno saliente entrega información, explica el estado de la administración y facilita que quien asumirá el poder pueda comenzar su mandato sin sobresaltos. En Colombia, sin embargo, ese proceso ha terminado convertido en una extensión de la campaña electoral y en una confrontación política que amenaza con erosionar la confianza en las instituciones.

La suspensión del “empalme” (como le llaman a la transición en Colombia) entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobierno de Gustavo Petro constituye un hecho extraordinario. No porque existan diferencias entre ambos —algo esperable tras una elección profundamente polarizada— sino porque esas discrepancias terminaron afectando un procedimiento técnico cuyo objetivo es garantizar la continuidad del Estado, no la convivencia política entre sus protagonistas.

El origen de la ruptura

Las tensiones comenzaron prácticamente al conocerse el resultado electoral. Petro cuestionó públicamente la legitimidad de la elección, habló de presuntas irregularidades y demoró durante varios días un reconocimiento político claro de la victoria de De la Espriella, aunque posteriormente confirmó que entregará el mando el próximo 7 de agosto conforme al mandato constitucional.

Del otro lado, el presidente electo interpretó esas declaraciones como un intento deliberado de desconocer su legitimidad y decidió retirar a su equipo de las reuniones de “empalme”. La decisión fue presentada además como parte de una estrategia para realizar una amplia auditoría sobre la gestión saliente y no simplemente una recepción administrativa de información.

En ese punto, el “empalme” dejó de ser un mecanismo administrativo para transformarse en un escenario de confrontación política.

Dos relatos incompatibles

Lo que hoy ocurre en Colombia refleja la existencia de dos narrativas completamente enfrentadas.

Para el gobierno entrante, el proceso ya no ofrece garantías suficientes mientras el presidente saliente continúe cuestionando la legitimidad electoral. Bajo esa lógica, sentarse en la misma mesa equivaldría a validar un discurso que considera desestabilizador.

Para el gobierno de Petro, en cambio, la administración tiene la obligación constitucional de entregar toda la información disponible, independientemente de que el presidente electo participe o no de las reuniones. Por ello decidió continuar elaborando informes, publicar documentación y buscar el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Paradójicamente, ambos sostienen que el “empalme” continúa, aunque ya no exista un “empalme” propiamente dicho.

Una institucionalidad sometida a la polarización

El problema trasciende el intercambio de acusaciones.

Las democracias consolidadas funcionan porque existen espacios donde la política deja paso a la administración. El “empalme” pertenece precisamente a esa categoría: no busca determinar responsabilidades penales ni establecer juicios históricos, sino asegurar que hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, programas sociales, finanzas públicas y contratos estatales sigan funcionando al día siguiente del cambio de gobierno.

Cuando ese procedimiento queda absorbido por la lógica del enfrentamiento político, toda la institucionalidad pierde previsibilidad.

En ese sentido, resulta significativo que la controversia ya no gire sobre la entrega efectiva de información —que ambas partes aseguran continuará por distintos canales— sino sobre la legitimidad política de quien la recibe y de quien la entrega.

La paradoja colombiana

Existe además una paradoja difícil de ignorar.

Petro finalmente confirmó que respetará el resultado electoral y entregará el poder dentro de los plazos constitucionales. Simultáneamente, De la Espriella mantiene suspendida la participación política de su equipo en las reuniones de “empalme” mientras desarrolla un proceso paralelo de auditoría y preparación gubernamental.

Es decir, ninguno de los dos parece dispuesto a impedir materialmente la transición institucional. Lo que ambos disputan es el control del relato político sobre esa transición.

El presidente saliente procura defender el legado de su administración y evitar que el “empalme” sea utilizado como plataforma de denuncias anticipadas.

El presidente electo intenta dejar claro desde el primer día que no asumirá como continuador de la gestión anterior sino como su fiscal político.

Una advertencia para la democracia

Las transiciones democráticas no requieren afinidad entre gobiernos; requieren reglas aceptadas por todos.

Colombia probablemente logrará concretar el traspaso presidencial dentro de los plazos previstos. Todo indica que la administración pública seguirá funcionando y que la información terminará siendo entregada por distintas vías.

Sin embargo, el daño institucional ya está hecho.

El “empalme” debía transmitir tranquilidad a los mercados, seguridad a los funcionarios, previsibilidad a los ciudadanos y confianza a la comunidad internacional. En cambio, terminó convirtiéndose en otro episodio de una polarización que parece incapaz de reconocer siquiera un breve espacio de neutralidad administrativa.

Cuando incluso el mecanismo destinado a asegurar la continuidad del Estado se convierte en un campo de batalla política, la transición deja de ser un puente entre dos gobiernos para transformarse en la primera crisis del siguiente.