Cisjordania: el corazón del conflicto palestino-israelí
Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 6'
Por Eduardo Zalovich
El autor analiza la compleja realidad de Cisjordania, donde Israel enfrenta tanto el terrorismo palestino como la violencia de extremistas judíos, y sostiene que cualquier solución deberá conciliar la seguridad israelí con los derechos políticos palestinos.
Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania) constituyen la principal zona en disputa entre israelíes y árabes palestinos. Su superficie total es de 5.640 km², menor que el departamento de Colonia. Allí Israel enfrenta dos problemas distintos: el terrorismo palestino y la violencia de grupos extremistas judíos. No son fenómenos equivalentes, pero ambos pueden desestabilizar un territorio a pocos kilómetros de Jerusalén y Tel Aviv. La prioridad es impedir que la zona se convierta en otra Gaza, donde Hamás expulsó en 2007 a la Autoridad Palestina (AP) a sangre y fuego.
La geografía explica la preocupación. Las montañas de Judea y Samaria dominan la llanura mediterránea, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica israelí. Una organización terrorista allí podría amenazar directamente el centro del país. Después del 7 de octubre, Israel considera que no puede permitir que grupos armados alcancen esa capacidad. Por eso, el Ejército y el Shin Bet mantienen operaciones contra Hamás, Yihad Islámica y otras células. Jenín, Nablus y Tulkarem están entre los principales focos. Detenciones, inteligencia, confiscación de armas y operaciones contra células buscan impedir que construyan una estructura similar a la que Hamás desarrolló en Gaza.



La dimensión demográfica también es importante. En Cisjordania viven alrededor de 3 millones de palestinos, concentrados principalmente en Hebrón, Nablus, Jenín, Tulkarem, Ramala, Belén y Jericó, además de numerosas aldeas.
La población israelí judía se concentra sobre todo en el Área C, en ciudades y bloques de poblados como Ariel, Maale Adumim, Modiin Illit y Gush Etzion. La cifra actual supera el medio millón.
Jerusalén, pieza clave
Jerusalén oriental debe contabilizarse aparte. Allí viven aproximadamente 370.000 árabes y 220.000 judíos. Para las estadísticas palestinas, los árabes de Jerusalén forman parte de Cisjordania; para las israelíes, Jerusalén se contabiliza dentro de Israel. Por eso, cuando hablamos de tres millones de palestinos en Judea y Samaria, no estamos sumando a los de Jerusalén. Israel tiene su capital en la ciudad sagrada, y los palestinos reclaman la zona oriental como su capital. Una solución no aceptada oficialmente, pero considerada desde hace tiempo por Israel, es mantener los barrios judíos y la Ciudad Vieja amurallada —donde se encuentran el Muro Occidental, la Iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa— y entregar los barrios árabes orientales.
Para entender el territorio hay que remontarse a los Acuerdos de Oslo. Cisjordania quedó dividida en tres áreas. El esquema debía ser transitorio, pero continúa vigente. El Área A, cerca del 18%, incluye las principales ciudades palestinas. La AP ejerce allí competencias civiles y de seguridad, aunque Israel entra cuando existe una amenaza terrorista. El Área B, alrededor del 22%, combina administración civil palestina con responsabilidad israelí en seguridad. El Área C, aproximadamente el 60%, está bajo control civil y militar israelí. Allí se encuentran la mayoría de los asentamientos, importantes carreteras y zonas estratégicas para la defensa (ver mapas).
El modelo debía conducir a un acuerdo definitivo que nunca llegó. Hamás tomó Gaza en 2007, las negociaciones quedaron paralizadas y la AP perdió fuerza y legitimidad. El mapa de Oslo sobrevivió al proceso político que debía reemplazarlo. En este contexto apareció también el plan de paz de Donald Trump de 2020, acompañado por un nuevo mapa territorial. La propuesta contemplaba un Estado palestino en aproximadamente el 70% de Cisjordania, además de Gaza, mientras Israel conservaría los grandes bloques de asentamientos y el control del valle del Jordán. El mapa reflejaba una cuestión central para Israel: la solución territorial preservaba su seguridad. El plan contemplaba también la aspiración palestina de un Estado independiente o confederado con Jordania.
Si bien Abu Mazen rechazó la propuesta —como habían sido rechazados planes anteriores en 2001 y 2008—, esta sigue siendo una referencia importante, porque mostró hasta dónde podía llegar Washington en materia de concesiones territoriales a Israel y, al mismo tiempo, qué condiciones consideraba necesarias para la creación de una entidad palestina. También dejó claro que la geografía y la seguridad israelíes seguirían siendo factores centrales en cualquier futuro acuerdo.
El desafío de la violencia
Mientras Israel combate a las organizaciones terroristas, surgió otro problema: la violencia de extremistas judíos contra palestinos. El episodio de Qusra, al sur de Nablus, lo puso en primer plano. Colonos israelíes instalaron una tienda frente a viviendas palestinas y, según los testimonios, hubo cortes de agua y electricidad. El comandante militar israelí de Judea y Samaria, general Avi Bluth, intervino y ordenó actuar contra los responsables. Soldados israelíes ocuparon temporalmente varias viviendas y algunas familias palestinas tuvieron que abandonarlas. El Ejército afirmó que sus órdenes eran proteger a los residentes y que no serían desplazados. La actuación, sin embargo, generó críticas. Washington reaccionó con dureza. El embajador estadounidense Mike Huckabee —hombre de peso y gran defensor de Israel— calificó de “terroristas” a los responsables. Estados Unidos está transmitiendo un mensaje claro: la seguridad de Israel también exige que haga cumplir su propia ley.
Los ataques de extremistas judíos pueden ser utilizados por Hamás y otros grupos para reclutar terroristas, justificar atentados y aumentar la tensión. Frenar esa violencia protege también a Israel. La reapertura de Ganim, antiguo asentamiento israelí desmantelado en 2005 cerca de Jenín, añadió una complicación política. Para la derecha, recuperar presencia en esos lugares responde a razones históricas, religiosas y nacionales. Para los responsables de seguridad, deben medirse las consecuencias de cualquier cambio sobre la estabilidad y la lucha contra el terrorismo.
Israel enfrenta, pues, una doble necesidad. Debe conservar libertad de acción para impedir que Judea y Samaria se conviertan en una plataforma terrorista, y también impedir que ciudadanos israelíes actúen al margen de la ley. No hay contradicción entre ambas políticas. El Estado que protege a sus ciudadanos del terrorismo debe garantizar que nadie utilice esa lucha para atacar a civiles del bando árabe.
Solución política para ambos pueblos
Cisjordania no es Gaza. La razón central es la presencia militar y de inteligencia israelí y su capacidad para actuar contra las células terroristas evitando que formen una estructura organizada. Después del 7 de octubre, Israel considera que perder esa capacidad supondría un riesgo inaceptable. Pero la seguridad no depende solo de soldados. Si aumenta la violencia entre palestinos y judíos, pueden aumentar los atentados y las represalias. Israel necesita mantener su capacidad de prevención y, al mismo tiempo, impedir que los grupos radicales dicten la dinámica del territorio. El objetivo actual es mantener la calma y proteger el centro del país. El total de ciudadanos israelíes asciende a 10,5 millones: el 74% son judíos; el 18%, musulmanes; el 2%, cristianos; y otro 2%, drusos.
Cisjordania sigue sin una solución política definitiva. La mayoría árabe vive en las ciudades autónomas, mientras la población hebrea se concentra en el Área C. La meta lógica para la zona es conciliar la seguridad israelí con los derechos políticos palestinos. Si la tranquilidad se afianza, será inevitable acordar fronteras con una entidad árabe —un Estado o una confederación—, porque Israel no quiere gobernar tres millones de personas a quienes no puede otorgar la ciudadanía.
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