Edición Nº 1093 - Viernes 14 de agosto de 2026

Cipriani posterga el San Rafael: un duro golpe para Punta del Este

Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 7'

La apertura del hotel-casino prevista para la próxima temporada fue trasladada a 2027-2028. Detrás de la decisión aparecen atrasos acumulados y una fuerte conflictividad laboral que terminó por hacer inviable el cronograma. El impacto alcanza al empleo, la actividad turística, la inversión y, sobre todo, a la imagen de Uruguay como destino confiable para emprendimientos de gran porte.

La confirmación cayó como un balde de agua fría sobre Punta del Este. El Grupo Cipriani anunció que el nuevo Hotel San Rafael y su casino no podrán abrir durante la temporada 2026-2027 y que el objetivo pasa ahora a ser el verano siguiente. No se trata de cualquier emprendimiento: es una de las mayores inversiones privadas actualmente en ejecución en Uruguay y una pieza llamada a modificar sustancialmente la oferta turística de alta gama del principal balneario del país.

El propio grupo reconoce que la postergación obliga a reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y otros compromisos asumidos. También señala que mientras el establecimiento no comience a funcionar continuará soportando costos de enorme magnitud sin generar los ingresos previstos. Según Cipriani, ya se invirtieron alrededor de US$ 250 millones en el hotel y casino y otros US$ 45 millones entre adquisición, refacción e instalación de la academia de capacitación.

De un cronograma ambicioso a una temporada perdida

Todavía en junio de 2025 Giuseppe Cipriani anunciaba públicamente que la apertura podía concretarse en octubre de 2026. Ya en 2026 el cronograma se había desplazado hacia diciembre, pero se mantenía la expectativa de que Punta del Este estrenara el complejo durante la próxima temporada.

Eso ya no ocurrirá.

La explicación oficial del Grupo Cipriani habla de una acumulación de factores: la pandemia, procesos de aprobación, la extraordinaria complejidad técnica de la obra y otros retrasos sufridos a lo largo del proyecto. Pero la crisis que terminó precipitando la revisión del calendario se produjo durante los últimos meses y estuvo estrechamente asociada a la conflictividad en la industria de la construcción.

La empresa constructora CRIBA sostuvo que las reiteradas interrupciones y movilizaciones del SUNCA hicieron particularmente difícil continuar con las tareas de hormigonado, un proceso que, por razones técnicas, requiere continuidad y previsibilidad. En julio dispuso el envío al seguro de desempleo de 120 trabajadores afectados a esas tareas; posteriormente se anunció una segunda tanda, llevando la cifra vinculada al conflicto a unos 240 trabajadores.

El conflicto ocurrió en el marco de la negociación del convenio colectivo de la construcción, cuyo punto más controvertido fue la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial. La negociación finalmente desembocó en un preacuerdo sectorial, pero para el proyecto Cipriani el daño sobre el calendario ya estaba hecho.

El SUNCA rechaza cargar con toda la responsabilidad

Sería incorrecto, sin embargo, afirmar que existe consenso acerca de que el sindicato sea el único responsable del atraso.

El SUNCA Maldonado sostiene que la obra ya acumulaba entre dos y tres meses de demora antes de la intensificación del conflicto sindical y recuerda que habían existido ceses de trabajadores en noviembre de 2025 y marzo de 2026. Desde el sindicato se rechaza, por tanto, establecer una relación causal exclusiva entre las movilizaciones y la postergación.

El propio comunicado de Cipriani es más amplio: habla de “demoras acumuladas” durante distintas etapas del proyecto y afirma que durante las últimas semanas se mantuvieron conversaciones con autoridades nacionales y departamentales, el SUNCA y otros actores intentando recuperar el cronograma, sin que fuera posible encontrar una solución que permitiera llegar a tiempo.

La conflictividad laboral aparece así menos como la explicación de toda la historia del atraso que como el factor que terminó de tornar imposible un calendario que ya funcionaba con márgenes extremadamente estrechos.

El primer golpe es el empleo

La dimensión laboral resulta particularmente paradójica.

El emprendimiento fue presentado desde sus orígenes como un formidable generador de empleo. El Grupo Cipriani calcula que hotel, casino y restaurantes necesitarán más de 1.000 trabajadores cuando el complejo esté plenamente operativo. Paralelamente, más de 300 jóvenes vienen capacitándose para tareas de hotelería y gastronomía, algunos con especialistas llegados del exterior.

La postergación significa que buena parte de esos puestos que se esperaba crear en pocos meses deberán esperar aproximadamente un año.

La empresa anunció que estudia alternativas para ocupar temporalmente a quienes ya se encuentran en formación y que intentará preservar los puestos necesarios dentro de la construcción. Pero la realidad es inocultable: una inversión concebida para crear centenares de trabajos terminó enviando trabajadores al seguro de desempleo y postergando la incorporación de muchos otros.

El segundo golpe es Punta del Este

El perjuicio excede largamente al Grupo Cipriani.

El nuevo San Rafael no fue concebido simplemente como otro hotel cinco estrellas. Su apuesta consiste en atraer un segmento internacional de extraordinario poder adquisitivo y contribuir a transformar a Punta del Este en un destino menos dependiente de los dos meses centrales del verano.

El proyecto contempla hotel, casino, centro de convenciones, restaurantes, spa, beach club, locales comerciales y residencias de lujo. La propia concepción oficial de la iniciativa vincula expresamente la licencia del casino privado con todo ese complejo turístico y residencial.

Eso significa viajeros, vuelos privados, restaurantes, inmobiliarias, proveedores, transporte, comercio, eventos, servicios profesionales y actividad durante meses tradicionalmente considerados de temporada baja.

Perder una temporada de funcionamiento no supone solamente las habitaciones que Cipriani dejará de vender. Significa toda una cadena de consumo y actividad económica que Punta del Este esperaba incorporar durante el verano 2026-2027 y que simplemente no existirá.

El tercer golpe es la inversión

Aquí aparece probablemente la dimensión más delicada.

En 2020 el gobierno presentó el emprendimiento como una inversión emblemática y destacó precisamente el papel de las grandes inversiones privadas como motor del crecimiento y del empleo. Entonces se hablaba de un proyecto cercano a los US$ 450 millones.

Una inversión de esta magnitud no es evaluada únicamente por sus propietarios. También es observada por otros inversores.

Por eso resulta relevante la advertencia formulada durante el conflicto por la Cámara Empresarial de Maldonado: los paros, ocupaciones e interrupciones generan atrasos y sobrecostos y pueden terminar provocando la paralización de inversiones y pérdida de puestos de trabajo. La gremial reconoció expresamente el derecho a la negociación colectiva, pero reclamó que este se ejerza con responsabilidad y previsibilidad.

Ese es probablemente el problema de fondo.

Uruguay construyó durante décadas buena parte de su atractivo sobre atributos difíciles de conseguir en América Latina: estabilidad institucional, reglas relativamente previsibles, seguridad jurídica y moderación en las relaciones económicas y sociales.

Cada vez que una inversión de centenares de millones de dólares debe alterar radicalmente su cronograma porque no logra asegurar continuidad operativa, esa reputación recibe un golpe.

No importa solamente quién tenga razón en cada conflicto concreto. Para un inversor situado a miles de kilómetros, la pregunta será mucho más sencilla: ¿puedo calcular razonablemente cuándo terminaré una obra en Uruguay y cuánto terminará costándome?

Cuando la respuesta comienza a ser incierta, otros países empiezan a resultar más atractivos.

Una advertencia que Uruguay no debería minimizar

El San Rafael probablemente abrirá. Cipriani reafirmó expresamente su compromiso con Uruguay y calificó la inauguración durante la temporada 2027-2028 como “impostergable”. No hay hasta ahora indicios de abandono del emprendimiento.

Pero precisamente por eso conviene comprender la magnitud de lo ocurrido.

Uruguay no perdió una inversión de US$ 300, US$ 400 o US$ 500 millones. Pero estuvo en condiciones de comprobar cuánto puede costar demorarla.

Perdió una temporada de funcionamiento de un hotel internacional de alta gama. Perdió reservas. Perdió espectáculos y eventos. Postergó centenares de puestos de trabajo. Obligó a trabajadores de la construcción a recurrir al seguro de desempleo. Demoró actividad para proveedores y comercios. Frustró expectativas generadas durante años en Maldonado y, además, introdujo una señal de incertidumbre en un área especialmente sensible: la capacidad del país para recibir y ejecutar grandes inversiones privadas.

El derecho de los trabajadores a negociar salarios y condiciones laborales es indiscutible. También debería serlo que las formas de esa negociación no pueden terminar destruyendo una parte de aquello que se pretende distribuir.

Una inversión sólo genera salarios, impuestos, consumo y empleo cuando efectivamente funciona.

El episodio Cipriani debería servir, por eso, como algo más que otra disputa entre empresarios y sindicato. Es una advertencia acerca de la fragilidad de un activo que Uruguay suele dar por descontado: la confianza.

Porque los cientos de millones ya invertidos mantienen al San Rafael en Punta del Este.

La próxima inversión todavía puede elegir dónde hacerse...



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